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En cinco meses:
¡Muerto el rey, viva el rey!
* Fuerte tufo de azufre deja el gobierno que se va
* Historia de discriminación contra etnias indígenas
La leyenda negra habla de que, en la década de los 90s. del siglo pasado, durante el primer gobierno confesamente tecnocrático en México, manos criminales infestaron aguas del territorio de Oaxaca con la bacteria del cólera -vibrio chorelae-, cuyo número de víctimas, mayoritariamente indígenas, nunca se conoció a ciencia cierta. El pánico colectivo fue rigurosamente administrado, con técnicas goebbelsianas, para culpar a las etnias vernáculas de su propia suerte por su poco apego a la higiene.
Al tiempo, en una auditoría al Programa Solidaridad (Pronasol), inaugurado en el sexenio salinista, miembros del Consejo Técnico descubrieron en el análisis de los subsidios presupuestados anualmente, que se computaban entregas a comunidades del sureste, cuya extinción era reportada puntualmente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
“Casualmente”, en ese periodo el depredador gobierno federal abrió el régimen de concesiones y permisos para entregar indiscriminadamente al sector privado -con las trasnacionales del refresco embotellado como segmento dominante- la explotación y usufructo de recursos hidráulicos nacionales, que en la actualidad tiene como una de las principales generadoras de monstruosas ganancias el agua embotellada, etiquetada como “fuente de salud”, aunque los males gastrointestinales como causa de enfermedad y muerte sigan prevaleciendo. Hasta los publicitados spa -salud por agua- se han convertido en el gran negocio de moda. No es casual que científicos y ambientalistas predigan que la próxima Guerra Mundial será provocada por la disputa por el agua, hipótesis que se advierte, en escala, en regiones del centro de México con abundancia del líquido pero con una gran explosión demográfica e industrial.
Cuando los criollos
azules eran oposición
Hacia los años 80s., en la elaboración de una de las plataformas electorales para elecciones federales, el Partido Acción Nacional (PAN), la alternativa católica a la Revolución, discutió la propuesta de los criollos azules de una reforma al artículo segundo de la Constitución para eliminar de su texto el concepto: La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización…
La pretensión aristocrática de algunos panistas quedó de manifiesto hace unas semanas cuando un funcionario de la secretaría federal de Desarrollo Social en Uruapan, Michoacán -Carlos Talavera Leal- confesó en Internet su asquito por las mujeres purépechas. Apenas una ocurrencia juvenil. Grave -lo que se llama grave- es saber que en México existe una población de casi un millón de niños y adolescentes indígenas en aptitud de superar la educación básica. Según la prueba de Evaluación Nacional de Logro Académico (Enlace) esa población pasó de cero por ciento a niveles de bueno y excelente y, en un rango ya de 21 por ciento del total, comparten la calidad de mejores alumnos en el sistema educativo nacional. No obstante ese rendimiento, otro michoacano, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, parece desconocer el poder emancipador e igualador de la educación o, conociéndolo, lo restringe: Sólo entre 2011 y 2012, el presupuesto para ese sector, de por si precario, fue bajado de 312 millones de pesos a 212 millones. Es que hay que respetar los guardaditos de “la maestra” Elba Esther Gordillo para tiempos de campaña electoral.
Recientemente, la titular de la Dirección General de Educación Indígena, Rosalinda Morales Garza (La Jornada, 25-I-2012) denunció que de los 22 mil 800 planteles para educar a niños indígenas más de la mitad “no tiene las condiciones mínimas de acceso a la energía eléctrica, agua, equipamiento y conectividad”.
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Sierra de Zongolica: Por
ahí no pasó la Revolución
Uno de los movimientos precursores de la Revolución mexicana se escenificó en la huelga de Río Blanco, Veracruz, el 7 de enero de 1907 -convocada por el Gran Círculo de Obreros Libres- en la que activos del 13vo. Batallón del Ejército, por órdenes de Porfirio Díaz, masacraron a entre 400 y 800 obreros, cuyos cadáveres fueron apilados en plataformas de ferrocarril y llevados a destino incierto. El paro derivó de la respuesta de Díaz en favor de la clase patronal en la industria textil de Puebla y Tlaxcala, desoyendo el clamor de los trabajadores que reclamaban mejores condiciones laborales. En solidaridad con los obreros de Río Blanco destacó la participación del tenedor de libros Heriberto Jara, al tiempo combatiente por la incorporación en la Constitución de los artículos 123 (sobre el Trabajo) y 27 (sobre la Tierra). Convertido en general, Jara fue figura señera en la lucha por los derechos sociales de la clase trabajadora en México.
