PAPELES AL VIENTO
Por encima del Estado social,
el bárbaro monopolio de la fuerza
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
“La quiebra de la República de Weimar
y el surgimiento del nazismo en Alemania,
así como el ascenso del fascismo en Italia,
han sido explicados, entre otras razones,
por el desencanto ciudadano con los parlamentos.
Teorías políticas basadas en la acción directa,
el corporativismo y la militarización de las masas
quisieron sustituir a la teoría de la representación
y la soberanía nacional, fundamento de las instituciones
democráticas y de los parlamentos”.
Ex diputado Luis Medina Peña.
Presentación de Razón de ser del Parlamento,
de André Chardenagor (1967.)
Entremeses
 El porro sentenció/ la Suprema se murió. Como abogado forense, egresado de la Escuela Libre de Escrúpulos, la negra mano derecha de Felipe Calderón -quien firma con la izquierda los decretos de extinción-, Javier Lozano Alarcón hizo esta figura macabra: “Cuando una persona fallece, aunque no esté el acta de defunción expedida, la persona ya está muerta”. Con esta funeral alegoría, propia de sicarios del narco, el secretario del Trabajo del gobierno del PAN asumió “la obligación” de ¡ADVERTIR! (sic) que no van a proceder ni la controversia constitucional ni los amparos para “restaurar” todo “lo que están pidiendo”. Es una decisión tomada: un hecho consumado. Se refería, por supuesto, al amparado Sindicato Mexicano de Electricistas, aún titular del Contrato Colectivo de Trabajo con Luz y Fuerza del Centro. Dicho de manera aún más coloquial: A la presidencia de la República le “viene Wilson” la autonomía del Poder Judicial de la Federación y, concretamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano jurisdiccional en materia de constitucionalidad de los actos de gobierno. ¿Se requiere más demostración del instinto golpista de la utraderecha de Los Pinos? Sólo que se espere la degollamiento (copelas o cuello) o el encarcelamiento de los ministros.
Indecencia. En la reciente cuarta Semana de la Radio y la Televisión, realizada en Yucatán, el presidente de Honor y Justicia de la Asociación Nacional de Locutores, Antonio O’Farril Tapia exhortó a los utilizadores del micrófono a conducirse con Ética: Que no pretendan, les dijo, justificar el lenguaje soez como Libertad de Expresión. Denunció el dirigente que esos excesos no sólo denigran la profesión, sino que conculcan su función social. Soez, acotamos por nuestra parte, significa indecente, e indecencia es acto vergonzoso o vituperable. ¿Quién es, por (des) ventura, el personaje mexicano que, abusando de su investidura, se adueña por más tiempo diario de micrófonos y cámaras de televisión, incluso disponiendo de cadena nacional, para avasallar a la República con sus atosigantes choros y su muy poco estética estampa? Se lo dejamos al lector de tarea.
Justicia. El pasado 4 de noviembre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba en sesión plenaria para sentenciar en paquete 31 juicios de amparo vinculados a la matanza de Acteal, Chiapas, del 22 de diciembre de 1997, con un saldo de 45 indígenas asesinados. En el entorno se encontraban algunos de los deudos de las víctimas masacradas, pero sus gemidos eran sofocados por los aplausos y las elegías que en recinto vecino los ministros prodigaban a su homólogo Mariano Azuela Güitrón, que el 30 de noviembre se va del palacio de justicia. Ahí se contaban y cantaban, como si hubieran pasado sin mácula, 51 años de vida que MAG puso “al servicio del país”, 49 dedicado “al servicio de la justicia en México” y 39 en la Corte. Los de la primera sala, de plano, ordenaron a los ujieres cerraran las puertas de su local, sólo para abrir las de la prisión a los victimarios múltiples. El otro Mariano Azuela, médico humanista, combatiente villista y genial narrador, diseccionó a la impenitente burguesía mexicana y, con gran precisión, diagnosticó su cósmica e incurable corrupción. Los de abajo, obra seminal del ilustre jalisciense, es lectura recomendable en este mes de la Revolución. Si el “puente” vagacional lo permite, ¿por qué no entrarle de una buena vez a Ramón del Valle Inclán y su Tirano Banderas?
