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Hacia la sucesión de 2012
Prepotencia
de la dictadura togada
Aquí nomás mis chicharrones truenan.
Desplante de los déspotas
Lo dicho por la zoología, maliciosamente adaptada, sigue siendo aplicable a los políticos “a la mexicana”: El hombre es el único animal capaz de tropezarse dos veces con la misma piedra. Otra sentencia popular habla de aquellos que se obcecan en dar patada al aguijón. De nada parece servir que, sobre todo los filósofos, recomienden aprender de los errores del pasado para no repetir los mismos y con las mismas consecuencias, invariablemente trágicas.
Nada indica que hayan aprendido algo los partidos políticos ni los organismos electorales, teóricamente autónomos, de los fraudes  electorales en las elecciones presidenciales de 1988 y 2006. Unos y otros se aferran a usos y costumbres que predominaron en los tiempos del partido casi único, el Revolucionario Institucional, y sus reglas no escritas: La pretendida transición democrática se quedó untada a la fétida placenta del viejo régimen y la alternancia sólo se ocupó -en la cima de la pirámide de la administración pública- en cambiar de predadores y, en la base, conservar a la horda devoradora del erario gubernamental. Fuera de eso -dicho sin ánimo de ofender a damas productivas-, caciques partidistas y candidatos se refocilan con ofrecer cotidianamente a los electores procaces espectáculos de verduleras, siguiendo rigurosamente el afamado manual y el lexicón patentados de la Academia Fox.
No por otra cosa, el sedicente presidenciable secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio da a las televisoras monopólicas -que tienen como prototipo de la docencia y la decencia a la peruana Laura y a la cubana Niurka- el rango de eximias educadoras de la niñez mexicana y ofrece a título honorífico compartir la responsabilidad de la dependencia a su cargo y el ingreso al Colegio Nacional, al modelo de hijo, esposo y padre de familia, Juan Osorio. Seguramente a esto se refiere el romo diputado panista Justiniano Arriaga cuando, en recalentada turbulencia antijuarista, blasona de que el PAN hace política desde una perspectiva superior a una visión meramente liberal. Aplausos.
La historia no
los absolverá
Con el Partido Acción Nacional (PAN) en el ejercicio, no de la autoridad, sino del poder presidencial -ahí donde no hay legitimidad, no hay autoridad-, México llegó al bicentenario de la Independencia. Y la efemérides jaló la punta originaria del hilo conductor de la historia nacional. Un ensayo anónimo publicado en 1871 en La Sociedad Católica -donde se camuflajearon los monarquistas nativos que en junio de 1867 perdieron a su Maximiliano- nos presenta estas certezas:
1) La revolución era promovida por grupos de hombres interesados en cambiar el orden social, y siempre dividía a la sociedad en dos bandos: el conservador y el revolucionario;
2) el primero, defendía los principios trasmitidos por la tradición y alegaba en su favor la prescripción autorizada por los siglos y reconocida por las generaciones. El elemento revolucionario, trataba de conquistar para sus ideas e intereses una sanción nueva en la fuerza de sus propios hechos, pero, como violaba los principios (AGI: consagrados por la tradición, hay que decir conquistadora y medieval), tenía necesidad de legitimarse; de ahí que los hombres de la revolución se esforzaran por la formación de constituciones. Esta idea de la revolución explicaba la lucha entre los partidos liberal y conservador mexicanos.
A la izquierda: magistrado Castillo González.
En esa línea de análisis, huelga recordar que -desde su fundación- al PAN se le identificó como heredero ideológico y programático del Partido Conservador del siglo XIX, con sus hitos cíclicos que le permitieron detentar a medias el poder político. El Partido Conservador, al que indistintamente se le había llamado iturbidista, centralista, escocés, neomonarquista, cruzado, defensor de religión y fueros, y reaccionario, “no tuvo unidad de bandera y nunca se organizó debidamente. Otro factor que lo debilitó, fue que los grandes propietarios y todas las personas más influyentes que llevan el título de conservadores no colaboraron con el Partido Conservador cuando llegó al gobierno, de suerte que los empleos los dejaba el partido en manos de hombres de poca categoría, quienes se auxiliaban de los liberales moderados y de esa clase de hombres ‘cuyo partido es el de acomodarse con el que manda”. (Víctor José Martínez: Sinopsis histórico-filosófica y política de las revoluciones mexicanas, 1884.)