Más de 100 años después, la Alianza Metropolitana de Pastores (evangélicos), en voz de Fernando Lara Todd denunció que en la Sierra de Zongolica, los indígenas son sometidos por los caciques a una situación de esclavitud -jornadas de trabajo de más de 12 horas, retribución miserable y a veces pago en especie, sin prestaciones de seguridad [social y salud. Para escapar de ese régimen semifeudal veracruzano los indígenas prefieren huir hacia los Estados Unidos, dejando abandonada su tierra y sus familias.
En otro escenario, el representante del Consejo Indígena de Zongolica, Roque Ovahua Macuixtle acusó al IMSS-Solidaridad y Centros de Salud de la zona de discriminar en atención médica a indígenas y sus familias -“porque no son de la jurisdicción”-, que son obligados a trasladarse por caminos intransitables hasta Tlaquipa, o resignarse a morir porque no pueden pagar el transporte.
La Sierra de Zongolica es famosa por el infame e impune abuso de los soldados contra mujeres indígenas, sin hacer diferencia de edades.
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Con eso estaría dicho todo, pero aún hay más: Más de 400 mil niños indígenas ven privado o vulnerado su derecho a la educación elemental. Son los niños errantes arrastrados por sus padres a los campos agrícolas y a otros mercados del trabajo infantil, donde son sometidos al expolio de la oligarquía rural o a la trata de personas en los suburbios metropolitanos. Pedir que el DIF se atienda de esos niños, es distraerlo de su interés y el interés familiar por el negocio de las guarderías infantiles subrogadas por el IMS, así éstas terminen en holocausto.
Estudios recurrentes y concurrentes informan que México ocupa el octavo lugar en el mundo por su densidad indígena (56 etnias, más de 12 millones de individuos, son los datos más coincidentes, aunque a algunos grupos se les considere en peligro de extinción por exterminio), con 68 lenguas y 364 variantes, y con presencia en la cuarta parte del territorio nacional. Organismos que abogan por los Derechos Humanos advierten que el grueso de esa población subsiste en la más atroz marginación, degradada por el hambre, el alcoholismo, el caciquismo, el despojo y el asesinato por grupos paramilitares. La política del gobierno hacia esos compatriotas se ha limitado, hasta la fecha, a programas de asistencialismo electorero.
La iniciativa de
Santiago Levy
A finales del siglo XX -después del levantamiento zapatista en Chiapas- agencias financieras multinacionales que deciden la política económica de México (Banco Interamericano de Desarrollo-BID, concretamente) patrocinaron un estudio que se presentó bajo el rubro El Sur existe. Su coordinador fue, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Santiago Levy, reclutado después por el panista Vicente Fox para dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al terminar el sexenio foxista, en 2007 se conoció un boletín del BID que da cuenta del nombramiento de Levy como Economista en jefe y gerente general de Investigación.
El articulo segundo constitucional ya citado y reformado establece en sus incisos a y a I: “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia: Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Ojo, sin embargo: La cláusula séptima recomienda apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, (y) la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas… (Hace unas semanas, Felipe Calderón Hinojosa festinó en vivo y a todo color la promulgación de la Ley de Asociaciones Público Privadas por la que el gobierno se compromete a financiar con recursos del erario obras de infraestructura y servicios que administrarán los inversionistas particulares durante plazos que van de 10 a 15 años. Qué tal.)
La matanza de Acteal.
Pues bien: La prolija investigación-propuesta coordinada por Levy hace una relación detallada de orden geoestratégico de la región sur de México, poniendo el acento en las características de su población (mayoritariamente indígena) y en el potencial sustentado en la gran y rica biodiversidad, y subrayando entre sus bienes naturales la abundancia de hidrocarburos y agua. Destaca, obviamente, las dificultades de orden jurídico-constitucional para desarrollar ese basto potencial, para lo cual existirían proyectos específicos de infraestructura y explotación que sólo la iniciativa privada, auspiciada por el Estado, podría acometer y financiar.
