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El hoy gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez, al comentar hace algunas semanas el asesinato del candidato del PRI a la gobernación de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, especuló que el próximo crimen podría ser contra un gobernador. El pasado domingo 21 de noviembre, en la ciudad de Colima, fue ultimado el ex gobernador priista del estado del mismo nombre, Silverio Cavazos Ceballos. Con independencia de la condición nominal de las víctimas políticas, es evidente que la delincuencia, común u organizada, está levantando la mira. Los homicidios de presidentes municipales, a estas alturas, ya se remiten a espacios interiores de medios impresos o sólo merecen una mención en los electrónicos. Sobre el macabro caso de Colima hay mucho que decir, al margen de que la autoridades competentes determinen en su momento los móviles del asesinato. Desde luego, la historia reciente de dicha entidad, no es diferente a las de otros estados de la República, donde el crimen organizado ha sentado no sólo sus reales, sino sus cuernos de chivo, pero acaso la malicia del grupo político dominante en ese territorio ha atenuado sus resonancias. Una primera referencia cronológica nos remite a la Operación Cóndor ejecutada por el Ejército a mediados de los años setenta del siglo pasado en el Triángulo dorado -Sinaloa, Durango y Chihuahua-, que desplazó a los principales capos hacia Jalisco. Al poco tiempo se supo que, utilizando la posición estratégica del puerto de Manzanillo, los jefes mafiosos avecindados en Guadalajara habían abierto el corredor Tecomán, Colima-Meseta Purépecha-Michoacán, para movilizar la droga, que les llegaba por vía marítima, hacia los estados del noreste. No se precisó a ciencia cierta si el estratega de esa operación era el sinaloense Manuel El Cochiloco Salcido Uzeta, pero éste se instaló, bajo el seudónimo de ingeniero Jiménez, en la inmediaciones entre Colima y Jalisco, donde desarrolló un esquema de relaciones públicas que hizo convivir “socialmente” en su rancho a destacados funcionarios del estado y federales, incluyendo legisladores. A su muerte, en 1991, en la capital tapatía, el gobernador colimense Elías Zamora Verduzco lo identificó, con su seudónimo, como benefactor del pueblo de Colima. Durante el sexenio presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, militares de alto rango -algunos aún en capilla en la nómina del Ejército- denunciaron vínculos de la familia política del mandatario con el narco. En todo caso, hacia 1997 se lanzó una ofensiva contra los hermanos Amezcua -Adán el capo mayor y Luis y Jesús-, identificados por la DEA como los reyes de las anfetaminas, cuyas conexiones desde Colima se extendían a al menos a once estados de la Unión Americana. Ya en junio de 2007, siendo gobernador Cavazos Ceballos, provocó sensación internacional el arresto de Zhenli Ye Gon, a quien la PGR le imputó haber introducido por Manzanillo unas 60 toneladas de seudoefedrina, al través de la empresa Rimed Pham Chem de México. En otro escenario, Cavazos Ceballos enfrentó, hacia mediados de 2008, un enervado conflicto por límites territoriales (sobre 500 kilómetros cuadrados de predios, precisamente de los municipios de Manzanillo y Tecomán; Minatitlán y Cuauhtémoc), con el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez; conflicto latente desde que, en diciembre de 1992, el jalisciense Alberto Cárdenas Jiménez recurrió a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los caballos (que remitió el caso al Senado), reclamando aquella superficie. Entonces (2008), Cavazos Ceballos se sintió desafiado por su homólogo y espetó: “Si quiere guerra, la tendrá”. Disputa por territorio, se dice ahora en el combate contra el crimen organizado, pero en aquel caso el diferendo se parapetaba en la apetencia de yacimientos de hierro, desarrollos turísticos y la Playa de Oro. Puede hacerse abstracción sobre los móviles de reciente crimen, pero un hecho cierto es que, el ex candidato derrotado a la gobernación de Colima, el panista Leoncio Mora mantenía abierta una denuncia contra Cavazos Ceballos por “enriquecimiento ilícito”, consistente, básicamente, en la propiedad de una residencia de diez millones de pesos. Sombríos signos, los anteriores, de cómo anda la política y el clima de ingobernabilidad en el país: No paga meterse entre las patas de los caballos
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