El partido de la
restauración
Se convierte, la anterior, en una lectura de actualidad para entender lo que pasa con el PAN en su ascenso electoral. Don Luis Calderón Vega, padre de Felipe Calderón Hinojosa -cuando el partido cumplía 40 años- decía que la burguesía encontró ayer, como encuentra hoy, pretexto para alejarse del PAN, tranquilizar su conciencia y adoptar al PRI. De este modo, eventualmente, el PRI ganó los sectores burgueses y perdió el poco sentido revolucionario que le quedaba. “No tardó el Régimen en contar con intelectuales y plumas a su servicio para convertir en fábricas clandestinas de calumnias contra Acción Nacional, ya las altas oficinas del mismo Poder; ya los mentideros que sirven de magnavoces a la opinión gubernamental”.
Degenerada su génesis doctrinaria -recuperó a los sectores burgueses que eventualmente había ganado el PRI, pero perdió el poco sentido humanista que le quedaba-, al tomar la Presidencia de México el PAN conserva las bestiales tesis de gobierno de la tecnoburocracia neoliberal y en la práctica mantiene en la administración pública a cuadros extraídos del viejo PRI y restaura las mañas, los vicios y la inverecundia del sistema priista, que desde la oposición prometía desterrar. Es el detestable fenómeno que, en Los partidos políticos, denuncia Robert Michels: Los sedicentes demócratas de ayer, al tomar el poder, asumen las ideas y aun las formas aristocráticas de la vieja clase que se propusieron derrocar.
No existe, pues, espacio ni voluntad para la respuesta a las ingentes demandas sociales y prima, como antes, la ley de hierro de la oligarquía. Y esta aseveración vale lo mismo para los poderes Ejecutivo y Legislativo, que para el Poder Judicial. Hace apenas unos años, casi al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo –quien, por cierto, a cinco días de haber asumido la presidencia de la República acometió la disolución de la nómina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una reforma constitucional que le permitió relevar a los ministros a sabor de su proyecto de gobierno (sólo conservó a Mariano Azuela Guitrón), eliminando por añadidura la inamovilidad hasta los 70 años de edad-, el Poder Judicial federal reclamó para sí la condición de poder político, en cuyo caso queda expuesto a las mismas vomitivas venalidades que pudren a los detentadores de los otros dos poderes de la Unión.
(En el análisis de esa reforma, renombrados constitucionalistas hicieron una consideración un tanto críptica para no iniciados, afirmando que la Suprema Corte permanece como un tribunal constitucional y no de legalidad, si bien “explican” la idea principal de su “fortalecimiento” en relación con los principios constitucionales del juicio de amparo. ¿Qué quiere decir tribunal no de legalidad…?)
Régimen fascista
vergonzante: LCV
Desde que, en 1940, el PAN empezó a participar en la pugna electoral municipal en Tampico, Tamaulipas (hasta 1946 logró el reconocimiento de su primera victoria en Quiroga, Michoacán), la constante del discurso panista fue la denuncia del fraude electoral. En un recuento hasta 1977, Calderón Vega habla de los triunfos que le fueron arrebatados al panismo, y denuncia los grandes fraudes que el régimen, fascista vergonzante, ha cometido contra el pueblo y el PAN. (Una ley física dispone que el bumerán retorne a su lanzador y en una distracción lo hiere.)
Hasta ese año, las derrotas de los candidatos del PAN a la presidencia de la República fueron atribuidas al fraude, en diversas modalidades, cometido por el PRI como instrumento del régimen. Ya en abril de 1983, es el ingeniero Manuel de Jesús Clouthier del Rincón (+) quien lleva a los Estados Unidos la denuncia de que al PAN le fue robada la elección presidencial de 1982. En 1988, el PAN, que adoptó una intransigente y violenta actitud en el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, de calificación y declaración de Presidente electo, se sumó transitoriamente a la denuncia del fraude que permitió el asalto a Los Pinos a Carlos Salinas de Gortari. Pero el gira que gira, el sube y baja de la rueda de la fortuna política le permitió al PAN, por fin, alzarse con la presidencia de México en 2000. Entonces empezó otra historia.