La bestia carroñera aparece cuando una de las soluciones sugeridas a los obstáculos detectados, consiste en cambiar el régimen de gestión comunal de la tierra y sus recursos, lo que implica una enésima reforma a la Constitución, específicamente del artículo 27 que establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación… ¿Es casual y gratuito que el BID haya integrado a su directorio al doctor Levy?
Sólo algún despistado podría creer que esa iniciativa -condensada por otro lado en la versión del Plan Puebla Panamá y la ampliación posterior de sus alcances- ha pasado al archivo muerto. Todo lo contrario: Con la naturaleza como aliada inmanente en la conspiración -el anual y devastador embate huracánico sobre la zona-, el gobierno ha encontrado la palanca -el disimulo y la simulación- para despoblar los territorios indígenas.
Chiapas, la siempre
mártir Chiapas
Desde hace por lo menos seis años, todavía durante el gobierno de Fox -después del huracán Stan, que dejó 86 muertos y miles de damnificados, el ex presidente encomendó el programa de reconstrucción a la coordinación de Josefina Vázquez Mota, quien abandonó la encomienda para asistir a Felipe Calderón Hinojosa en su campaña electoral-, Chiapas se ha venido incorporando a la lista de estados con mayor expulsión de mano de obra de origen indígena. Hace todavía algunos meses, ministros de la Iglesia católica denunciaron que aún prevalecía el criminal abandono de comunidades indígenas afectadas en 2005 en el sur de la entidad. Oaxaca, ya desde hace dos décadas, reportaba la emigración anual de unos 100 mil individuos hacia la zona metropolitana de la Ciudad de México y a los Estados Unidos.
Recientemente, organizaciones no gubernamentales informaron que la violencia -enervada por la guerra narca- ha provocado el desplazamiento interior de unos dos millones de personas en México. No se requiere ser sociólogo o estadígrafo para saber que un alto porcentaje de esos desplazados proviene de las zonas rurales, donde operan los eufemísticamente denominados grupos paramilitares, ya identificados en instancias legislativas como Escuadrones de la muerte. El otro frente de rapaces atrocidades lo han abierto el gobierno y sus contratistas en estados como Guerrero, Jalisco y Michoacán en donde, so capa de la construcción de obras de infraestructura -sobre todo para la generación de electricidad-, comunidades en resistencia han sido despojadas de sus tierras y aguas, y agredidas por no aceptar los designios gubernamentales.
El caso de San
Juan Copala
Oaxaca es residencia histórica de 16 grupos étnicos que, aunque mermados, abarcan una población de poco más de dos millones 400 mil indígenas, distribuidos en más de cuatro mil localidades en las conocidas como Siete regiones. Es de las entidades con más alta incidencia de violencia contra las comunidades indígenas.
En septiembre de 2010 -dato sólo para ilustrar el fenómeno-, la comunidad Triqui de San Juan Copala, Oaxaca, fue atacada por el grupo paramilitar conocido como mult o uibsort que masacró a 20 personas y dejó heridas a un número indeterminado. Ahí se asesinó impunemente también a dos locutoras indígenas de una radio comunitaria. Temerosos de un nuevo ataque, unos 200 indígenas emprendieron La marcha del color de la sangre hacia la Ciudad de México, desde donde, con el apoyo de organismos civiles, gestionaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH.)
A finales de enero pasado, el grupo decidió abandonar su asilo obligado en un campamento instalado en el Centro Histórico de la capital de México para regresar a su comunidad, no sin expresar su inquietud por la falta de garantías de que no se repetirá la agresión, pese las recomendaciones de la CIDH al Estado mexicano.
