Las fortunas de los capos del narcotráfico y de funcionarios corruptos suman miles de millones de dólares, sólo en los últimos años, y autoridades de Estados Unidos hacen todo por quedárselas. Por eso el interés que tiene en lograr las extradiciones, mientras las autoridades de México en ciertos casos facilitan los procesos con asombrosa rapidez y luego se quedan mirando.
Chicago, Illinois. - Los gobiernos de Estados Unidos y México deben amplias explicaciones sobre el destino de las narco-fortunas y de las procedentes de lavado de dinero o peculado cometido por políticos y funcionarios mexicanos que están encarcelados o son procesados en cortes estadounidenses, además de los que son investigados o los que están prófugos.
Son numerosos los capos del narcotráfico y ex funcionarios de gobierno que fueron extraditados y purgan condena o son procesados en cortes de Estados Unidos y poco se sabe sobre sus supuestas enormes fortunas. Alguien está mintiendo o se está pasando de vivo. Existe un convenio bilateral de 1985 en el que habían pactado repartirse entre ambos países lo decomisado a los narcotraficantes. Sin embargo, no hay rendición de cuentas y son cifras increíbles. ¿Verdad o mentira?
Ahora que atraparon al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte y al de Tamaulipas, Tomas Yarrington, ya se preparan con todo a ver quién se quedan con la mayor parte y eso incluye a los familiares y despachos de abogados de los propios acusados. Las batallas pueden durar años y no son pocos los casos en que los astutos abogados recuperan propiedades para los malvivientes.
Por lo pronto ya difundieron datos sobre las numerosas propiedades que adquirieron en Estados Unidos, México y otros países, más las que se acumulen.
Sobre lo mismo, otros recientes casos demuestran que no se trata de hechos aislados, sino de una actividad regular, que reporta jugosos ingresos principalmente a Estados Unidos. Un reporte de Univisión de hace unos meses dio a conocer que la suma decomisada a narcos sumó casi nueve mil millones de dólares en 2014 y fue repartida entre las agencias que combaten el delito en ese país.
Por eso tanto interés en las extradiciones. Recientemente fue capturado por autoridades de Los Ángeles, California, el entonces fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia, por relaciones con los carteles de la droga, y ya suelta la lengua en Estados Unidos. Otro importante capo del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, acaba de ganar un amparo contra su extradición… Por el momento.
Pero el más notorio caso sin duda es el de Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo. Durante meses sus abogados pelearon en tribunales y reunían elementos para ganar, pero súbitamente el famoso capo fue entregado a los gringos, dejando la impresión de que fue un acuerdo extrajudicial.
La de El Chapo, entre las grandes fortunas
Se manejan cifras descabelladas sobre los bienes que le piensan decomisar a El Chapo, de muchos miles de millones de dólares que dicen posee en efectivo en casas de seguridad y en cuentas bancarias en varios países y refugios fiscales, además de lujosas y exclusivas propiedades. Igual que con otros capos, aparte de las cuentas bancarias, la larga lista incluye mansiones, avionetas, yates, autos de colección, ranchos con zoológico incluido, lotes de joyas de oro o piedras preciosas.
No es poco para guardar silencio ante a la buena voluntad de las autoridades. Previo a la entrega de El Chapo a la Corte de Nueva York, autoridades declararon que estaban de por medio 20 mil millones de dólares que logró acumular el líder del cártel de Sinaloa.
No es el único caso de una mega fortuna adjudicada a un capo del narcotráfico. Del famoso Amado Carrillo, conocido como El Señor de los cielos, en diversos reportes de prensa se llegó a mencionar que su riqueza superaba los 25 mil millones de dólares. Fue extraditado y purgó sentencia en Estados Unidos y del reparto de aquella supuesta fortuna poco se dijo. Ante el caso de otro capo recién capturado y extraditado, autoridades ministeriales estimaron el botín en 10 mil millones de dólares.
De ser veraz la información sobre las mega fortunas de los capos, el asunto cobra enorme relevancia porque involucra a instituciones y leyes de varios países, a numerosas autoridades y cómplices, a los congresos legislativos y agencias de investigación judicial.
Mientras en México los líderes legislativos y partidistas hacen como que no ven ni oyen los reclamos por transparentar el tema, los acusados y sus representantes legales que han logrado distraer a los persecutores judiciales caminan con toda tranquilidad en las más relumbrantes avenidas o comen en los más exclusivos restaurantes muy quitados de la pena.
Si los facultados para el efecto lograran pelear ante las autoridades estadounidenses la parte que le corresponde a México, o juzgar a los criminales en el propio territorio, podrían ingresar o recuperarse para el erario nacional miles de millones de dólares. ¿No? ¿Cuántas escuelas o clínicas podrían construirse o rehabilitarse con tan elevados recursos? ¡Cientos o miles!
