El gran fracaso global en la regulación del flujo migratorio. Prevalecen los enfoques unilaterales. ¿Cuánto silencio puede soportar México ante las oleadas de migrantes varados en sus fronteras norte y sur? Desde hace décadas, miles y miles procedentes de muchos países han arribado cada día, cada semana. Mientras atraviesan el territorio nacional y esperan la oportunidad para cruzar a Estados Unidos generan serios problemas a las autoridades locales.
Chicago, Illinois.- Atrapado entre el viejo problema de los indocumentados, México sigue viendo como se le complica la situación en medio de enfoques unilaterales. Por un lado exige respeto para sus migrantes en Estados Unidos y por otro le exigen darlo a los extranjeros que llegan sin papeles en tránsito hacia el norte.
Por lo menos el gobierno mexicano se ha visto limitado a reaccionar abiertamente con medidas como la deportación, y si las aplica ha sido bajo presión de Estados Unidos.
La situación, sin embargo, no puede seguir tal cual, ante las medidas más restrictivas que impulsa Donald Trump. No obstante, las autoridades de México deben responder con celeridad, claridad y transparencia para evitar que el problema siga complicándose.
Recientes noticias han dado cuenta de que ante el impedimento para obtener asilo bajo el manto de Trump, miles de haitianos han comenzado a establecerse en la frontera mexicana, donde incluso han ocurriendo nacimientos de bebés que por tal hecho y de acuerdo con las leyes, ya tienen los mismos derechos que todo nativo.
En su frontera sur, México enfrenta otro desafío. Cientos de cubanos que buscaban atravesar el país en dirección a Miami quedaron en manos de autoridades migratorias. Ante la inminencia de su deportación un grupo decidió interponer un amparo judicial.
La situación está exhibiendo las limitaciones del marco jurídico internacional. No solo en esta región, sino en otras partes del mundo y hoy como nunca se siente la ausencia de la ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo intergubernamental, surgió en 1951 para aportar soluciones y vigilar el trato digno a los migrantes, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Con un presupuesto de 800 millones de dólares en 2016, con oficinas en 151 países y cerca de seis mil funcionarios, poco ha podido hacer la OIM, que no sean estudios y estadísticas. De acuerdo con ese organismo en 2013, la cifra global de migrantes fue de 232 millones.
El Banco Mundial reportó en un estudio que en 2015 hubo 250 millones, “la cifra histórica más alta de migrantes”. Las remesas resultantes de este volumen de migrantes superaron en ese año los 600 mil millones de dólares. Solo México apuntó casi 25 mil millones.
Por lo visto, se puede hablar de un gran fracaso internacional en la regulación del flujo migratorio, sea por desplazamiento forzado debido a las guerras o a desastres naturales o simplemente por la creencia de que se puede progresar más rápido en otras naciones.
Cada parte afectada enfoca el problema desde su conveniencia. El gobierno mexicano enfrenta la disyuntiva de aplicar en su territorio la medida que condena en Estados Unidos o “dejar hacer, dejar pasar” y seguir guardando silencio viendo cómo crece el problema con sus altos impactos en todo el país.
Enfoques unilaterales
Ante lo complicado del fenómeno migratorio indocumentado, lo que ha prevalecido son los enfoques unilaterales. Los gobiernos expulsores de migrantes reclaman respeto a sus derechos humanos. A la par de estos se mueven los activistas, algunos de buena voluntad y otros que sólo juegan intereses político-electoreros.
Los gobiernos de Estados Unidos y los activistas en contra de la inmigración desregulada, sindicatos y otros, con insistencia histórica han exigido limitar la entrada a su territorio, por motivos laborales, de seguridad o por simple xenofobia.
Al contrario, los activistas defensores de los indocumentados y los beneficiarios de la presencia de estos -contratistas y empresas de la mayoría de los estados de la Unión Americana- han dado facilidades o demandan que se les concedan a través de una improbable reforma migratoria a su gusto.
Hoy lo que se vive en Norteamérica es un problema agigantado que se dejó crecer irresponsablemente de una y otra parte.
Los desplazados por conflictos bélicos o catástrofes naturales, como hambrunas, entran en otra categoría, pero aun así exhiben las limitaciones del marco jurídico internacional, donde los simples principios humanitarios de solidaridad ya no explican la situación ni contribuyen a resolverla.
Lo que vemos, como resultado de semejante falla geopolítica global, es la explosión del fenómeno –para el caso de México y Centroamérica ante Estados Unidos- y la incapacidad de las partes para llegar a ciertos acuerdos multilaterales.
Mientras se les prende la luz a los gobernantes, activistas y académicos, cientos de miles hoy padecen angustia y sufrimiento ante la inminencia de la deportación y en muchos casos maltrato y desintegración de las familias.
