Aumentos para la alta burocracia, un atropello más
Feliciano Hernández*
OTRO ACTO DE INSENSIBILIDADde los diputados al autorizar aumentos a los integrantes de los tres poderes en el presupuesto de 2018 se suma a la serie de abusos que todos los días y todos los años comenten con los recursos de los contribuyentes fiscales y ninguna voz de advertencia se alzó para reprobar el atropello legislativo, anunciado en un momento en que la aprobación del gobierno de Enrique Peña Nieto está por los suelos, y en el presidencialismo mexicano es el titular del Ejecutivo el que suma los negativos de todos a su gestión. En tal contexto, eso es más que una imprudencia, es un suicidio político.
CHICAGO,Illinois. En medio de una inflación desatada y una depreciación persistente de la moneda mexicana, que pega directo a los bolsillos de las clases populares, con alzas a los productos de la canasta básica, los diputados aprobaron el presupuesto del año 2018 sin un poco de recato en sus impulsos expropiatorios del dinero público.
El año entrante, cuando los legisladores y la alta burocracia beneficiada por la generosidad de los diputados estén gozando de sus mayores ingresos, en medio de la difícil cuesta de enero para los sectores populares con muy bajos sueldos o desempleados, y en plena guerra electoral, los recordatorios ofensivos al 10 de mayo invadirán todo el ambiente y los ánimos estarán al rojo vivo.
Coincidentemente, el troglodita gobernador saliente del Banco de México, Agustín Carstens, recomendaba que el aumento anual al salario mínimo fuera prudente, es decir pírrico, lo mismo de todos los años, en momentos en que los propios empresarios y otros activistas habían logrado consenso para aterrizar un incremento significativo.
Ni más ni menos, el punto del aumento mayor ha sido tan importante que en el contexto de las negociaciones del tratado comercial de Norteamérica, el TLC-NAFTA, fue puesto como condición por las partes canadiense y estadounidense para insuflarle vida al agonizante acuerdo.
Como si nada hubiera pasado, si acaso con enojo individual, los mexicanos tuvieron conocimiento de tan infaustas noticias sobre los aumentos a las “dietas” (mega sueldos) que para el año entrante se adjudicaron los diputados – también para los senadores y para los super privilegiados integrantes del Poder Judicial y del Ejecutivo, sin faltar los titulares de los organismos autónomos como el cuestionable Instituto Nacional Electoral—, tal atrevimiento descarado sin haber resuelto el aumento del rezagado salario mínimo para las clases populares, hecho que los exhibe a todas luces y primero que nada como aves rapaces en busca de lo último que pudieran llevarse (y todavía falta el “año de Hidalgo”…).
Siempre es lo mismo
Cada año se repite la misma historia y pocas voces se dejan oír más con asombro y resignación que como protesta. Entre los líderes de oposición, López Obrador lo hizo como queja de oficio sin ahondar en el tema y en particular se dirigió contra los abusivos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, cuyos ministros tienen ingresos de 650 mil pesos al mes, tres veces más que el presidente de la Republica. En otras palabras, eso fue lo que subrayó el que puede ser considerado como el mayor defensor contemporáneo de los pobres, el por tercera vez candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Y aprovechó para recordar que los expresidentes tienen pensiones inmerecidas de cinco millones de pesos, al mes.
En los días de fin de año, la prensa inunda sus páginas con las noticias sobre los bonos y otros premios que se adjudican los que reparten el dinero público, obviamente, para ellos y sus colaboradores, en medio de fiestas interminables donde sirven vinos y licores en abundancia y cierran la puerta a la pregonada austeridad.
Es penoso decirlo pero todos estos abusos descarados suceden porque muchos de los que debieran criticar semejante proceder lo toman como tradición, y no lo reprueban porque no quieren que desaparezcan sino estar en el lugar de aquellos para hacer lo mismo. Ningún sistema puede sostenerse equilibrado con cimientos tan cuestionables. Los que aprueban el presupuesto niegan aumentos decorosos a los trabajadores de sueldo mínimo; siempre salen con su 4.5%, pero tramposamente se conceden el mismo porcentaje sobre sus propios ingresos de cien mil o doscientos mil para arriba, por lo cual la cantidad es mucho mayor –de 10 mil a 30 mil aproximadamente—comparada con los dos o tres devaluados pesos que otorgan a los asalariados.
Ni siquiera es tan grande el aumento, pero escandaliza que le nieguen unos pesos más a los obreros y a las universidades, para las necesarias becas estudiantiles, por ejemplo, pero ellos se sirven con la cuchara más grande.
Las reformas necesarias
Urge una reforma legislativa que desconozca la atribución de los diputados para aprobar aumentos de sus dietas y de sueldos a los integrantes de la alta burocracia, de los tres poderes y de organismos autónomos, y que otorgue la facultad a una instancia independiente apropiada, mediante un procedimiento a petición de parte cuando se justifique por inflación y por rezago considerable en las prestaciones y prerrogativas de los representantes populares y de los altos funcionarios, y no tendría que ser cada año y menos cada que se les ocurra.
Tal instancia revisora y promotora, por qué no, de ajustes a los honorarios, dietas y sueldos de los más altos niveles del gobierno podría ser tripartita en su integración: un tanto de representantes surgidos de la parta interesada, los otros dos porcentajes serían una parte académica involucrada por invitación expresa, y la parte restante de activistas políticos de oposición. Todos guiados bajo la perspectiva de la situación económica del país y de las finanzas nacionales, para dar un fallo inapelable. Entonces los funcionarios ganarían legitimidad, asimismo los legisladores.
No es una ociosidad dedicarle unas líneas a un planteamiento como el presente. No se percibe que en este gobierno ni en el entrante, del partido que resulte ganador, los nuevos integrantes de las altas esferas muestren interés en avanzar por una ruta conveniente a los intereses nacionales para acabar con los abusos de siempre. Todo lo que se ha visto es que llegan a hacer lo mismo, con pocas excepciones. Y es digno de mencionar el caso del PRD en su etapa de mayor fulgor, cuando llegó a gobernar la ciudad de México —antes de que acabara prostituido por seudo izquierdistas y empinándose sin el menor recato ante su antípoda de la derecha.
Fueron Cuauhtémoc Cárdenas y sucesores quienes pusieron el ejemplo de moderación –y no fue concesión gratuita, sino exigencia popular y compromiso de campaña—, Cárdenas y López Obrador hicieron modestas reducciones en los honorarios, pero mantuvieron congelados los sueldos y otras prerrogativas de suerte que al paso del tiempo permanecieron en un nivel razonable con el resultado de que los integrantes del gobierno de la capital federal tienen los sueldos profesionales menos abusivos en todo el país, hecho meritorio tratándose del gobierno de la capital federal de una nación muy grande que es México, y de una de las ciudades globales con todas las complicaciones que puede tener una de las grandes urbes del planeta.
Uno de los principales compromisos de campaña del candidato López Obrador es precisamente, reducir un 30% los sueldos de la alta burocracia y poner más vigilancia al desempeño de los altos burócratas para acabar con la rapiña que hoy cometen, propician o toleran por involucramiento pasivo, cuando no por complicidad.
Entonces, sí se puede ir por el camino de la moderación, pero no debe quedar al antojo de nadie, sino que debe legislarse, y el aterrizaje es la creación de una instancia como la referida. Debe llegar el día en que la prensa de fin de año finalmente no incluya en sus reportes todo un rosario interminable de latrocinio impune por parte de los integrantes del gobierno.
*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.
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