A la izquierda: magistrado Castillo González.
La academia
toma la palabra
Parte de esa historia es contada en Los límites de la democracia en México/ Elecciones 2006, por los investigadores Juan Antonio Cruz Parcero, Fernando Castañeda Sabido, Marta Singer Sochet, Javier Corral, Alin Aké Cob, Luciano Mendoza Cruz, Carlos Hernández Alcántara y Angélica Cuéllar Vázquez, en voz de José Agustín Pinchetti. El estudio, coordinado por los maestros Fernando Castañeda Sabido y Angélica Cuellar, y auspiciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue presentado el pasado 15 de marzo en el auditorio Lucio Mendieta y Núñez de dicha facultad en CU.
Sin cambios, nuevos
riesgos para 2012
Uno de los especialistas en la materia, invitado a presentar la edición de ese estudio, el profesor Iván García Gárate, puso el acento de su análisis en los riesgos de que en 2012 se reproduzca la aciaga experiencia electoral de 2006, habida cuenta que el andamiaje jurídico desde el que operó entonces la elección presidencial permanece, en sus aspectos básicos, intacto, y queda poco tiempo para que el Congreso de la Unión introduzca en el régimen electoral cambios sustanciales que se anticipen y eviten una nueva crisis. De hecho, de acuerdo con jurisprudencia de la Suprema Corte, toda reforma a la legislación electoral debe promulgarse 90 días antes de que inicie el proceso que va a normar y al Instituto Federal Electoral le restan escasos ocho meses para poner en marcha el proceso de elecciones generales de 2012. Subrayó, como característica del desenlace de la calificación de la elección presidencial por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2006, la decisión unánime de los magistrados (que en expedientes anteriores decidieron por mayoría), quienes optaron por el consenso pactado como salida política, más que jurídica, al conflicto generado por las transgresiones a la norma en la elección presidencial, sin compadecerse de sus propias sentencias previas, en las que que, apelando al concepto causal abstracta de nulidad , dispusieron la anulación y reposición de elecciones de gobernador en los estados de Tabasco y Colima. Cuestionó, de paso, el celo de los abogados por conservar en el castillo de la pureza el Derecho, y planteó la conveniencia de que se acepte que el Derecho se abra a la contribución de otras ciencias (la sociología jurídica, por caso) para matizar la ortodoxia formalista en su aplicación.
En su maciza investigación La actuación del TEPJF en las elecciones del 2006/ La falta de justificación del dictamen de la elección presidencial, Juan Antonio Cruz Parcero se remite, con Santiago Nieto (Interpretación y argumentación jurídica en materia electoral/ una propuesta garantista) a los expedientes en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los casos de Tabasco -2000- y Colima -2003- reconoció la causal abstracta de nulidad para revocar los resultados de la elección de gobernador. “En esta decisión (caso Tabasco), se sostuvo que las resoluciones no deben velar sólo por la legalidad de los procesos electorales, sino también por su constitucionalidad, donde entran en juego los llamados principios constitucionales. La decisión fue novedosa y muy celebrada porque -en contra de una larga tradición formalista- hace valer los principios constitucionales como verdaderas normas que deben guiar la aplicación del derecho”. En el caso Colima (el Tribunal) nuevamente invocó la causa de nulidad abstracta y entró a conocer las pruebas que habían sido rechazadas por el Tribunal local. No fue extraño que se llegara a decir que, en la Sala Superior (del TEPJF), se hacían mejores sentencias que en la misma Suprema Corte de Justicia.
la izquierda: magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata
2006, la peor solución en
la historia del TEPJF
En el mejor momento por el que pasaba el Tribunal Electoral, afirma Cruz Parcero, se tuvo que decidir el caso más importante y controvertido de su historia: El de las elecciones presidenciales de 2006. Lo paradójico es que, en el caso más importante, se logró hacer lo que muchos hubiéramos pensado que era más difícil de hacer: Que se dejara de lado toda la experiencia, toda la fortaleza que tenía el TEPJF y elaborar la peor resolución de su historia.
