Con AMLO en el gobierno, la exigencia y el compromiso deben ser transparencia y rendición de cuentas, para dar paso al fin de la impunidad. La credibilidad que como presidente pueda inyectarle a su gestión será la base para que el cambio que inicia se convierta en una era que vaya mucho más allá del sexenio, así como el neoliberalismo abarcó 30 años. Es fácil decirlo, pero es la condición para que México pueda consolidarse como una nación líder inserta en el concierto global, pleno de viejos y nuevos desafíos.
Perdón si
olvido no
Feliciano Hernández*
CHICAGO, ILLINOIS. – El amplio margen de quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador le otorga un sólido respaldo para que a partir del 1 de diciembre inicie los cambios que prometió y otros que dentro y fuera de México apunten hacia la superación de los rezagos nacionales y hacia la consecución de una mayor presencia del país en las grandes decisiones que afectan el futuro de la humanidad.
Ni perdón ni olvido, en los casos de crímenes y violaciones graves a los derechos humanos, sin ánimo vengativo, pero con un sentido de justicia, es la condición que habrá de darle respaldo y credibilidad a su gobierno para que pueda avanzar en sus planes y lograr la trascendencia que se espera de su gestión.
Entre los ejes sobre los que habrá de girar la administración lopezobradorista, el fundamental será la transparencia y rendición de cuentas, y dentro de éste el de la lucha contra la impunidad.
POR ESO, LOS GRANDES CASOS de corrupción y de abusos contra los derechos humanos deberán atenderse, sin concesiones, al menos los del pasado reciente y los actuales. Otra vez, sin que tales acciones se conviertan en cacería de brujas ni en búsqueda de chivos expiatorios para el consuelo o goce de las voces críticas y de los afanes revanchistas.
Sin esa base, la inconformidad social seguirá latente, más allá de simplemente asaltar trenes o camiones de carga. Podría atenuarse con medidas de orden económico, legislativo, incluso recreativo, pero seguirá presente en el ánimo personal y comunitario como una inquietud en el subconsciente colectivo de aquellas que tarde o temprano llegan a desatar protestas de cualquier tipo.
Así que más pronto que tarde, AMLO tiene que actuar en tal sentido: retomando los casos presentes de gran corrupción y violaciones a los derechos humanos, reabriendo otros e iniciando algunos que ya no deben seguir sin sentencia en algún sentido o evadiendo la acción de la justicia. Es un clamor social.
Los casos más sonados
EN LA LARGA LISTA de casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos que han permanecido impunes es preciso refrescar la memoria.
Los casos de los gobernadores y altos funcionarios corruptos deben resaltar entre los más apremiantes. Aunque ya algunos de los aludidos están bajo proceso judicial y han sido encarcelados, pero sin sentencia todavía; no es el caso de otros citados en la prensa nacional.
Pero aún si todos los que han sido indiciados fueran sentenciados eso no aminora las dudas ni satisface los anhelos de justicia que reclama la sociedad. La exigencia es que se reintegren al erario o al patrimonio nacional todos los montos o bienes sustraídos. Nada gana la sociedad con que se castigue con prisión a esos malos funcionarios y servidores públicos sin que devuelvan las cuantiosas fortunas que amasaron ilegalmente.
Peor todavía, en no pocos casos, las autoridades mexicanas prefieren entregar a los indiciados al gobierno de Estados Unidos bajo los convenios bilaterales de extradición, en lugar de juzgarlos en territorio nacional. Y allá el gobierno les decomisa los millonarios bienes y cuentas bancarias mal habidos.
Uno de los más escandalosos casos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto fue el cometido por el gobernador veracruzano Javier Duarte. Si bien, él se encuentra en prisión y bajo proceso judicial, no es el caso de sus cómplices principales ni se ha visto que el juicio avance como lo indica la ley —en forma pronta y expedita—, sino bajo los tiempos políticos y los que vayan dictando los abogados de la defensa.
A final de cuentas los malhechores siempre resultan vencedores ante los representantes de la ley, los ministerios públicos y los jueces venales.
Tampoco se han dado cifras totales sobre los montos desviados a cuentas personales y de cómplices ni sobre las cantidades y bienes que ya le han sido decomisados a Duarte, ni de él ni de otros en sus circunstancias. Se han mencionado cifras extraoficiales —que lo desviado por Duarte supera los 32 mil millones de pesos—, pero persiste la tentación de opacidad de las autoridades judiciales, como si los contribuyentes no tuviéramos derecho a saber, amparados esos funcionarios en pretextos legaloides como el del secreto de las indagatorias.
Con ese proceder, los funcionarios nada abonan a la credibilidad y la confianza popular en ellos ni en las instituciones. Debieran admitir que eso le causó un tremendo daño al gobierno del presidente Peña Nieto y que los electores le cobraron su renuencia echándolo del poder anticipadamente y a su partido.
¿Veremos en el gobierno de AMLO que se cumpla la exigencia mayoritaria de que los criminales de cuello blanco y del orden común paguen, en montos iguales y con intereses, los perjuicios ocasionados a la sociedad, al patrimonio y al erario nacional?
Empresarios evasores y sus cómplices
LOS CASOS de empresarios evasores del fisco, cómplices de funcionarios, también integran una larga lista. Recuérdese que muchos de los más conocidos, entre ellos algunos personajes de diversos sectores sociales, figuraron en los denominados Panama Papers, es decir aquellos expedientes que fueron denunciados por la prensa como clientes de famosos paraísos fiscales a donde acudían y acuden a depositar cantidades millonarias en dólares para evitarse el pago de impuestos.
