MÉXICO SA
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA*
■ PRI-PAN: una vez más
■ “Flexibilidad” cocinada
■ Espejo latinoamericano
FINAL MÁS QUE PREVISIBLE: El PRI acordó con el PAN que a su mafia sindical no se le toca ni con el pétalo de una rosa: Las modificaciones sobre transparencia, rendición de cuentas, manejo nítido de los recursos, etcétera, se fueron directo al bote de la basura.
A cambio, el PAN acordó con el PRI aprobar la vía patronal, es decir, que íntegramente se le cargue la factura a los trabajadores: Despidos fast track, contratación por hora, outsourcing, prestaciones al caño, salarios a la baja y los caídos al carajo, inestabilidad en el empleo, mayor informalidad, etcétera. Resultado: una moderna reforma laboral que incrementará sustancialmente las ganancias de la cúpula empresarial, aumentará la de por sí elevada precarización laboral y hundirá, aun más, a los mexicanos que ambos corporativos dicen representar.
Así, PRI y PAN (en cuyas bancadas hay de todo, como en botica, menos representación real de los trabajadores) decidieron legalizar y profundizar el mayor atraco laboral del que se tenga registro desde el porfiriato. Y aquello de los equilibrios entre los factores de la producción una vez más se lo pasaron por el arco del triunfo. Cierto es que no es novedad, pues ambas empresas… perdón, partidos políticos, lo vienen haciendo desde hace tres décadas, siempre en nombre de la modernidad y de los beneficios sociales, con los resultados por todos conocidos y padecidos. Se confirma, pues, que en México la democracia es de, para y por los empresarios (Fox dixit).
Millones de mexicanos están en la desocupación abierta, el desempleo, la precariedad laboral, con bajísimos salarios (hay que ser competitivos) y ahora, en su beneficio y para construirles un mejor futuro, les aprietan la tuerca. Entonces, si el horno estaba más que caliente, habrá que imaginar la temperatura social que alcanzará el país tras la modernización del sector laboral, la cual, dicho sea de paso, mantiene intocado al sector patronal. Y en el plano económico la tan cacareada reactivación del mercado interno, de por sí un sueño guajiro con el manual neoliberal, se ve más lejos que nunca.
En los últimos tres sexenios (Zedillo, Fox y Calderón) oficialmente se generaron 4.7 millones de empleos formales permanentes (5.6 millones si se incluyen los puestos eventuales), contra una demanda real cercana a 18 millones de plazas. Ello quiere decir que en 18 años sólo se generó uno de cada tres empleos formales demandados. En igual lapso, los mexicanos que sobreviven en la informalidad pasaron de 8.3 a 14.7 millones, es decir un incremento de 77 por ciento. Ello sin considerar quienes laboran en la formalidad, pero en condiciones de informalidad (17 millones adicionales).
La formalidad, pues, a paso de tortuga, mientras la informalidad avanza a paso veloz. Todo, desde luego, producto de una Constitución que nadie respeta y una Ley Federal de Trabajo que todos se las pasan por la entrepierna, comenzando por el gobierno. Entonces, ¿qué pasará con la moderna reforma laboral que aprobará el Congreso? No hay que ser adivino para conocer el resultado desde ya. En este contexto, la Cepal analizó los nada gratos resultados de la flexibilización laboral de los años 90 aplicada en otros países de América Latina, y su balance es el siguiente (cualquier coincidencia con México no es casualidad):
Las tendencias observadas en los indicadores laborales latinoamericanos “pueden atribuirse al impacto directo e indirecto de las reformas estructurales. Por un lado, los cambios específicos en la regulación de los mercados de trabajo fueron en su gran mayoría en desmedro de la seguridad de los trabajadores, por lo menos de aquellos que contaban con cierta protección en el marco del empleo formal. Este proceso incluye la instauración de modalidades ‘promovidas’ (periodos de prueba prolongados, pasantías sin beneficios de seguridad social), la reducción o eliminación de indemnizaciones por despido, la reducción de los impuestos al trabajo y la generalización de contratos a término, entre otros”.
Además de este proceso de precarización, con impacto directo en el empleo, el resto de las reformas estructurales en general tendieron a incrementar los niveles de exclusión e informalidad en los mercados de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, impactaron la apertura comercial, la incorporación de capital y el cambio tecnológico en las condiciones de empleo, los niveles de actividad y los diferenciales salariales por capacitación, con la consiguiente vulnerabilidad de los trabajadores. Otras reformas, como las privatizaciones y la desregulación, también tuvieron impacto en el empleo. En términos de los mercados de trabajo en la región, “el nuevo régimen institucional se expresó tanto de jure, mediante la precarización de empleos en empresas formales (por ejemplo, con las distintas modalidades promovidas introducidas en países del cono sur en la década de 1990), como de facto, a través del aumento del desempleo y de la informalidad, derivados de la mayor volatilidad macroeconómica y la expulsión del empleo en los sectores perjudicados por los procesos de apertura y reforma”.
Las reformas estructurales, apunta la Cepal, introdujeron una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, pero los trabajadores cargaron desproporcionadamente con las consecuencias negativas de esta flexibilización. Aunque en materia de legislación laboral algunas de estas reformas fueron desandadas en la década de 2000, la histéresis del desempleo y la tendencia a una mayor informalidad en el marco de una apertura a los mercados internacionales constituyen límites concretos que deben ser incorporados en el diseño de políticas públicas. La implementación de medidas flexibilizadoras tiene un techo dado, en gran parte, por el nivel de informalidad de la fuerza de trabajo, dado que los trabajadores informales cuentan con un acceso limitado a mecanismos efectivos de protección y compensación frente a una mayor flexibilidad.
En síntesis, con la flexibilización laboral en la primera década del siglo XXI el desempleo y la informalidad son en general peores que a principios de la década de 1990, cuando se aprobaron reformas laborales en beneficio de todos.
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*La Jornada
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