En la recapitulación del dictamen del TEPJF, el investigador citado aborda la petición de la Coalición por el Bien de Todos de que recabe diversas pruebas sobre irregularidades en el proceso, solicitud rechazada por el Tribunal, alegando que le corresponde al interesado presentar las pruebas y no a la Sala Superior allegárselas por tratarse de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional. En cuanto al impacto de las campañas negativas para estimar cuándo la voluntad del ciudadano ha sido afectada de modo que pueda considerarse que se ha transgredido el principio de voluntad del sufragio, el autor recuerda que el dictamen afirma que la Sala Superior “no encuentra elementos que pongan en evidencia los efectos producidos por las campañas electorales y en particular por los mensajes promocionales referidos” (la propaganda negativa.)
Un tema de suyo punzante, es la intromisión de Vicente Fox en el proceso, sobre la cual el Tribunal adujo que las declaraciones analizadas del Presidente de la República se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final…
Excusa inaceptable,
la carga de la prueba
En el primer punto -el de la solicitud de que el Tribunal recabara pruebas sobre irregularidades denunciadas por la Coalición-, el autor sostiene que, aun cuando la calificación de la elección presidencial sea de carácter administrativo, esto no implica que sea aplicable el principio de quien afirma prueba, ni que los principios constitucionales no vinculen u obliguen a los magistrados a investigar de manera activa si existieron o no violaciones graves a la equidad y limpieza de la elección. Apoyado en el profesor José Roldán Xopa, Cruz Parcero asegura que del carácter administrativo de la “calificación” de la elección presidencial, no se deduce que el Tribunal haya tenido que rechazar la solicitud de la Coalición si ello contribuye a tener más evidencias sobre las violaciones que se estaban alegando. “Tampoco se deduce que opere el principio de ‘quien afirma debe probar’, pues la autoridad es la encargada de velar por un interés o bien públicos como es el de tener elecciones libres y equitativas, por lo que debió haber procedido -con mayores facultades- a indagar y proteger dichos bienes. En este caso se trataba de velar por el cumplimiento de los principios que rigen el proceso democrático, de forma que la certeza y la equidad en tanto principios rectores, le obligaban a recabar las pruebas necesarias, máxime cuando habían sido ofrecidas por un partido político y eran pruebas pertinentes y relevantes”.
En el punto de la propaganda negativa (spots del Consejo Coordinador Empresarial), el autor opina que los spots constituyeron y llevaron, en forma inequívoca, un doble mensaje llamando a defender el statu quo, en contra de lo que la Coalición postuló en torno a la necesidad de un cambio de modelo económico. Al respecto, el Tribunal concluyó que la irregularidad que ha quedado establecida, por sí misma, no es determinante para el resultado de la elección, “ya que no obran elementos probatorios en autos que demuestren fehacientemente el impacto de los spots difundidos (…) para establecer su grado de penetración entre los electores”. Cruz Parcero replica que la valoración de la evidencia es breve y que si bien los magistrados mencionan que no se probó el impacto en los electores, lo cierto es que se les olvidó evaluar las pruebas que tenían y que, dicho en sus propios términos, eran idóneas para determinar tal impacto. “Lo anterior no puede ser otra cosa que negligencia grave, ya que su valoración está hecha sobre un olvido inexcusable de pruebas que ellos mismos sostienen que tienen en el expediente, que son ‘de alto impacto’ y que, en sus propios términos, son idóneas para determinar el impacto de los spots”.
El quite a
Vicente Fox
Finalmente, para efectos de esta reseña, Cruz Parcero describe el contexto en que se produjo la intromisión de Fox, recordando el ambiente de confrontación previo al proceso electoral entre el Presidente y el entonces jefe de Gobierno del DF. “Si bien cualquiera puede aceptar la opinión de los magistrados de que la crispación política es responsabilidad de ambas partes, lo que es más difícil de aceptar es que, una vez iniciado el proceso electoral, donde uno de estos actores es candidato y el otro no, a ambos se les considere igualmente responsables, atenuando la responsabilidad que sí tiene el Presidente de la República al intervenir sin derecho alguno en un proceso electoral, atacando a uno de los candidatos y defendiendo al de su partido”.