La historia “verdadera”. Cuando el Partido Acción Nacional (PAN), en su amargosa oposición, no tenía ni para pagar la renta del local que ocupaba su comité directivo, no dejaba pasar oportunidad, sin embargo, para montar, en sus encuentros masivos, modestos stands a fin de ofrecer literatura “políticamente correcta” a sus miembros y simpatizantes. Invariablemente el PAN -un redomado iconoclasta devastador de “la historia oficial”, de ahí sus ataques a los Libros de Texto Gratuitos-, en su oferta bibliográfica tenía como preferentes las obras de Lucas Alamán y Francisco Bulnes; éste (1847-1924), autor de Las grandes mentiras de nuestra historia y El verdadero Juárez. Por éstos días, preliminares de los centenarios de la Independencia y la Revolución, se ofrece un montaje teatral, reivindicatorio del Bulnes, un energúmeno ilustrado. Los panistas nostálgicos se divierten como enanos con esa representación.
Derecho y moral
 Por cierto, a propósito del espuriato transexenal, de Carlos Salinas de Gortari a Felipe Calderón Hinojosa (1 de diciembre de 1988-1 de diciembre 2009), lo que todavía está en el tapete del debate ético, es el asunto de la legitimidad, con independencia de la legalidad -real o prefabricada- cuestionada de origen. Cuando, hace 21 años, Salinas de Gortari pactó su alianza estratégica con el PAN, éste le ofreció a su socio “la legitimidad de gestión”. Desde su toma de posesión, Calderón Hinojosa ha pretendido cobrarle al PRI la factura de la reciprocidad. El PRI se la concede en abonos fáciles.
En una de sus abundantes e iluminantes ponencias -Derecho y moral-, Jürgen Habermas sostiene, en términos genéricos: “la legitimidad de la legalidad no se puede explicar a partir una racionalidad que sea intrínseca a la forma jurídica y desvinculada de la moral. Antes bien, la legitimidad de las leyes tiene que ser referida a una relación interna entre derecho y moral. Esto tiene validez, sobre todo para el modelo del derecho burgués formal, que se cristaliza alrededor de la forma semántica abstracta y general de la ley. Las propiedades formales de este tipo de derecho pueden ofrecer fundamentos legitimantes, sólo a la luz de principios de contenido moral”.
Habermas está cuestionando a Max Weber. Por eso, cita el concepto de Estado social, respecto del cual afirma que no se trata tan sólo de que las leyes sociales aumenten en cantidad, sino de un incremento de la densidad y la calidad regulatoria de las prescripciones jurídicas. Con las necesidades intervencionistas de un aparato estatal activo, que dirige y compensa a la vez -explica- cambian mucho más las funciones y estructuras internas del sistema jurídico. El propio Weber, recuerda el autor citado, había sido testigo de las primeras manifestaciones del Derecho regulador del Estado social: “Este derecho resulta instrumentalizado a fin de cumplir tareas estructuradoras en el grado que quiera satisfacer las demandas de justicia social a través de redistribuciones compensatorias, pago de impuestos con un efecto estabilizador y acciones intervencionistas con consecuencias transformadoras”.
Pero, en Weber, hay otra vertiente de pensamiento, cuyo rescate tomamos de Otto Heirrch von der Gablentz: “Ejército y policía son dos formas del Poder Ejecutivo (…) Con la ayuda del poder armado, el Estado ejerce el monopolio del empleo legítimo de la fuerza”. Esta teoría hizo caer en la fascinación al gobierno del PAN, particularmente el encarnado por el presidente designado -incubado en la Escuela Libre de Derecho-, cuyo defenestrado procurador general de la República, Manuel Medina Mora, la mencionó hasta el cansancio para tratar de justificar el uso de las Fuerzas Armadas en funciones policiacas para el combate al narcotráfico. Ahora, retumba en el territorio nacional la porfirista consigna “¡Mátalos en caliente!”. Son los resultados de permutar moral-moralidad por relativismo moral.