¿Qué responden ante estos señalamientos los titulares de los congresos legislativos, los jefes y demás autoridades que debieran atender estas inquietudes ciudadanas?
Silencio total. A veces alguna declaración emitida bajo presión, para salir del momento. Pero vayamos por partes.
Mitos y realidades millonarias
Cabe subrayar que la reciente extradición de El Chapo Guzmán es el caso más emblemático sobre la opacidad y la manipulación de datos que giran en torno a las fortunas de los grandes capos del narcotráfico, y es pertinente poner el asunto en contexto.
A El Chapo la revista Forbes, especializada en medir las fortunas de los más ricos del planeta, desde el año 2009 lo incluyó en su polémica lista y le adjudicaba una fortuna de al menos unos mil millones de dólares. Durante al menos cuatro años lo sostuvo, pero dejó de incluirlo por la incertidumbre de sus datos.
A diferencia de las fortunas “legales” que ordinariamente constituyen esa lista y que se pueden calcular con mayor fiabilidad por tratarse de datos fiscales o fiscalizables, las mega fortunas de los criminales y funcionarios corruptos son más difíciles de medir por obvias razones.
En las semanas previas a la extradición de El Chapo autoridades de Estados Unidos reiteraron que iban a decomisarle 21 mil millones de dólares. Tan elevada cifra, suena irresponsable de parte de quienes las mencionan. Y si fuera cierta, sin ser precisa por lo dicho, lo que se reclama es transparencia, simple y llanamente.
Por cierto, circula una hipótesis sosteniendo que a pesar de que El Chapo era sólidamente reclamado por una corte de Chicago, donde los tentáculos del líder del cartel de Sinaloa establecieron su base de operaciones para el Medio Oeste americano, autoridades acordaron entregarlo a la corte de Nueva York porque justamente ahí habían logrado elaborar la radiografía más completa sobre las propiedades y operaciones financieras del capo, con todas sus ramificaciones. Eso es lo que argumentaron para llevárselo, y al parecer convencieron a su contraparte mexicana... Seguimos sin explicaciones.
Tan altas cifras llevaron también al presidente Donald Trump a considerar que su pretendido muro fronterizo podría ser financiado con los recursos decomisados a los capos del narcotráfico extraditados.
Opacidad y fallas de vigilancia
Cierto o no —es entendible que se desconozcan datos precisos por tratarse justamente de dinero mal habido y del submundo delincuencial— definitivamente parecen cifras demasiado infladas. ¿Y si fuera lo contrario? Entonces estaríamos hablando de casos de extrema gravedad.
De tal modo quedarían exhibidas la fragilidad de leyes y autoridades de la materia, fiscales, bancarias y de valores, puesto que tales entidades en la mayoría de casos obligan a los inversionistas o apoderados a transparentar cantidades y volúmenes de acciones o de movimientos de capital, con reportes periódicos obligatorios; lo mismo aplica para las declaraciones fiscales.
Las propias instituciones financieras son supuestamente vigiladas por organismos con amplias facultades, para investigar de oficio o por querella, denunciar, decomisar, embargar. Y nada, o por lo menos lo manejan en total secreto.
La pregunta obligada: ¿cómo es posible que cantidades tan estratosféricas puedan circular por el sistema financiero sin ser detectadas durante cierto lapso? Porque al final lo son, pero antes pudieron haber logrado corromper a diestra y siniestra, en todos los niveles, mientras esas autoridades e instituciones financieras dejaban hacer y dejaban pasar.
El ejemplo perfecto de tal aseveración es el caso, todavía abierto, de la constructora brasileña Odebrecht, por cierto, también investigado y juzgado desde Estados Unidos, donde la firma acordó pagar una enorme multa, y el caso sigue golpeando cabezas del más alto nivel, incluso de México. Presidentes y funcionarios han tenido que salir a dar la cara y a rendir cuentas de lo que ha sido un gran entramado de corrupción internacional que exhibe la vulnerabilidad de leyes e instituciones de numerosos países.
No ha sido el único asunto de escándalo internacional. Aquí cabe recordar el de las cuentas escondidas en el banco HSBC de Suiza, que involucraba a cientos de miles de personas de muchos países, y solo de México más de 2000 cuentahabientes, entre ellos importantes empresarios y funcionarios, con al menos cuatro millones de dólares depositados, presuntamente evasores de impuestos. ¿Y el todavía fresco escándalo de los Panama Papers, que manchó sólidos prestigios? Estos ilustran con toda claridad los flancos débiles del sistema financiero global y el régimen de impunidad que prohíja tales crímenes.