Los magistrados afirman en su dictamen, continúa Cruz Parcero, que las declaraciones del Presidente en su momento impregnaron a su auditorio y pudieron contribuir en alguna forma a determinar su intención de voto, pero esta influencia tuvo que verse disminuida por otros aspectos, “En adelante, sin haber determinado la influencia de las declaraciones, y habiendo ya incluso tratado de debilitar su impacto, pasan a considerar nuevos argumentos. Lo que contrasta aquí es el modo imperativo, como si hubiese sido algo que debió darse concretamente, ‘tuvo que verse disminuida’ (la influencia de las declaraciones), cuando todas sus consideraciones no han sido más que especulaciones sin sustento”.
El trabajo de Cruz Parcero tiene un epílogo espeluznante: “Una de las implicaciones más importantes es que muchos de los problemas que se han señalado, no han sido resueltos ni corregidos por las reformas que se dieron posteriormente. Es decir, las condiciones para que nos vuelva a ocurrir lo mismo están ahí. Si en las próximas elecciones de 2012 volvemos a tener una competencia reñida, campañas políticas sucias e inequitativas, prácticas fraudulentas, etcétera, nos veremos envueltos de nuevo en el mismo problema.
“El TEPJF estará de nuevo sometido a presiones e intereses poderosos, se replanteará problemas interpretativos, usará el mismo criterio de determinancia que tanto hemos criticado. Y siendo francos, así vistas las cosas, los incentivos para que los partidos lleven a cabo prácticas fraudulentas (y para intervenciones ilícitas de terceros) son grandes, ya que el costo que se puede llegar a pagar es menor e improbable. Si no se hacen algunos ajustes urgentes al marco normativo, lo que sucedió en 2006 se puede repetir y creo que hemos comprobado que la falta de legitimidad democrática de un gobierno nos lleva al estancamiento o al atraso en todos los aspectos”.
Tan poco confiable como
el Colegio Electoral
Que tal sea el epílogo del análisis comentado, sin embargo no cancela la aberración de origen que desencadenó la crisis política que vivimos en estos días como consecuencia de los sucesos electorales de 2006. José Antonio Cruz Parcero la informa con esta tesis: El dictamen -de la designación del candidato presidencial del PAN Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República- se asumió por consenso de los siete magistrados del TEPJF. Esto es un dato hasta cierto punto interesante que muestra que se trató de una decisión más política que jurídica, dado que, si uno revisa las decisiones más relevantes del tribunal, se aprecia que casi todas han sido decisiones por mayoría. “El hecho de haber llegado a un consenso en caso tan polémico, es quizá muestra de debilidad del tribunal ante las circunstancias de ese momento y las presiones que existieron. Tal debilidad pudo ser la razón de haber llegado a un acuerdo para resolver de manera unánime, de forma que la resolución tuviera más peso político”. Hasta aquí Cruz Parcero.
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Silva Meza: No obrar
por consigna o amenazas
En el toma y daca de las concesiones y recriminaciones entre el presidente de la República, Felipe Calderón, y los coordinadores de las bancadas del PRI en el Congreso de la Unión, no han faltado legisladores priistas que le han recordado al mandatario panista que su presencia en Los Pinos es obra de la colaboración del tricolor en la hora crítica de su toma de posesión el 1 de diciembre de 2006. El reproche priista no tendría sentido, si la legalidad de los resultados de la elección presidencial y su dictamen por el TEPJFE hubiera quedado exenta de toda duda.
A agigantar la suspicacia sobre ese desenlace político contribuyó el propio Congreso con la reforma posterior al artículo 41 de la Constitución en 2007, por la que se dispuso la renovación escalonada -en un plazo de 30 días hábiles a partir de la promulgación del decreto- de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). La publicación del decreto ocurrió el 13 de noviembre del mismo año (el consejero presidente Luis Carlos Ugalde renunció el 14 de diciembre. Su cargo fue asignado Leonardo Valdés Zurita). Pero fue hasta febrero de 2008 cuando se nombró a dos nuevos consejeros. Otros tres consejeros serían nombrados el 15 de agosto de 2008 y los tres restantes se nombrarían el 30 de octubre de 2010. Lo que no ha ocurrido. ¿Por qué, si los consejeros activos en julio de 2006 alegaron en su favor haber actuado conforme la legalidad vigente, fueron expuestos a la sospecha?¿Por qué, si una reforma a la Carta fundamental obligaba y obliga a la Cámara de Diputados a actuar en consecuencia, su cumplimiento quedó a expensas de un arreglo político (el reparto de cuotas, que en el periodo anterior excluyó al PRD) de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo, que hasta la fecha tiene al Instituto Federal Electoral con tres sillas vacantes?