El gran mercado del tráfico humano
Ante este prevaleciente desorden migratorio, los que han salido ganando y seguirán son los traficantes de personas, las autoridades corruptas, los activistas convenencieros y los intereses político electoreros de unos y otros membretes partidistas.
Importantes fondos y donativos de institucionales o particulares se mueven detrás de este problema, sin transparencia ni rendición de cuentas y en cierta forma alientan la persistencia del estado de cosas.
Son 11.5 millones de indocumentados, solo en Estados Unidos, la mayoría de origen mexicano. Un gran negocio de los traficantes de personas. Solo para el caso de México, Centroamérica y Estados Unidos, las cifras que hoy se mueven en promedio van de cinco a siete mil dólares o más de 10 mil como cobro que establecen los traficantes por pasar a los interesados a territorio estadunidense.
Se ha ubicado al tráfico de personas como una de las actividades ilícitas más redituables, comparada con el narcotráfico, piratería y contrabando de productos comerciales. La oficina de las Naciones Unidas para el Combate al Crimen y a las Drogas ha calculado las ganancias de los traficantes de indocumentados en 6,750 millones de dólares, solo en las rutas de Sudamérica hacia Norteamérica y de África hacia Europa, “pero puede ser una cifra mucho mayor a nivel global”.
Las conocidas escenas del famoso ferrocarril, apodado La Bestia, repleto de indocumentados atravesando territorio mexicano con dirección al norte, que son auxiliados en su paso por agrupaciones de personas aparentemente movidas solo por filantropía son importantes fuentes de preguntas, respecto de la procedencia de los recursos e intenciones, que ninguna autoridad responde.
Igualmente, las conocidas noticias de grupos de inmigrantes capturados por las mafias para ser extorsionados o empleados en actividades criminales y luego desaparecidos que concluyen sus días en fosas clandestinas, es otro de los capítulos del mismo problema que alientan la continuación del estado de cosas sin la mínima consideración moral ni legal de todo el sufrimiento humano que conlleva.
Los 75 cadáveres encontrados en la fosa de San Fernando, Tamaulipas, México, correspondientes a personas en su mayoría de origen centroamericano, según autoridades, hablan de la gravedad del problema, pero desde su hallazgo en 2010, nada ha cambiado, y más fosas fueron descubiertas.
En paralelo al problema se han hecho recurrentes las peregrinaciones de familiares de desaparecidos recorriendo territorio mexicano en reclamo de soluciones que las autoridades han sido incapaces de dar y que no darán sin la colaboración de los organismos internacionales, hoy rebasados totalmente por la magnitud del fenómeno.
La reforma migratoria inevitable
El muro de Trump, y su estimado costo de alrededor de 20 mil millones de dólares, es tan malo como dejar que la situación siga como ha ido, en donde los únicos ganadores son los beneficiarios aludidos.
Todo este sufrimiento humano puede llegar a su fin con un acuerdo migratorio centrado en los permisos de trabajo, que es el atractivo principal de la gran mayoría de inmigrantes. Se daría un golpe demoledor al negocio de los traficantes y a la utilidad pública de los usufructuarios de esa condición humana.
La gente más visionaria de los Estados Unidos puede encontrar una salida conveniente para ellos en los permisos de trabajo. Sus industrias y sectores productivos requieren la mano joven y dispuesta que pueden aportar las naciones vecinas. Con estos podrían mantener su productividad y competitividad, incluso incrementarlas, sin los riesgos de inseguridad que conlleva la migración desregulada.
Señor Trump, señor Peña Nieto: es hora de sentarse a la mesa y aprovechar toda la enseñanza histórica sobre el tema, y canalizar todo ese recurso humano con inteligencia y creatividad. Todo esto aterrizado en un plan maestro de permisos de empleo, renovable semestral o anualmente por ramas productivas donde se requiere la mano y mente de los inmigrantes.
Solo se requiere voluntad política y ganas de acabar con este gran mercado negro de oferta y demanda fuera de la ley, que va acompañado de altos riesgos e incertidumbre nada conveniente para las autoridades ni para los indocumentados, al tiempo que se daría un poderoso golpe contra la criminalidad.
Llegar a tal acuerdo, como negociación paralela o parte del TLC-NAFTA, ahora que se abrió la eventualidad de replantearlo, aparte de solucionarle problemas económicos y de seguridad a los Estados Unidos, y de apoyar las economías de los países expulsores de migrantes, sentaría una base para que a nivel global se aterrizara un gran convenio migratorio laboral donde dicten las reglas las fuerzas de la oferta y la demanda y no los intereses de mafias ni el oportunismo político.
*Periodista mexicano, residente en Chicago, Il. Estados Unidos
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