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El huevo de la serpiente
El pasado 27 de junio, la gobernadora del estado de Carolina del Sur, Estados Unidos, Nikki Haley, firmó la ley antiinmigrante SB 20, muy parecida a la SB 1070 de Arizona. En ambas se criminaliza a los indocumentados y se faculta a la policía a investigar el estatus migratorio de cualquier persona con base en su apariencia.
Carolina del Sur se suma a los estados de Arizona, Utah, Georgia y Alabama, donde ya se han aprobado leyes similares contra la inmigración ilegal.
En el estado de Georgia, La Ley HB 87, de contenido similar a las de Carolina del Sur y Arizona, entraría en vigor el pasado primero de julio pero Thomas Trash, juez de la Corte Federal en Atlanta, capital de Georgia, bloqueó las secciones de la ley que permitían a las autoridades locales verificar el estatus migratorio y penalizar a quienes transporten o alberguen a inmigrantes indocumentados.
Con la HB 87 se prohíbe a las dependencias o empleados estatales de Georgia prestar algún servicio de beneficencia pública a los inmigrantes indocumentados, incluyendo la ayuda en alimentos a madres solteras y lactantes.
Al igual que en casi todas las grandes ciudades de la Unión Americana, los indocumentados son reclutados en sitios específicos para realizar labores que los ciudadanos estadounidenses no harían, incluyendo la limpieza de letrinas y el transporte de basura peligrosa.
La ley migratoria de Georgia, promulgada en mayo por el gobernador Nathan Deal, es una de las más duras y una coalición de organizaciones, encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Sindicato de Trabajadores de Servicios, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos y el Centro Nacional de Ley de Inmigración, presentó a principios de junio pasado una demanda por considerarla inconstitucional.
Referentes de odio
El año pasado, durante la controversia por la SB 1070 de Arizona, una radiodifusora de Columbus, Ohio, organizó un concurso donde el premio consistía en un viaje a Arizona con el fin específico de “pasar un fin de semana persiguiendo indocumentados”.
En general, los exponentes más radicales de la derecha estadounidense marginan el hecho irrebatible de que centenas de miles de “americanos” son de origen mexicano que cuentan con la ciudadanía, al igual que muchos de otros países no anglosajones.
Fue el 23 de abril del año pasado cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la Ley SB 1070, calificada entonces por propios y extraños como la más dura y represiva en contra de extranjeros.
Con la SB 1070, la entrada y permanencia en Arizona de inmigrantes indocumentados es considerada un crimen y quienes lo cometan pueden ser apresados de inmediato y sometidos a juicio penal.
Con la controvertida ley, la policía regular puede “identificar y detener” a toda persona que no acredite de inmediato su legal situación migratoria.
Aún más, cualquier ciudadano de Arizona podrá denunciar y solicitar la detención de quien sospeche es un “ilegal”.
Las penas, se dice, no son tan severas: los detenidos pasarán seis meses presos y pagarán multa de 2 mil 500 dólares.
La puerta a más abusos
En Arizona viven casi dos millones de mexicanos, entre ilegales y legales, que naturalmente comparten rasgos físicos y, en consecuencia, las mismas “sospechas” de ilegalidad.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos hay casi 12 millones de indocumentados en ese país y 460 mil están en Arizona. Del total de inmigrantes, más del 60% son mexicanos.
También hay asiáticos, sudamericanos, caribeños e incluso europeos cuyos rasgos bien se pueden confundir con los mexicanos. La policía igual podrá detener a cualquiera.
En lo sucesivo, el color de la piel, la apariencia, el lenguaje y su acento, serán las bases de la “sospecha”.
Un efecto ciertamente vergonzante, todavía más, sería que por “sospechas” tales la policía detuviera a no pocos alcaldes, abogados, jueces y concejales de claros rasgos “latinos”.
Flaca memoria
Aparte del contenido evidentemente discriminatorio de la SB 1070 y sus secuelas, hay mala fe y desprecio a la contribución de los trabajadores mexicanos en el desarrollo de infraestructura urbana y carretera en Estados Unidos.
Los obreros mexicanos, “ilegales” y legales, fueron quienes levantaron edificios, hoteles, hospitales y carreteras en lugares donde los anglosajones se niegan a trabajar.
Por otra parte, los críticos de la ley hacen notar que el surgimiento de iniciativas como la que dio lugar a la SB 1070 ilustra “el fracaso de Washington para implementar una verdadera reforma migratoria”.
Y como advertimos, al igual que otros analistas, se generó un “efecto cascada” y “el desatino de Arizona”, como lo calificó el Washington Post, está siendo imitado por otras legislaturas estatales, incluidos ahora Georgia, Carolina del Sur, Missouri, Pennsylvania y Minnesota.
La viga nacional
Y si esas leyes son irresponsables, a más de racistas y discriminatorias, el gobierno mexicano no puede dejar de atender su propia responsabilidad en la emigración de mexicanos.
Tampoco los empresarios, que muy poco contribuyen a la creación de empleos con salarios dignos en nuestro país.
El salario mínimo en México es más de 10 veces inferior al de Estados Unidos.
Es momento de evaluar políticas y plantear estrategias de crecimiento al margen de la política irresponsable que padecemos.
Bisnes ar bisnes
En febrero de este año, Human Rights Watch y líderes de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, pidieron al gobierno mexicano que exija una investigación, al gobierno de Obama, ante las denuncias de nexos entre una empresa que controla 65 cárceles y centros de detención en ese país con políticos que impulsan leyes antimigrantes, como la SB 1070 de Arizona.
Según las denuncias, la empresa y sus cabilderos políticos impulsan leyes que convierten la inmigración indocumentada en delito para que se pueda encarcelar al mayor número de ilegales.
Las cárceles son en Estados Unidos un excelente negocio para las empresas que las reciben en concesión; cada preso representa ganancias de miles de dólares al año.
Según el Center for American Progress, un organismo no gubernamental de Washington, detrás de la promoción de leyes anti inmigrantes está la Corrections Corporation of America.
Esta empresa administra 65 cárceles y ganó en 2010, con las detenciones de migrantes, 74 millones de dólares.
Negocios son negocios, dirán, y las verdaderas intenciones de políticos republicanos, como la gobernadora de Arizona, Janice Brewer, están quedando al descubierto.
Tamborazos
-El “cambiazo” no se ve por parte alguna, como no sea en reversa. Y así van, sin descargo alguno para quienes se aprestan al abordaje. (
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