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Los amuzgos, “indios
desconfiados y rencorosos”
“Los amuzgos son indios desconfiados y rencorosos”. En ese criterio racista basó la sentencia de tres años y dos meses de prisión -dictada el 27 de septiembre de 2010- el juzgado mixto de primera instancia de Ometepec, Guerrero, contra los indígenas Silverio Matías Domínguez (víctima de agresión en la que perdió un ojo), Genaro Cruz Apóstol y David Baltierra Arango, acusados de secuestro de Narciso García, pariente de la cacique priista de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha. En realidad, García, denunciado por venta ilegal de terrenos ejidales, fue juzgado por una asamblea amuzga de usos y costumbres, ante la que reconoció su culpa y pidió perdón. ¿De que se trata el asunto?: Los indígenas reprimidos, liberados siete meses después por la presión de la población, son activistas del municipio autónomo de Suljaa’ y promotores de la Radio Nomdaa (La palabra del agua) desde la cual se anima a la etnia a defender su entorno natural y su patrimonio cultural. Ese episodio parece anecdótico al lado de una historia de incesante persecución gubernamental y caciquil.
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De Oaxaca, muchos
“Juárez sin levita”
Desde hace más de medio siglo, Oaxaca se convirtió en plaza de enganchamiento de indígenas, tácitamente vendidos a los latifundistas de los valles de Sinaloa, favorecidos por el gobierno con distritos de riego, que los prefieren por sus condiciones antropológicas -su baja estatura, primordialmente- que los hacen aptos para la productividad en las cosechas (a mano) de hortalizas y legumbres, principalmente del tomate, que requiere rigurosas normas de calidad para el mercado de exportación.
Esos miles de Juárez sin levita - “oaxaquitas”, les llaman melifluamente sus amos- son explotados sin clemencia, expuestos con sus mujeres e hijos, también cosecheros, a la intoxicación por plaguicidas, hacinados en galerones sin los servicios elementales y con precarias posibilidades de educación, aun la básica. Por su excelencia laboral y la baratura de su mano de obra, la demanda de esos jornaleros se reprodujo en el valle de San Quintín, Baja California, donde empezaron a ser reclutados por productores del valle Imperial de California, donde han diversificado su colocación en otras actividades productivas.
No hay tregua para mujeres indígenas.
Esos miles de migrantes oaxaqueños -forjados en la cultura del tequio, de solidaridad incondicional con el prójimo- saben como masca la iguana en sus lugares de origen y destino, y los de sus homólogos en otras regiones indígenas de México. No por accidente, entonces, desde el condado de Los Ángeles, San Diego, San José y otras plazas de California -Oaxacalifornia, le denominan los jocosos- al enterarse de la tragedia de los hermanos rarámuris de Chihuahua, reaccionaron más oportunamente que el gobierno federal mexicano e ipso facto formaron brigadas de auxilio para viajar con bastimento y dinero para atender, más que la contingencia, una maldición secular en las montañas del estado fronterizo, ahí donde se encuentra Tomochic, uno de los objetivos de la repetida represión porfiriana denunciada hace más de cien años por el ex militar y escritor Heriberto Frías en su apunte novelado del mismo nombre. ¡Que poco han cambiado las cosas!
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Kikapú terminan en
concesionarios casineros
En estricto rigor, los kikapú o kikapúes no son una etnia originaria de México. Son nativos de los Grandes Lagos de donde se desplazaron hacia la frontera mexicana, donde se avecindaron hace unos 200 años, en el ahora municipio de Múzquiz, Coahuila, en el predio El Nacimiento. Benito Juárez, en 1859, les asignó tierras comunales en retribución a su lucha contra el acoso de apaches y comanches. El presidente Lázaro Cárdenas les hizo una dotación ejidal (poco más de siete mil hectáreas) para que pudieran intentar la ganadería del desierto, en un territorio atacado por la sequía, que les impuso una vida itinerante como binacionales, según la estación, entre Coahuila y Texas. Sin más opción productiva en territorio mexicano, las nuevas generaciones se han asentado, entre otras zonas, en el condado de Maverick. ¿Cuál es la suerte de esos indígenas? ¡Eureka!: Han encontrado la llave del éxito. Son empresarios casineros en Maverick donde regentean el centro de apuestas Lucky Eagle, aunque la administración la hacen algunos blanquitos -¿mafiosos?- que se alzan con el santo y la limosna.
