DEFINICIONES
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)
¿Acaso México, ya no es
del pueblo de mexicano?
LA MÁS GRANDE DECEPCIÓN ha causado la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre diversos sectores del pueblo mexicano, con el insólito fallo a favor de Florence Cassez -de nacionalidad francesa-, quien fue liberada por ese máximo tribunal, luego haber negado éste la liberación a campesinos indígenas de la región de Bachajóin, Chiapas, pese a que les correspondía por derecho, porque se trataba de un caso similar al de la Cassez. “La ley no está hecha para los pobres”, exclamaron los campesinos indígenas afectados.
“¿Acaso México, ya no es del pueblo mexicano?”, exclamaron simpatizantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), inconformes porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a Cassez incondicionalmente, y la dejó libre ipso facto; y a los miembros de sindicato de electricistas les negó terminantemente el derecho al patrón sustituto -en este caso, la Comisión Federal de Electricidad-, como lo había acordado un tribunal colegiado.
Se inconforma el SME
La percepción en la opinión pública es que “la Suprema Corte, al emitir sus fallos, recibe instrucciones de arriba” y, por tanto, “las resoluciones que toma tienen marcado tinte político”, se dice. En el menor de los casos, la SCJN ha creado desconfianzas sobre su independencia y se cree que acata consignas al margen de la ley, porque, dicen Alejandro Sánchez Camacho y Jesús Zambrano Grijalva, dirigentes perredistas, en el caso de los trabajadores electricistas, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los hechos y sin fundamento jurídico suficiente, negó el acceso a la justicia 40 mil hombres que fueron ilegal y arbitrariamente despojados de su fuente de trabajo y sustento mediante un decreto ilegal que emitió Felipe Calderón Hinojosa el 9 de octubre de 2009. Con esta resolución, la Corte abona a la permanencia y la consolidación de un sistema que cierra peligrosamente los canales y puertas para acceder a un Estado de derecho y justicia social. Las consecuencias de tales actos son una mayor inconformidad, resistencia e indignación social”.
Refieren los inconformes citados que “dejamos constancia de nuestra empatía y solidaridad con los trabajadores electricistas de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro, y llamamos a constituir desde las instancias del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, alternativas de solución para resarcir a los trabajadores del SME los derechos y la justicia que los ministros de la Corte les negó.
“Contradicciones de la SCJN”
La inconformidad que ha suscitado la SCJN con sus últimos fallos motivó que la Comisión Política Nacional y el Secretariado Nacional de filiación perredista, deploraran que dicho tribunal adoptara dos pesas y dos medidas en los casos de Florence Cassez y los indígenas Manuel López Gómez, Celestino Godoy Candia, Eloy García Reyes, Nicolás Gómez Sáinz y Joel Mancilla Vázquez, a quienes negó el amparo “liso y llano”, para quedar libres, como Cassez, pese a que es el mismo caso de irregularidades de procedimiento.
En el caso Cassez, la francesa quedó libre, y tratándose de los indígenas, se acordó la reposición del proceso, o sea, que siguen encarcelados, hasta el cierre de redactar este comentario.
La Comisión Política Nacional y el Secretariado Nacional del PRD afirman que: “Con lo anterior se confirma la percepción de un manejo discrecional de la normatividad por parte de los ministros. En el caso de Cassez, con fuerte influencia política y mediática, los ministros utilizaron el argumento de la violación al debido procedimiento para acordar su liberación, pero han rehusado otorgar el amparo ‘liso y llano’, y por tanto, la liberación inmediata, cuando se trata de la violación al debido proceso de cinco mexicanos indígenas originarios de las poblaciones más pobres y marginadas del país”.
“La justicia no alanza al pobre”.
La forma de actuar tan contradictoria de parte de la Suprema Corte, según el parecer de diversos sectores de la población, generó desconf8anza entre la población, especialmente la de extracción campesina, porque es en el campo, donde las malas decisiones del Poder Judicial han ocasionado la perdida de terrenos ejidales y comunales, sobre todo a partir de la reforma del artículo 27 constitucional, en la época de Carlos Salinas.
La negativa de la SCJN de tratar el caso de los cinco campesinos que estaban en las mismas condiciones de violaciones a sus Derechos Humanos durante el proceso que se les seguía, en contraste con el favoritismo total a la francesa Casssez, al grado de dejarla en libertad inmediata, y negársela a los cinco compatriotas, motivó que en San Cristóbal Las Casas, la Comunidad Agraria declarara que “la Ley no está hecha para los pobres”. Y que “tal vez, México a no sea de los mexicanos, sino de los extranjeros que vienen e hacer oda clase de negocios y tras obtener enormes ganancias, se las llevan al extranjero, con lo cual sangran la economía de los mexicanos”.
Concretamente, en San Sebastián Bachajón, la comunidad agraria estimó que la población campesina de México es la más afectada por las malas decisiones de la Suprema Corte. “México ya no es nuestro, sino de los intereses extraños, que encuentran en territorio mexicano, toda las facilidades para que hagan negocios muy redituables, en tanto que a nosotros se nos niega toda clase de facilidades para solucionar nuestros graves problemas económicos y sociales”.
Menciona este organismo campesino que , con la participación de la Suprema Corte en contra de los pobres, en el territorio mexicano, ha sido posible que los campesinos pierdan sus tierras para que consorcios mineros vengan a apoderarse de la riqueza que guardan las entrañas de la tierra mexicana y a nosotros se nos quiten los ejidos y terrenos comunales. “México empieza a dejar de ser del pueblo mexicano”, se advierte. Es que lo estamos perdiendo paulatinamente.
mmc.informació
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