El reencuentro con ese enojoso tema lo motiva el montaje televisivo que en el aniversario del natalicio de Benito Juárez se hizo en el bunker del IFE, el pasado 21 de marzo, con la asistencia de los representantes de los tres poderes de la Unión; show en el que el presidente designado, Calderón Hinojosa, hizo votos por cambios legales que no sólo regulen el acceso, sino también el ejercicio del poder. Si habla del Poder Ejecutivo, ¿es que no basta el juramento constitucional en la toma de posesión y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal?
De entre los oradores en ese evento nos quedamos con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, quien no tuvo empacho en reconocer la crisis de confianza social en los poderes de la Unión, que no es ajena al Poder Judicial de la Federación. (Por ello, dijo) “debemos llevar al extremo el respeto y la dignidad de las leyes y las instituciones”. A quienes invocan la unidad nacional, les señaló que ésta no se logra por decreto. No se establece como un programa de gobierno y mucho menos con discursos. Para decirlo pronto, la sociedad exige de todos un cambio. Lo que la sociedad no puede esperar del Poder Judicial, acotó el orador, es que atienda por consigna, que obre por amenazas, que abdique de su autonomía, de su independencia.
Si de las expectativas de 2012 se está hablando, la pedrada del ministro Silva Nieto -aunque no sea su intencionalidad explícita- pega de lleno en el tejado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Abraham García Ibarra)
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Bien entendido el caso, siete individuos inatacables en sus sentencias, conspiraron y arroparon en la jerigonza jurídica una decisión que de antemano convinieron como una salida de orden predominantemente político. Desde esta óptica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -como árbitro de la democracia electoral-, no resulta más confiable que el antiguo Colegio Electoral de la Cámara de Diputados dominado por los priistas, y cuyas atribuciones en materia de calificación de la elección presidencial fueron trasladadas a dicho organismo pretendidamente autónomo; depositario por mandato constitucional, como el Instituto Federal Electoral, de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. En el dictamen de 2006, los magistrados electorales, facultados para una discrecional interpretación de la norma, faltaron al menos a los principios de objetividad e imparcialidad, de ahí las ambigüedades de su deleznable argumentación que echó por la borda su propia meritoria trayectoria.
A propósito de presiones, en el libro fuente de estas notas, aparece una firmada por Jenaro Villamil (El servilismo, reproducida de Proceso ) sobre una reunión de unas 100 personas en Valle de Bravo, Estado de México, invitadas por Televisa. El vicepresidente de Televisa animó a los invitados a presenciar una pelea de gallos en un palenque improvisado. “De este lado, dijo Bernardo Gómez, está el gallo de Televisa y, en el otro, el gallo de TV Azteca. Emilio Azcárraga Jean se le acercó y le sugirió no hiciera esas comparaciones. Engallado, Gómez prefirió sujetar a una de les aves de pelea y les dijo a los presentes: ‘Aunque Emilio no quiere que mencione a nadie, sí quiero decirles que esto le puede ocurrir a quien se meta con Televisa’. Y DEGOLLÓ EL AVE…”.
Ley Televisa,
episodio vergonzoso
A reserva de volver sobre Los límites de la democracia en México en siguientes entregas, toquemos el tema de Javier Corral (Senador entonce y hoy diputado federal por el PAN) y Alin Ake Kob: Medios de comunicación y elecciones. La televisión en el proceso electoral federal del 2006. Se hace en él un repaso del proceso de aprobación de la llamada Ley Televisa en el Congreso de la Unión, iniciado en diciembre de 2005… “El sometimiento del Poder Legislativo en los años 2005 y 2006 al momento de aprobar la Ley Televisa, ignorando por completo las necesidades de la sociedad, ha sido uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de México. Fue una decisión injusta y antidemocrática, una terrible muestra de debilitamiento institucional en el país (…) el apoyo a la Ley Televisa se traduciría en un tratamiento preferencial sobre espacios, no medidos en la televisión, pero fundamentalmente en la no agresión a los candidatos del PRI (Roberto Madrazo Pintado) y del PAN” (Felipe Calderón Hinojosa.)