El bandolero social
Aires centenarios de nuestras revoluciones, ahora acudamos a Eric J. Hobsbawm (Rebeldes primitivos): “Bandoleros y salteadores de caminos preocupan a la policía, pero también debieran preocupar al historiador. Porque en cierto sentido, el bandolerismo es una forma más bien primitiva de protesta social organizada, acaso la más primitiva que conozcamos. En cualquier caso, en no pocas sociedades, lo ven así los pobres, que por lo mismo protegen al bandolero, le consideran su defensor, le idealizan y le convierten en un mito: Robin de los Bosques de Inglaterra, Janosik, de Polonia y Eslovaquia, Diego Corriente en Andalucía, que probablemente son todos ellos personajes que existieron y que han sufrido esta transfiguración. A su vez, el propio bandido trata de vivir conforme a su papel, aun cuando él mismo no sea un rebelde social consciente.
“Como es natural, Robin Hood, el arquetipo del rebelde social -‘que robaba al rico para dar al pobre y que nunca mató, salvo en legítima defensa o por justa venganza’-, no es el único personaje de esta clase. El ‘duro’, que no está dispuesto a cargar con las cruces tradicionales que corresponden al Estado llano en una sociedad de clases: la pobreza y la sumisión, puede librarse de ellas uniéndose a los opresores o sirviéndoles, tanto como alzándose en su contra. En todas las sociedades campesinas existen bandoleros de los señores tanto como bandoleros campesinos, por no aludir a los bandoleros del Estado, aunque nada más reciba los honores de las coplas y anécdotas el bandido campesino…
“La población casi nunca ayuda a las autoridades a capturar al ‘bandolero campesino’, sino que le protege contra ellas (…) Acaso convenga esbozar la imagen típica de la carrera del bandolero social Un hombre se vuelve bandolero porque hace algo que la opinión local no considera delictivo, pero que es criminal ante los ojos del Estado o de los grupos rectores de la localidad. El Estado se interesa en un campesino debido a alguna pequeña infracción de la ley, y éste se echa al campo porque no sabe lo que hará con él un sistema, que ni conoce a los campesinos ni los entiende, y al que los campesinos no entienden tampoco.
“Desde luego, casi todo el que tome la contra a los opresores y al Estado, será con toda probabilidad considerado una víctima, un héroe o ambas cosas. Una vez huido el hombre, pasa pues a tener protección natural de los campesinos y también la que proporciona el peso de la norma local, que defiende ‘nuestra’ norma -la costumbre, la enemistad de sangre o lo que sea- contra la de ‘ellos’, y ‘nuestra’ justicia contra la propia de los ricos. En Sicilia, el bandolero gozará, si no se vuelve demasiado engorroso, de la benevolencia de La mafia; en Calabria del Sur contará con la de la llamada Onorata società. Y en todas partes, con el apoyo de la opinión pública”.
Una de las conclusiones de este autor, es que bandolerismo social y organización mafiosa tienden a desaparecer cuando surgen (y son respetados) movimientos modernos como son las asociaciones campesinas, los sindicatos de trabajadores rurales y los partidos de izquierda. En estas circunstancias, aquellos grupos transgresores perduran como algo diferente de lo que cabe definir como movimientos sociales. Hasta aquí la cita.
Ni en la época de la Independencia de México, ni en la de la Revolución mexicana, actualmente mucho menos, el poder establecido ha sido capaz de aprehender y aprender esa lección sociológica. Ahora mismo, quienes refritean la historia lo hacen sólo para agregar nuevos vituperios contra quienes incitaron o incitan a la resistencia contra la represión y la opresión. Dígalo, si no, cierto cuñado del presidente de la República que, como todo panista-machista, envenena la tinta para denigrar las figuras de Josefa Ortiz de Domínguez y de Leona Vicario, a las que pinta de “cascos ligeros”. Son los exégetas del monopolio legítimo de la violencia del Estado.
