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Calderón estrangula
a Leonel Godoy
A estas alturas, no se requiere explorar en las denuncias de la oposición político-partidaria para concluir que la falta de escrúpulos de Felipe del Sagrado Corazón del Niño Jesús Calderón Hinojosa ha exacerbado su instinto de venganza no sólo contra los adversarios políticos, sino contra compatriotas que, sin siquiera asomarse a las escaramuzas políticas, terminan exterminados y dados de baja del censo de población como “daños colaterales”. Basar un juicio únicamente en la resistencia de corrientes antagonistas suele caer por su propio peso. Pero un somero monitoreo en los registros hemerográficos y bibliográficos conduce a testimonios de ex militantes o militantes aún en activo del Partido Acción Nacional (PAN) e incluso de ex funcionarios de la actual administración federal que han sido o son objeto de la fobia personal del presidente designado, que ha hecho abuso de un poder sin autoridad para sus ajustes de cuentas.
Es de temerse que en los escasos 12 meses que restan al actual periodo presidencial, la paranoia que ordinariamente se apodera de los hombres públicos a punto de perder el poder desencadene episodios trágicos que saquen de madre el proceso sucesorio que apenas ha arrancado bajo los peores augurios.
El propio mandatario -entre cuyas facultades sicológicas no acredita la ecuanimidad- ha querido convertirse en enervado beligerante en el conflicto entre los intereses que pugnan por el control de la conducción del Estado a partir del 1 de diciembre de 2012.
Una imaginaria de lo que objetivamente será la sucesión presidencial de 2012 puede construirse con los signos observados a raíz de las elecciones federales intermedias de 2009 y los sucesivos comicios para cambio de gobernador en más de la mitad de los estados federados, procesos que documentaron con creces el estrepitoso derrumbe del pretendido calderonato, pero seguramente la prueba más palmaria de la alienación calderoniana la representa a escala el caso de Michoacán, tierra natal del mandatario.
El estado de Michoacán fue una de las entidades tributarias de cuadros y contingentes más destacada en la fundación del Partido Acción Nacional, concebido por sus patrocinadores como ariete para demoler la obra gubernamental del general michoacano Lázaro Cárdenas del Río. No obstante, a lo largo de más de 70 años, el PAN no ha podido apoderarse de la gobernación estatal. El propio Calderón Hinojosa fue humillado en las urnas cuando en 1995 pretendió ser gobernador, 10 años después de que su padre, Luis Calderón Vega, fundador del partido, renunció o fue expulsado de éste por simples pleitos administrativos aunque él acusó a sus directivos de haber traicionado principios y valores que dieron soporte doctrinario a la convocatoria fundacional.
Evidentemente, Calderón Hinojosa no asimiló racionalmente aquella frustrante experiencia electoral. Con la coartada de la guerra contra el narco, a mediados de 2009 tomó por asalto la plaza en lo que ahora es conocido como el michoacanazo, con el que desmanteló gran parte de la estructura de gobierno municipal y llevó a la cárcel a alcaldes y a algunos funcionarios estatales en una acción atrabiliaria al tiempo revertida por el Poder Judicial. Desde entonces hizo objeto de una hostilidad sistemática al gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel.
Porfiado en la revancha y, en la perspectiva de las elecciones de gobernador en 2011, el michoacano habilitó como precandidata del PAN a su hermana Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa, a quien desde hace dos años puso ostensiblemente bajo el amparo militar del Estado Mayor Presidencial, al mismo tiempo que las delegaciones del gobierno federal en la entidad eran instruidas para convertirla en factotum de la aplicación de las políticas públicas financiadas con presupuesto de la Federación.
A pesar de toda la movilización de Fuerza Armada y recursos económicos, la campaña de Cocoa no levantó. Pretensión inane de oxigenar la campaña fue el desplazamiento de los precandidatos presidenciales. En esa tesitura adversa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todavía con Ernesto Cordero Arroyo en la titularidad, dispuso bloquear la entrega de participaciones federales al gobierno del estado, al grado no sólo de provocar el desquiciamiento de proyectos de obras y servicios estatales, sino de dejar el erario estatal sin recursos para pagar los sueldos de personal de estructura, llegando al extremo de -a cuatro días de las elecciones- ordenar a la Comisión Federal de Electricidad de dejar sin suministro a la Secretaría de Educación Pública.
Estas notas se entregan antes del domingo electoral. Resulta ocioso intentar pronósticos sobre los resultados de la votación. De lo que queda constancia es de que, a sus recurrentes batallas en el desierto, el presidente designado suma una más en la que se involucra al Poder Judicial de la Federación: El gobernador Godoy Rangel interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso denominado juicio de legalidad. Y eso que la sucesión presidencial apenas entra a los preliminares. Si así están los entremeses…
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