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Casino Royale, otro “daño colateral”.
El otro terrorismo
Las 52 muertes en el Casino Royale de Monterrey, el drama de los daños “colaterales” que, se quiera o no, son consecuencia directa de la incapacidad, negligencia y corrupción del aparato gubernamental en todos sus niveles, se inscriben en la reiteración de un contexto nacional kafkiano, al punto de la barbarie.
Que iban sobre el inmueble y no la gente, declararon los siervos del crimen, un tanto ineptos en todos sentidos, apresados con una rara celeridad por las autoridades de común inservibles en asuntos de investigación e inteligencia policiaca.
Que les advirtieron a los clientes del tugurio que se salieran pero no pudieron y los infaltables abogados (¿habrá alguno confiable?) justifican prestos a sus patrones: que sí había salidas, que no eran puertas falsas, que les ganó el miedo y etcétera, en la retahíla infumable.
Las medidas anunciadas y en marcha, la virtual invasión de Nuevo León por la PFP, el ejército y marina que, como se ha visto, no parecen tener más resultado que acentuar la escalada de violencia y perjuicios mayores, son más de lo mismo, sin posibilidad de solución a la vista. Lo dicta la experiencia, la realidad.
Y sin ir lejos, la policía descubre a la policía: el agente Miguel Ángel Barraza es identificado como presunto responsable de brindar ayuda a los incendiarios del casino.
En otra banda (literalmente) un hermano del presidente municipal ¿la licencia arregla? no termina por aclarar sus movimientos y cobranzas en el antro quemado.
Abriendo camino
En lo del casino (las casas de juego son otra plaga de alta contribución al deterioro social, que cuenta con la complicidad de los gobiernos) se habla de “terrorismo” y lo es en sus consecuencias, pero no parece serlo en su motivación conocida.
Los patrones de los incendiarios que provocaron la muerte de 52 inocentes, hicieron lo que de común hacen para obligar a pagar a quienes chantajean con la “protección” delincuencial.
Mandaron a chambones, las cosas salieron de curso y el resultado trágico está a la vista.
Los actores materiales son simples escorias, carne de cañón, parte del ejército de la descomposición social mexicana que es mucho más grande que el otro.
Pero la aceptación del “terrorismo” sirve bien a otros propósitos en la óptica del gobierno. Permite excesos del otro polo y medidas de excepción, cuya profundidad aún no percibimos, configurando un contexto de suyo ominoso en las vísperas electoreras.
“Terrorismo”, para que todo se valga y nadie se dé por sorprendido. Por lo pronto, la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional es el objetivo de corto plazo.
Hasta dónde pueden llegar, pronto se sabrá.
Mario López Valdez, se sacó el tigre en la rifa.
Los cómplices
En el refuego de los reclamos a destiempo, se encuentra que jueces y magistrados federales han concedido, en los últimos cuatro años, alrededor de 6 mil recursos a favor de los dueños de casinos en México.
Amparos, suspensiones de actos de autoridad y dispensas, han contribuido a que los señores de lo etéreo y aleatorio puedan abrir más, ampliar sus giros e incluso incurrir en prácticas ilegales bajo cuerda, contando con la complicidad de inspectores y autoridades mayores.
Es conocido que la mayoría termina por no pagar multas previamente convenidas para la figuración, o cubre cantidades ridículas.
Quien otorga los permisos, con bastante frecuencia sin contar con los requisitos de ley, es la secretaría de Gobernación y los ayuntamientos conceden el uso de suelo.
La revisión fiscal está a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la secretaría de Hacienda, donde todavía despacha el señor Cordero.
De Gobernación es la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, encargada de la atención, trámite y despacho de los asuntos relacionados con la supervisión y vigilancia de que se cumplan ley y reglamento.
Todo, pues, en las esferas del supremo gobierno, con cuotas de influencia para los estados y Ayuntamientos.
Y de pronto vieron
Jalados por la coyuntura, la circunstancia y la necesidad de algo medio hacer frente a los ánimos desbordados, el SAT, a la orden del Cordero titular, en un operativo de inspección a ocho casinos de Monterrey y tres del Distrito Federal, embargó siete de cada diez máquinas de juego y apuestas.
Pagó el precio de señalar verdades.
Que no acreditaron la legalidad de su importación o el cumplimiento de la norma oficial mexicana en la materia, informaron en el SAT.
La cuestión es que se trata del común denominador de los casinos y casas de juego que operan en el país, y no es creíble que las autoridades hacendarias hasta después de los 52 muertos de Monterrey se hayan dado cuenta.
El tal operativo es oportunista e hipócrita, de intenciones mediáticas y ni de lejos es una medida que enfrente realmente un problema en ascenso: la proliferación de los casinos sin control, lo que es posible por la corrupción de los que ahora se quieren erigir en garantes de la legalidad ludópata.
Millán Salazar
Quien esto escribe fue cofundador del semanario “A Discusión”, en Sinaloa, con Humberto Millán Salazar y otros compañeros.
Durante algunos años estuvimos impulsando un proyecto del que luego cada uno de los miembros del grupo original salió por otros derroteros, con excepción de Humberto.
Antes y después, Millán se caracterizó por un estilo incisivo, radical incluso en la crítica, nutrida principalmente de controversias, en el límite de las animosidades a veces, entre políticos.
Políticos eran los temas que abordaba. De la delincuencia organizada rara vez se ocupó, alguna vez de manera colateral y en relación a la política.
Como se sabe, Humberto Millán fue cobardemente asesinado el pasado miércoles 24 de agosto. De los responsables, materiales e intelectuales, nada se sabe de cierto, como de común sucede.
Los motivos políticos
El jueves 25 de agosto pasado, al punto del mediodía, en el Salón Gobernadores del palacio de gobierno de Sinaloa, tuvo lugar una conferencia de prensa encabezada por el ejecutivo del estado, Mario López Valdez, y el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros.
Ahí hablé y, entre otras cosas, dije que, desde el punto de vista ético, todos los políticos que fueron señalados, criticados y descalificados por Millán Salazar, se deben considerar indiciados, incluidos el actual gobernador y su secretario.
En la investigación, agregué, debía intervenir la PGR, porque si todo quedaba en el ámbito local, había evidente conflicto de interés.
Ambos asintieron y se mostraron dispuestos a comparecer si así se les requería; Vargas anunció que lo haría, sin necesidad de solicitud expresa.
A la postre lo hizo y se declaró, desde luego, inocente por completo, como sucede en el paso inicial toda indagación.
Tamborazos
-En el entorno periodístico de Sinaloa hay un clima de enrarecimiento, falta de garantías, incertidumbre y confusión. No hay confianza en las autoridades y la percepción es que, como están las cosas, todo puede suceder.
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