¿También juezas aventureras?
De “Estado de derecho” se llenan la boca los de la Escuela Libre de Derecho en el poder fáctico, pero lo vomitan cuando los fallos de la autoridad le son adversos. En un mismo día, el gobierno del presidente designado sufrió dos reveses en litigios relacionados con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El 6 de noviembre, el Cuarto Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, presidido por la magistrada Idalia Peña, desechó la queja que, en representación de la Secretaría de Hacienda, interpuso el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes contra la suspensión provisional otorgada una semana antes al SME, para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre los asociados a dicha organización y la patronal pretendidamente extinguida. Horas después, la juez federal de la causa, Guilermina Coutiño Mata dictó la suspensión definitiva en vía de amparo para, según lo informó el abogado Carlos de Buen, dos efectos: Que la Junta se abstenga de emitir laudo que concrete la liquidación de la empresa y no pueda aprobar convenios de liquidación de los trabajadores en tanto no se resuelva de fondo la naturaleza del recurso de amparo. La JFCA, dicho sea de paso, al parecer no fue notificada previamente, como lo establece la ley, de la causal de tipo económico en la que se basó el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Perdidos los estribos, el intemperante secretario de Trabajo de Calderón, Javier Lozano Alarcón emplazó a los dirigentes del SME a que se desistan de las acciones legales promovidas ante el Poder Judicial y acusó a los abogados de llevar a los trabajadores a una auténtica aventura. Si la sesgada intencionalidad del funcionario es empujar a los dirigentes sindicales a tomar el atajo y ponerse fuera de la ley, lo que deja de manifiesto es el propósito de encontrar una coartada para mandarlos a prisión, seguramente por sedición, para decir lo menos. En cuanto a los abogados, hasta el más lego estaría de acuerdo en reconocer que hacen lo que en otras circunstancias recomienda el propio gobierno: Que si creen que les asiste la razón jurídica, acudan a las instancias de competencia. Acusarlos de aventureros, esconde una doble y perversa implicación: Descalificar a las jueces que han dictaminado los recursos interpuestos, insinuando que sonsacan esa “aventura”. Flaco favor le hace Lozano Alarcón a su jefe en la eventualidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome cartas en el asunto.
Por lo demás, las precarias argumentaciones gubernamentales sobre el móvil de extinción de Luz y Fuerza del Centro, recuerdan, por ejemplo, el discurso antisindical del secretario de Hacienda de Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, respecto del caso específico de Mexicana de Aviación. Esta empresa, ahora privatizada, no ha logrado escapar de las turbulencias que configuran su quiebra técnica y sus dirigentes sindicales son sometidos al mismo brutal tratamiento que el que se asesta a líderes de mineros y electricistas, pero el ex funcionario salinista vuela a sus anchas en su propia empresa aérea. ¡Qué tal!
“Si la revolución fuese sólo eso…”
Mes de la casi centenaria Revolución mexicana, denunciada desde su fundación por el PAN como una revolución capitalista-liberal. “Si la Revolución fuese sólo eso; si la Revolución fuese una legislación inteligente y una acción honesta a favor de la redención del trabajador; si la Revolución fuese su original programa agrario, la creación de una clase media campesina por medio del acceso a la propiedad de la tierra del mayor número de campesinos liberados del peonaje; si la Revolución fuese realmente la pureza en principios y procedimientos políticos, el sufragio efectivo y la no-reelección; si la Revolución representase verdaderamente la independencia económica de México; si la Revolución fuese verdaderamente la consubstanciación de las aspiraciones nacionales, del deseo de grandeza del país, la fuerza para liberar, limpiar a México en todos sus aspectos, nosotros también nos declararíamos revolucionarios. Pero resulta, señores, que esa concatenación de regímenes políticos y administraciones públicas mexicanas que se han venido solapando bajo el nombre de Revolución y que han culminado en ese desastre político y administrativo que es el régimen actual, es simplemente un sistema que mancilla y degrada las aspiraciones y esperanzas de México”. Eso lo dijo, en 1940, en la segunda Convención Nacional del PAN (“El suicidio del régimen”/ Humanismo político), uno de sus cofundadores, Efraín González Luna. Está científicamente comprobado: No hay que escupir para arriba.
