IMPUNIDAD ES EL VERBO
De cómo México fue
hundido en la ruina
Va mi resto: Petróleo, ¡se abre la
subasta! ABRAHAM GARCÍA IBARRA
YA PUEDE, Carlos Salinas de Gortari, andar por ahí -agazapado-,
tratando de esconder la mano que mueve la cuna en la que se mecen los nuevos transformadores de México.
EL TUFO A AZUFRE, sin embargo, es demasiado intenso y
repugnante como para ignorar de qué círculo dantesco procede ahora que, pasadas
por el putrefacto tamiz parlamentario las reformas financiera y hacendaria, se
prepara el golpe final a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal
de Electricidad.
El oscuro objeto del deseo neoliberal, es el obsequio que
la nueva Triple Alianza partidaria en
el Congreso de la Unión
prepara como cuelga al salinato en su primer cuatro de siglo
de galopar depredador, que se cumplirá en el ya cercano 1 de diciembre.
En ocasión de tan emocionante aniversario, es
irresistible el viaje hacia dos estaciones retrospectivas que nos explican el
estado de postración en que vegeta la gran mayoría de los 117 millones de
compatriotas.
Prototipos de
intocables
En las navidades que saludaron el Tercer Milenio
mexicano, en el Palacio Legislativo de San Lázaro asistimos a una memorable
sesión de la LVII Legislatura
federal que pudo ser parteaguas histórico, de no ser porque la corrupción es el
juego del hombre que más aman y
practican nuestros próceres legislativos.
Zedillo: Escapó del voto de censura
Entonces, se propuso una moción o voto de censura al
presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, y retiro de sus puestos,
juicio político y sanción administrativa y penal a los siguientes buenos mexicanos:
Miguel Mancera
Aguayo, ex
director y ex gobernador del Banco de México; Guillermo Ortiz Martínez, ex secretario de Hacienda y gobernador en
turno del Banco de México; Miguel Ángel
Gurría Treviño; ex secretario de Hacienda; Martín Werner Wainfield, subsecretario de Hacienda en funciones
(firmante de los pagarés Fobaproa-IPAB); Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y Javier
Arrigunaga Gómez del Campo, bisagra en el Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (Fobaproa)-Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB.)
Un total de 44 diputados se inscribieron para subir a la
tribuna a fin de abordar la orden del día de esa sesión. Se dieron por “suficientemente
discutidos” los temas con la intervención de 27 oradores.
Guillermo Ortiz Martínez.
De haber procedido la Comisión de Régimen Interno y la subcomisión de
Examen Previo de la Cámara
baja en el sentido propuesto por buena parte de los oradores, otro gallo nos
cantara:
Guillermo Ortiz
Martínez no
estuviera cobrando en Banorte; Miguel Ángel Gurría Treviño no encabezaría la nómina burocrática de
la Organización
para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE); Martín
Werner Wainfield no hubiera llegado a su posición de socio del Banco Mifel o de Goldman Sachs, o asesorando inversionistas en Argentina; ni Javier Arrigunaga Gómez del Campo hubiera
sido contratado por el Citibank, que
lo hizo ejecutivo del Grupo Financiero Banamex
y nuevo presidente de la
Asociación de Bancos de México.
El cambio bando -pero no de piel ni de entraña- de
personajes tan conspicuos, demuestra científicamente que el crimen
sí paga. Los nombrados son apenas un puñado de tantos más cuantos que
se enquistaron en los gabinetes económicos del prianismo sólo para
operar desde la
Administración pública al servicio de la plutocracia y
acopiar información privilegiada para ponerla a disposición de los banqueros
extranjeros.
La Conspiración
de Mayo (1990)
La otra sombría estación
se inauguró una década antes: El 2 de mayo de 1990 en Los Pinos, con extensión
el 4 de mayo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya lo había enunciado
Salinas de Gortari en los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994:
- Defensa
de la soberanía nacional y la promoción de los intereses de México en el
mundo;
- ampliación
de la vida democrática;
- crecimiento
económico con estabilidad de precios, y
- mejoramiento
productivo del nivel de vida de la población; es decir, la promoción del
bienestar social y la equidad sobre bases productivas y permanentes. (Je je je.)
(En este apartado, nombrar el Palacio Legislativo de San
Lázaro es conservar la alegoría. En realidad, a tal Palacio se le había
prendido fuego el 5 de mayo de 1989. El pleno tuvo que improvisar un salón de
plenos alternos en el edificio del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS.)
Miguel Mancera Aguayo.
Aquellos serían los ejes de la Reforma del Estado
propuestos por Salinas de Gortari. “Un Estado más propietario no equivale a un
Estado más justo, ni mucho menos a uno más fuerte o a uno más soberano”. Menos
Estado: más sociedad, acuñó el usurpador el 1 de diciembre de 1988. Va
a hacer ya un cuarto de siglo que nos quedamos como el perro del hortelano, de
Lope de Vega: Sin comer ni dejar comer.
