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Los furcios de la
Suprema Corte
Esa Corte de ministros con tanto poder está inquieta: le pide al Presidente de la República que mencione los nombres de los jueces vendidos, a los que aludió en el Castillo de Chapultepec en su encuentro con Javier Sicilia. Antes de pasar adelante, mencionaremos, con todo respeto, lo que ganan los señores ministros: 480 mil pesos al mes, el doble de lo que percibe el Primer Mandatario.
¿Vale la pena cobrar una millonada para permitir el sacrificio de millones de infantes no nacidos?, ¿para permitir la despenalización del aborto? Para ustedes, los togados, ¿cuánto vale una vida? No les perdonamos la despenalización del aborto. Sabemos que es una campaña promovida por la ONU.
Los señores ministros “ignoran” que la Constitución considera que desde el momento de la concepción, el cigoto está protegido y la vida que tiene debe ser preservada a toda costa. Es un ser humano que pasará a ser feto y luego bebé. Nadie debería atentar contra un bebé en el seno de su madre. Pero con la nueva “moral”, ahora hasta las propias madres asesinan a sus hijos inocentes e inermes, en su propio vientre.
A la fecha, a pesar de lo mucho visto en esta profesión, no podemos explicarnos por qué las madres actúan peor que las fieras. En el caso de nuestro país, tan lleno antes de fe y de amor a la vida, todo cambió desde que un organismo internacional empezó a imponer la idea de que la familia pequeña vive mejor y es necesario implantar el control de la población, recurriendo a todos los medios.
Les extrañará saber a los señores de la Suprema Corte, que tuvimos la oportunidad de conocer, tratar y entrevistar a los once sobrevivientes de la generación de diputados constituyentes y ninguno opinó, ni de broma, que el embarazo humano fuera interrumpido para disminuir la tasa de natalidad.
Ni siquiera el más liberal de los once, Aurelio Manrique, hombre de gran personalidad y orador brillante, de luenga barba blanca, osó decir nada contra el derecho a la vida, que es el primero de los derechos, y ahora muy pocos defienden; derecho garantizado por la Constitución contra lo que digan los que por interés se obligan a no respetarla. Los Magistrados están conscientes de que cada bebé asesinado con prácticas inhumanas iba a ser parte de la riqueza mayor de esta nación, o sea, sus hijos. Los ministros tuvieron la suerte, por su edad, de que Luis Echeverría Álvarez y Miguel de la Madrid no pudieran ufanarse de que los hubieran abortado. El primero comenzó en los barrios de la periferia de la capital de México a tratar de convencer a las mujeres del pueblo de que ya no tuvieran hijos y puso las bases del Consejo Nacional de Población. El segundo, De la Madrid, fue premiado por las Naciones Unidas, el 27 de mayo de 1986, “por sus logros antinatales, que constituyen un ejemplo de lo que se puede hacer”. De la Madrid recibió un diploma, una medalla de oro y 25 mil dólares.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de corregir la conducta distorsionada de los últimos presidentes que fueron anticonstitucionales, pero, en vez de hacerlo, remachó el clavo y se hundió en un mar de desvergüenza.
No hemos sabido que los activistas de los derechos humanos luchen contra el aborto, pero, en cambio, se perecen por auxiliar a los criminales y por estorbar la acción patriótica de las Fuerzas Armadas.
Todo eso sucede porque un grupo de países privilegiados, con el pretexto de la democracia, quiere apropiarse de lo que países más débiles tienen y dejar a su población, o a sus pobladores, en el papel de esclavos. Menos mexicanos, menos oposición y más facilidades para quitarle a nuestro suelo su oro, su plata, sus piedras preciosas, su petróleo, su agricultura, su riqueza marítima y cuanto posee. Eso, lo ambicionan los gobiernos estadounidenses. El actual, “muy amigable”, les vende armas a los narcos y le vende armas al gobierno de México. Negocio redondo. Pronto se verán las consecuencias de esta política posesiva, ahora que la Unión Americana va que vuela para estar en quiebra.
No esperamos que las personas que ocupan los estratos más altos del Poder Judicial comprendan, porque su ética no se ve por ninguna parte, pero -por su propio bien- les aconsejamos que no se metan con el Ejército y la Armada de México. Han dispuesto, desde las nubes en que se encuentran, que los soldados y marinos, los cuales intervienen para cumplir con su deber para con la patria, persiguiendo al narcotráfico y al tráfico de armas, de personas, a los secuestros y lavado de dinero, sean sujetos al fuero civil si es que cometen una violación, a los derechos individuales. Con eso arriesgan a los militares a ingresar a cárceles civiles, donde serían el blanco de las venganzas de los capos. El fuero militar, al que se quiere poner en entredicho, es mucho más duro que el civil. Soldado que falla, soldado que es castigado; pero sí lo mandan a las cárceles comunes y corrientes se toparán con la contaminación de ministerios públicos, jueces y demás.
Uno de los diputados constituyentes que conocimos, el licenciado Ramos Praslow, nos habló a la redacción del matutino El Sol de México, para solicitarnos que intercediéramos ante la Presidencia de Echeverría, para que un soldado raso y un cabo, de 21 y 22 años de edad, no fueran fusilados. Sus padres eran muy humildes, eran indígenas, y estaban desconsolados y a llanto vivo pedían que sus hijos no fueran pasados por las armas.
Empezamos a buscar al Presidente del Consejo de Guerra que iba a juzgar a los dos inculpados. En una casona de la colonia Santa María la Rivera localizamos al militar. Nos recibió en cama. Estaba enfermo. Nos dijo que conocía muy bien el caso y no había por qué precipitarse. La pena de muerte ya no se aplicaba y lo que había pasado era que los chicos habían tenido un disgusto con un capitán que los acusó de “indisciplina”. Se enfrentaron en el Campo Militar número 1 y el capitán -resultó, en el juicio- que al momento del incidente estaba completamente alcoholizado y que había agredido a quienes acusó. El fallo fue absolver al cabo y al soldado raso y, al capitán, lo degradaron y lo metieron a prisión, por no saber honrar el uniforme, por mentir y por golpear a sus víctimas.
Creemos que con esto, el Ejército y la Armada, que son las únicas instituciones respetables que nos quedan, mantengan su fuero, que no es privilegio, porque la justicia y la disciplina son la columna vertebral de esos Institutos armados gloriosos, que impiden la caída de un país al que traicionan los que están obligados a conservarlo y defenderlo, excepto, claro está, los que siempre hemos llevado en el alma la bandera de los tres colores y el águila real.
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