Alejándonos de la discusión “Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Obrador”, escriben los autores, es necesario señalar irregularidades en los medios que, independientemente del destino de la afectación, fueron, sin discusión, un quebranto jurídico al régimen legal de los medios de comunicación en periodos electorales.
Recordemos, continúan, uno de los spots del Consejo Coordinador Empresarial: (Imágenes de personas abriendo negocios y al final una bicicleta que se cae, fotografía predominante en colores opacos). “A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias, para que cada día surjan más pequeños empresarios, que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Ese es el camino para México, crecer, porque al crecer uno, crecimos todos; apostar a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado”.
Explican los autores: En el estudio del lenguaje, sígnico, simbólico, verbal; en disciplinas como la lingüística y la semiótica, existen dos conceptos básicos y clave: La denotación y la connotación. Estos conceptos vislumbrados por Ferdinand de Saussure, son, el primero, aquel significado objetivo y conceptual de un mensaje; el segundo, el significado añadido por la situación, el contexto y las asociaciones que dan resultado a la significación. Siendo el concepto de la campaña de Andrés Manuel López Obrador un cambio en el modelo económico, el promocional del CCE connota una disuasión del voto hacia Andrés Manuel López Obrador. Por la fotografía y la musicalización podría hablarse incluso de que intenta infundir temor”
El candidato de
las manos limpias
Ahora -siguen los autores- recordemos el spot de Sabritas: (imágenes de reportera realizando cobertura). “Joaquín, hay un lema de campaña que ha hecho eco entre la ciudadanía y es del candidato Sabritas”. Veamos. Aparece candidato, Los invito a tener como yo, las manos limpias. Aparecen los seguidores del candidato. Las manos limpias, las manos limpias, las manos limpias. Regresa la reportera a cuadro. “Es lógico lavarse las manos antes de comer Sabritas. ahora estamos a la expectativa del debate ¿y tú? ¿por quién votas?”.
Explican los autores: Considerando que “las manos limpias” fue uno de los primeros slogans de la campaña de Felipe Calderón, es claro que el promocional invitaba a votar por el candidato del PAN. Además, son inolvidables los anuncios que vinculaban a López Obrador con Hugo Chávez y lo mostraban como un peligro para México. Éstos fueron patrocinados por un organismo de nombre “Ármate de valor”. Estas contrataciones, con independencia de sus contenidos, contravenían el antiguo artículo 48.I del Código Electoral que estipulaba como derecho exclusivo de los partidos la contratación de tiempos en radio y televisión para efectos electorales. En el artículo 38.I inciso P del que aquel entonces era el Código Electoral, se prohibía utilizar en las campañas la injuria, la denostación y el insulto. Incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había anulado comicios en otros estados, utilizando el argumento de la campaña negra…
Los magistrados politizados, al dictaminar en septiembre de 2006 la elección presidencial, obviamente no vieron lo que millones de mexicanos vieron. Ni siquiera las violaciones específicas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. O al pacto de neutralidad promovido previamente por el IFE. Los magistrados unanimistas fueron: Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alejandro Luna Ramos, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata.
La señora Navarro Hidalgo, el 5 de septiembre de 2006, pronunció una parrafada para los bronces: “No hay elección perfecta. Pensar lo contrario es una utopía; es una realidad de la que todos debemos partir, una fantasía que ni los más avezados en la ciencia política se atreven a desmentir. Lo destacable es que hay que juzgar los acontecimientos de acuerdo con nuestra realidad fáctica y no con base en quimeras”. La sintaxis tarabintantiguladita es de la propia magistrada. “Nuestra realidad fáctica”: La octava juzgadora.
“La democracia
Imperfecta”
Hace algunos años, el ahora Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, codificó al régimen mexicano como dictadura perfecta. Y algunos panistas, casi jubilosos, sintieron que el escritor hacía justicia a su propia convicción en cuanto hace a la denuncia de la dictadura priista. Hace unas semanas, Vargas Llosa tipificó al actual régimen como democracia imperfecta. Y algunos panistas, encanijados, casi piden su deportación. Así actúan los del humanismo político.
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