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Suicidios no son
masivos: Duarte
El detonante de las movilizaciones solidarias, fue la espeluznante versión -difundida por el activista del Frente Organizado de Campesinos Indígenas, Ramón Gardea- de que al menos medio centenar de rarámuris se había lanzado a las hondonadas chihuahuenses, deprimidos por la hambruna. El gobernador del estado, el priista César Duarte Jacquez, trató de disminuir el impacto de esa especie, desmintiendo que se hubieran registrado suicidios masivos -como si el individual fuera cuestión de poca monta-, aunque certificados de defunción dieron constancia de que las muertes aceptadas fueron por desnutrición o alcoholismo, coartada imbécil insuficiente para achicar la dimensión del drama.
Los rarámuris habitan en núcleos dispersos localidades de una región atravesada por el portentoso Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, codiciada históricamente por sus potencialidades mineras y forestales por filibusteros de toda laya, entre éstos últimamente los capos de la droga. Hace más un siglo, el cacique porfirista Luis Terrazas, apropiado de basta extensión territorial, al ser preguntado si era de Chihuahua, respondía ensoberbecido: No, Chihuahua es mío. Hace más de 40 años, otro gobernador priista, Oscar Flores Sánchez, como primera autoridad agraria decretó la afectación de los bosques de Chihuahua para ceder su usufructo a los indígenas. El presidente Luis Echeverría Álvarez refrendó esa acción, a la que no se le dio continuidad haciendo efectivo el sentido del decreto.
Un descendiente del cacique Luis Terrazas, el panista filosalinista Francisco Barrio Terrazas -quien aspiró a la presidencia de México- gobernó recientemente el estado: Durante los casi seis años de su gestión, no dio una prueba de sensibilidad en favor de la nación rarámuri. En cambio, según registro en indagatorias de la Procuraduría General de Justicia (retomado por el diario Excélsior) fue implicado por un testigo ministerial como protector del Cártel de Juárez y expresamente de Armando El señor de los cielos Carrillo Fuentes. No obstante, Vicente Fox lo incorporó en su gabinetazo como titular de la Secretaría de la Función Pública.
El ansiado bono
verde de Calderón
El espectro de la sequía asuela, como nunca, el territorio nacional. En las zonas áridas del norte de México vegetan, como los rarámuris en las montañas de Chihuahua, indígenas chichimecas, tepehuanos, kikapues, etcétera. Desde hace rato, Felipe Calderón Hinojosa ha alzado la voz sistemáticamente sobre los riesgos ciertos del cambio climático. Lo ha hecho, sin embargo, en demanda del fabuloso bono verde como contribución en metálico de los países industrializados, de la que, se supone, México sería potencial beneficiario. Los Estados Unidos le ofrecieron recientemente unos cuantos millones de dólares en un rapto meramente filantrópico para mitigar el cataclismo de la hambruna.
¿Ha pasado por el cerebro del michoacano, en su publicitado sexenio de la infraestructura, un asomo de imaginación cumpliendo el sueño de aplicar los grandes excedentes de la renta petrolera en la construcción de un gran acueducto, uno solo, para controlar los alucinantes afluentes que inundan el sureste de México y remitirlos a las resecas dunas del norte? Por supuesto que no. Es mucho pedir a un cerebro obsesionado por la guerra narca.
¿Protagonismo?
sólo el del preciso
Fustiga, el crepuscular Calderón Hinojosa, a los que pretenden hacer protagonismo a costa de la tragedia mexicana. No obstante, en pleno galope electorero y presionado por La caravana del hambre que arribó a la Ciudad de México, y la perspectiva del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, ante el cual se ha presentado -ironía de ironías- como Jinete en la tormenta, se sacó a regañadientes de la manga una partida de emergencia de unos 34 mil millones de pesos. Agua de borrajas que, repartida entre 22 estados en crisis, tocaría a un promedio de poco más de 100 millones de dólares por estado, mucho menos de lo que se gasta en publicidad para exaltar la obra del gobierno del Presidente de la República (pues no hay otra entidad actuante en México): Culto a la personalidad, si lo hay, tan propio de los regímenes totalitarios. Pero no hay mal que dure cien años… ni los cinco meses que faltan para que se proclame sucesor y, entonces ¡Muerto el rey, viva el rey!
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