Entre el 2 y el 4 de mayo de 1990 fue sentenciada la
privatización de la banca mexicana. La desnacionalización sería su inmediato
destino manifiesto.
“El espíritu del Constituyente”
El 4 de mayo, en San Lázaro, el profeta del desastre sería el secretario de Hacienda, el itamita pasado por el Tecnológico de
Massachusetts Pedro Aspe Armella. Con
helada inverecundia argumentó que, conforme “al espíritu que animó al
Constituyente”, la banca no es
un área estratégica.
Y le atribuyó a la inconsulta e indefensa sociedad la
exigencia de capitalizar y modernizar la banca, “para que preste servicios de
creciente calidad y eficiencia en beneficio de la población toda”. Soberanía
y justicia serían los objetivos.
José Ángel Gurría.
La coartada esgrimida para retirar al Estado la gestión
del sistema de banca y crédito, fue la restitución del sistema de banca mixta.
Aspe Armella, sin embargo, dejó escrita una observación asombrosa, por insólita:
“Hoy, el país cuenta con un sólido
sistema de banca comercial y de fomento en virtud de su buen desempeño, del
profesionalismo y dedicación de sus empleados y de las políticas seguidas para
fortalecer sus estructuras de capital. Las instituciones bancarias están
financieramente sanas, son rentables…”.
Todavía más. La iniciativa sugiere que “sólo los bancos
múltiples debieran ser susceptibles de desincorporación del sector público.
Pero ello no quiere decir que necesariamente la mayoría o la totalidad de todos
los bancos pasarían a manos de los particulares (…) la intención del
Ejecutivo es muy clara: Los bancos
mexicanos quedarán controlados por mexicanos”.
“México no se
vende, ni está a remate”
Por supuesto, los chicos priistas del coro fácil
repitieron línea por línea el libreto del Ejecutivo. Todavía, la diputada
tricolor María del Rosario Guerra Díaz se atrevió a expectorar: “No tenemos
problemas de conciencia en el análisis y la votación: México no se vende ni está a
remate”.
Arrigunaga.
Ya para el 27 junio, al debatirse la Ley de Instituciones de
Crédito, el metafísico diputado priista Manuel Cavazos Lerma (hoy de nuevo por
segunda vez en el Senado) salió con este cuentazo:
“Dijimos que deseábamos un sistema financiero mexicano en manos de mexicanos
comprometidos con México. Las iniciativas establecen límites de propiedad
accionaria de los extranjeros (para que) los extranjeros con carácter de inmigrados
no puedan controlar los bancos ni las sociedades controladoras de agrupamientos
financieros ni las casas de bolsa; ni puedan ser directores generales de tales
instituciones”.
No deseamos, sostendría el priista Cavazos Lerma, “un
sistema financiero desnacionalizado, divorciado de las necesidades y de los
reclamos de los mexicanos, sino un sistema sensible a los sentimientos de la Nación y comprometido con
las grandes causas nacionales”.
Más pronto que inmediatamente, con las reformas ya planchadas, Aspe Armella se abrió de
capa para anunciar que las sociedades nacionales de crédito serían
transformadas en sociedades anónimas,
pero, además, para asegurar que la entrega de los bancos tendría como garantía
la calidad
moral de sus nuevos usufructuarios, por supuesto, “mexicanos” a carta
cabal.
Aspe volvió a Hacienda con pilón en Pemex
Con el codiciado trofeo en las manos, el subsecretario de
Hacienda y presidente del comité de “desincorporación” bancaria Francisco Ortiz
Martínez, pudo confesar paladinamente, en octubre de 1991 (esto es,
transcurrido apenas un año del proceso legislativo privatizador) que, como
consecuencia del Tratado de Libre Comercio (negociado sigilosamente por Salinas
de Gortari como “acuerdo”), México abriría, “como es lógico”, el sector
financiero al extranjero.
“El análisis ya se inició. El pasado 8 de agosto (1991) la Cámara de Senadores celebró
una audiencia sobre Servicios Bancarios y Financieros. El consenso es que la
decisión de México de participar en un
nuevo contexto de las relaciones comerciales internacionales facilitará
el acceso a servicios financieros modernos y competitivos. La apertura en servicios
financieros puede propiciar la capitalización y el crecimiento de los
intermediarios, promover la competencia; incrementar el volumen de los recursos
operados y dar acceso a tecnología moderna y nuevos productos”.
Imposible que se
coman el fruto maduro
Cinismo galopante. Exclamó Ortiz Martínez: No hay razones
para ver con temor la apertura del sector. “La experiencia de otros países ha dejado claro que para los bancos
extranjeros es casi imposible llegar a tener una posición dominante, pues les
es muy difícil desplazar a los bancos nacionales…”.
A propósito del Tratado de Libre Comercio, anticipado por
Ortiz Martínez en octubre de 1991, conviene recordar que, con la apertura
financiera, Salinas de Gortari negoció secretamente la inclusión del petróleo
en el TLC.