Otras tartufadas históricas del PAN: Impedir que los líderes sindicales abusen de sus poderes y hagan caso omiso de los derechos de sus agremiados. Elecciones secretas dentro de los sindicatos, prohibiendo la reelección de los dirigentes y la obligación de éstos de rendir cuentas de las finanzas gremiales. (Postulados panistas escrupulosamente observados por los aliados del presidente designado: Elba Esther Gordillo Morales -maestros-, Carlos Romero Deschamps -petroleros-, Víctor Flores Morales -ferrocarrileros-, Valdemar Gutiérrez -Seguro Social-, Joel Ayala Almeida -burócratas federales, etcétera). En esa asignatura, el PAN hace suyo al clásico tan poco estimado: A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, justicia a secas. Nunca se diga, entonces, de esta agua no beberé. Porque, a la larga, el hartazgo abotaga los sentidos.
Petróleo, ese oscuro objeto del deseo
Crear una Comisión Especial de Estudios sobre Seguridad Social para ampliar la cobertura y para sentar el sistema sobre una base actuarial razonable, era otra mascarada azul. (Por eso seguramente, el PAN se ha opuesto heroicamente a la subrogación-privatización de servicios y prestaciones del IMSS a sus afiliados y derechohabientes, y ha impugnado el Seguro Popular, institución esquirol que mama los recursos presupuestales que debieran corresponder a los institutos de Seguridad Social con derechos de antigüedad, más que devengados.)
 La propuesta (1968), para crear el Servicio Nacional de Empleo. (Iniciativa, obviamente, cumplida a cabalidad en los últimos tres años por el presidente del empleo). A qué hablar de su iniciativa de ley (1965) contra la pornografía, tan celosamente custodiada (en los archivos) por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la gomezmontiana Secretaría de Gobernación.
Mejor hablar de su proyecto de Economía: Planificación económica, impuestos, redistribución de los ingresos y prohibición de los monopolios o carteles (sin tocar el de la legítima violencia del Estado). En materia de contribuciones al fisco, en 1962 el PAN se sublevó contra el impuesto de uno por ciento para la educación, “porque”, alegó, “impactaría más al pobre que al rico”. Y toda una joya de congruencia opositora: Proteger los derechos del subsuelo del país, en particular los yacimientos petroleros cercanos a la frontera con los Estados Unidos y los de la plataforma continental (1969); congruencia traicionada porque, en el poder, duele más el pellejo que la camiseta.
Cuando el amparo era sacrosanto
Y aquí, un tema de palpitante actualidad: En 1953, el PAN propuso una reforma al artículo 107 de la Constitución para expeditar los juicios y proteger el derecho de amparo. En 1966 y 1968, porfió en la ampliación de la cobertura de la protección de la justicia federal. Volvió a la carga sobre esta cuestión a finales de 1968, montándose en la cresta del oportunismo al calor de la sangrienta represión estudiantil por el nunca bien recordado Gustavo Díaz Ordaz, paisano de Javier Lozano Alarcón. Ahora, el gobierno del presidente designado califica pérfidamente de “aventura” la promoción de ese recurso. ¡Cosas veredes, Sancho!
Ese es el partido que, a la sombra de Lucas Alamán y Francisco Bulnes, organiza los “festejos” del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Para vergüenzas no ganamos, ¡Vámonos con Pancho Villa! Diciembre de 2000, “dejó Zedillo pasar americanos/ Diez mil soldados/ 300 aeroplanos/ buscando al Peje/ queriéndolo matar! Órale.
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