Sin entrar en detalles, lo mismo aplicaría para otros casos muy simbólicos de políticos mexicanos que durante años estuvieron desviando miles de millones y ninguno de los organismos o entidades de vigilancia advirtió nada, aunque es de suponer que fue por complicidad, a saber: el mencionado Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y la líder sindical Elba Ester Gordillo, todavía encarcelada al cierre de esta edición.
La pregunta obligada es ¿dónde estaban esas autoridades que vigilan la correcta circulación de dinero, la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria, y la propia Procuraduría General de la República, entre otras más, que con estos antecedentes parecieran estar de adorno?
El Sistema Nacional Anticorrupción
El recién estrenado Sistema Nacional Anticorrupción deberá también trabajar en la revisión del sistema jurídico penal porque por lo menos algunas leyes o artículos son francos obstáculos para el combate al delito. Por ejemplo, el relativo a la prescripción, que permite a los delincuentes esconderse durante ciertos años al cabo de lo cual la persecución deja de surtir efecto y reaparecen en sociedad como si nada.
También la ley de responsabilidades de servidores públicos amerita una revisión que apunte hacia el Poder Judicial, en particular sobre el trabajo de los jueces, por sus polémicos fallos a beneficio de malvivientes (por ejemplo, el del juez que liberó a uno de los acusados denominados Porkys, en un caso de violación o el del recién liberado bajo fianza Amado Yáñez, de la empresa Oceanografía, acusado de fraude por miles de millones y ahora libre por una pequeña fianza de 7.5 millones).
Otro punto es el relativo al fuero, que ha sido un buen recurso de funcionarios para sustraerse a la acción de la justicia. No ha prosperado ninguna propuesta ni exigencia ciudadana de que desaparezca esa figura o se delimite al menos.
También urge que las autoridades del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción pongan la vista sobre el destino de las fortunas de los capos del narcotráfico y delincuentes en general, que son decomisadas en México. Estas acaban en manos de Hacienda, que es la encargada de su registro, resguardo, avalúo y remate, pero con tan mal despeño del organismo encargado (SAE) que ha sido tema de notas periodísticas el descuido, abandono y robo de las posesiones bajo su responsabilidad.
Un caso memorable fue el botín de 200 millones de dólares supuestamente encontrados en una residencia de Ciudad de México, que las autoridades hacendarias decomisaron al chino mexicano Zhenli Ye Gon, y meses después nadie sabía dónde había terminado esa pequeña fortuna.
Más les vale a los nuevos responsables del referido sistema que hagan bien su chamba, porque llegan al cargo en medio de escepticismo generalizado. No es deseable otro fracaso institucional como el de la fallida Gendarmería Nacional, de la que desde estas líneas se anticipó su inutilidad, y años después nadie habla de esa otra víctima del crimen bien organizado.
¿Y USA para qué quiere a los extraditables?
No, que nadie se engañe, no ha sido el interés de los funcionarios gringos acabar con la actividad criminal. A lo largo de las décadas de supuesto combate al narcotráfico desde Estados Unidos, lo que se aprecia es que el negocio sigue en auge, en ese país y en otros que aparentemente se empeñan en combatirlo.
Lo que va quedando claro es que Estados Unidos ha puesto particular interés en los extraditables por dos razones fundamentales: una para quitarles sus enormes posesiones materiales, en dinero y en especie; y la otra, para tener la radiografía de complicidades, y para el caso de México, tener elementos para supuestamente advertir a las autoridades sobre tales riesgos, pero lo que ha ocurrido es que esos mapas deliberadamente los obtiene y los usa para extorsionar o chantajear cada que le conviene a los gobernantes mexicanos. Por ejemplo, estableció el Plan Mérida con el que aporta a México 500 millones de dólares condicionados como a poyo a la lucha contra los narcos, pero en un solo caso de extradición ha recuperado mucho más con los bienes decomisados.
Ha sido analizado tal proceder, porque no resulta casual que cuando les interesa golpear a su contraparte para debilitarlo en negociaciones bilaterales importantes, entonces desempolvan los expedientes, los actualizan y mandan el fregadazo a través de una filtración a algún periódico importante.
Esas dos razones principales por parte de Estados Unidos, quedarse con los miles de millones de dólares y obtener la red de complicidades de los capos, ha desvirtuado la lucha, echado a la basura los esfuerzos, los recursos y la pérdida de vidas invertidos en la guerra anti drogas, y ahí están sus pobres resultados en ambos lados del Río Bravo.
*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
More articles by this author
|