Previamente a este sonado caso internacional, fue denunciado también un mayúsculo caso de miles de empresarios y políticos mexicanos entre una enorme lista de cien mil de todo el mundo, con cuentas millonarias en el banco HSBC, que son fondos ocultos a las autoridades fiscales.
La autoridad hacendaria de México inició diversos procedimientos para regularizar esas cuentas y la prensa reportó algunos avances, pero nuevamente y como es tradición, acabó por imponerse la secrecía y la opacidad de las autoridades en esos manejos. Se doblegó ante los poderosos dueños del dinero.
No sólo eso, en México han sido mencionados una lista de 400 de los más grandes empresarios que durante lustros han dejado de cumplir sus obligaciones fiscales amparados en una regulación amañada, el denominado crédito fiscal, que les permite ir postergando año tras año el pago de sus impuestos de cantidades millonarias.
El mismo Felipe Calderón llevó el asunto a las primeras planas, cuando en el inicio de su gobierno denunció que 400 empresarios no pagaban impuestos. Los mayores capitalistas le respondieron. Hubo silencio durante unos días y el entonces presidente no volvió a tocar el asunto en público.
Sin demérito del gran servicio que realizan a la nación las fuerzas del orden, militares y civiles, el nuevo gobierno tiene que desahogar los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos desleales y dejar bien claro que las leyes están para respetarse y que los primeros en acatarlas deben ser los encargados del orden.
Las nuevas reformas
LA IMPUNIDAD ha sido la característica principal de la marca México en los últimos sexenios. Y por causa de esos personajes desvergonzados el país figura entre los más corruptos de planeta.
Pero el 2018 resulta esperanzador por la llegada de AMLO al poder, dado que su principal compromiso ha sido combatir la corrupción. Sus primeras declaraciones ya como ganador de la contienda electoral apuntan en tal sentido.
Entre las leyes que deberá tratar de reformar están la de Responsabilidades de los servidores públicos; la de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, y sus reglamentos; asimismo deberá reformarse el Código Penal Federal para reclasificar la gravedad de los delitos y eliminar lo referente a la prescripción de las acusaciones, factores que han permitido en todos estos años a los indiciados prófugos esconderse durante cierto tiempo y luego reaparecer ya cubiertos con el manto de la intocabilidad.
Debiera realizarse alguna convocatoria nacional en el sentido de paz con justicia y exigir al nuevo gobierno que vaya al closet y saque los esqueletos y todo lo que apeste.
La verdadera reconciliación entre los mexicanos llegará cuando veamos que finalmente ni el tiempo ni los procedimientos ni los abogados mañosos logren burlar a la ley.
*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il. USA.
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El nuevo territorio del crimen organizado
Mouris Salloum George
Estamos ya, ante un fenómeno de magnitudes impredecibles, que pudo prevenirse y acaso atemperarse cuando se acometió la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Obviamente, de esa reforma “transformadora”, se destacan sus logros, particularmente los referidos a las inversiones, aunque las audiencias sigan siendo convidadas de piedra a la hora de ejercer su derecho a elección.
Sin control de las redes sociales (causa ausente en la reforma), sus operadores se despacharon con la cuchara grande durante las pasadas campañas electorales.
Dicho en estricto rigor, las más sirvieron de buena fe al ejercicio democrático. Otras, se ocuparon para expulsar tóxicos de las vísceras intestinales.
A la vista de un peligro mayor
Sin tremendismo, estamos ante un peligro mayor: Desde hace algunos días, las redes sociales han sido invadidas con mensajes videograbados, cuya fuente se localiza en algunos frentes del crimen organizado.
Los contenidos de esos mensajes son de clara amenaza a quien corresponda: Los primeros, los rivales en la industria del crimen. En última lectura, a las autoridades responsable de combatirlo.
Entre cinco audios y videos en circulación en las redes, su paternidad se atribuye al Cártel de Jalisco Nueva Generación, a una franquicia que parece no sólo nueva, sino cínica: Cártel PueblaSegura y a un tal Comandante 30.
Ese fenómeno alarma, toda vez que, en algunos estados de la República, particularmente en Michoacány Guerrero, los atentados contra políticos, iniciados desde septiembre de 2017, no cesan.
Es asunto de Seguridad Nacional; responsabilidad de Estado
Es entendible que los actores políticos, los vencedores y derrotados el 1 de julio, se ocupen de sus parciales intereses. Pero el gobierno de la República, sigue en funciones.
El asunto de este tema, sin exageración, entra ya en la categoría, más que de las criminales pugnas y ajustes de cuentas entre intereses facciosos, en el rango de Seguridad Nacional; esto es, de responsabilidad del Estado.
Se sabe, cuándo los movimientos subversivos asoman la cabeza; no se sabe hasta donde llegarán los ataques de los reptiles.
No puede haber disimulo y complacencia en asuntos de tamaña magnitud. La cuestión es si a la autoridad dispone no sólo de voluntad política, sino de valentía para ponerle freno a esos excesos que contaminan el universo de la comunicación de masas.
Pasaron las disputas electorales. Que la siguiente fase, como la que estamos atestiguando, no agregue potencia a la barbarie que ha rebasado los límites de la tolerancia. Vale más un grito a tiempo que.
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