Registros en la Biblioteca del Capitolio estadunidense revelan
que, en los debates de aquellos días, hubo congresistas norteamericanos que plantearon
reservas en materia de hidrocarburos, habida cuenta el régimen constitucional
de su gestión en México. Fueron disuadidos por otros congresistas con el
argumento de que los Presidentes mexicanos eran duchos en sacarle la vuelta a la Constitución para
satisfacer sus propios intereses y fines.
La privatización
tiene un solo nombre:
Privatización
La anterior recapitulación histórica sobre la
desnacionalización de la banca nos lleva a las siguientes conclusiones:
- Los
operadores de ese proceso, Pedro Aspe Armella, Guillermo Ortiz Martínez y
picos de ganso en el Congreso de la Unión, sólo hasta después de consumados sus
fines llamaron privatización a la privatización. Hablaron de
modernización, de desincorporación y, desde luego, de los formidables beneficios
que recibiría la sociedad mexicana.
- Apenas
tres años después de privatizada la banca, México fue devastado por el error
de diciembre de 1994, que obligó al gobierno a hipotecar su
factura petrolera.
- La
capacidad profesional y “calidad
moral” de los particulares habilitados como banqueros a los que se
entregaron la sociedades nacionales
de crédito, quedaron “acreditadas” con los salvatajes que tuvo que asumir
el Estado con los monstruosos costos que dieron origen al Fobaproa-IPAB.
- Todo
el espectro bancario y financiero, salvo excepciones, ha quedado en manos
extranjeras; incluso el sistema de pagos del Estado mexicano.
- El
Estado, que supuestamente liberaría recursos para impulsar el desarrollo y
fomentar el bienestar productivo, vive del incesante endeudamiento que
supera ya los siete billones de
pesos.
- Aun
antes de que estallara la crisis económica de 2008, al menos 400
consorcios empresariales que acumulaban casi cinco billones de pesos, enteraban al fisco mexicano apenas el
1.7 por ciento por concepto del
Impuesto sobre la Renta.
- Los
sectores productivos han sido privados del crédito.
- Las
finanzas del gobierno y la economía especulativa medran con los sistemas
de ahorro para el retiro de los trabajadores. De más de dos billones de pesos captados por
las Administradoras privadas, el gobierno se ha apropiado del más del 51
por ciento al través de la colocación de papeles de deuda. Con más de 410 mil millones de pesos se
solventa deuda privada de empresas nacionales y extranjeras que cotizan en
la Bolsa Mexicana
de Valores.
- Frente
a la pobreza y la miseria que agobian a más de 70 millones de mexicanos,
el nuevo gobierno recrea mitigantes políticas asistencialistas con su Cruzada
Nacional contra el Hambre.
- Es
obvio que las reformas financiera y hacendaria de 2013, frente a la trágica situación anterior, resultan un
parto de los montes.
La feroz resistencia de los económicamente poderosos a
cualquiera tentativa de justicia fiscal, se explica por la intención de
estrangular las finanzas públicas para forzar la privatización petrolera. Los
exegetas de la desnacionalización del petróleo, sin originalidad ni
creatividad, argumentan su propósito con el mismo discurso con el que se trató
de justificar la desnacionalización del sistema de banca y crédito y de otros
entes públicos. Obviamente, las consecuencias no tienen por qué ser
diferentes.
LIV Legislatura federal, parto fallido
LA LIV LEGISLATURA FEDERAL fue histórica por no pocas
razones: La principal es que, sobre todo la Cámara baja fue producto de lo que
Miguel de la Ma¬drid denominó un terremoto político para la nomenclatura
priista, que se vio obligada a hacer caer y callar el sistema de cómputo el 6
de julio de 1988.
Al centro De la Madrid y Hernández Galicia.
En efecto, por primera vez en su historia el PRI, desde
el Colegio Electoral para la autocalificación de los diputados, se vio en
tran¬ce para armar una precaria minoría.
La primera operación del tanque pensante saliniano logró
que la jefatura nacional del PAN abandonara a su candidato presidencial Manuel
de Jesús El Maquío Clothier del Rincón, que había puesto bajo acoso el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
De esa suerte, el pacto del robusto agroempresario
sinaloense con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y doña Rosario Ibarra de Piedra
para combatir el fraude electoral en la elección presidencial resintió su
primera fisura. Tres meses después, en Los Pinos el PAN firmaría con Carlos
Salinas de Gortari la Alianza estratégica, aún vigente.
La adinerada labor de zapa, sin embargo, se concentró en
el Frente Democrático Nacional (FDN), que había abanderado la candidatura de
Cárdenas Solórzano y -con mucho- lo¬gró inclinar la correlación de fuerzas
electorales hacia la franja izquierda, al grado de que resultaron verosímiles
la versión y defensa del triunfo del priista desertor.
El FDN registró su primer desprendimiento por el lado del
diputado Alberto Anaya, quien a cambio recibiría pronto la con¬firmación del
registro del Partido del Trabajo.
No obstante, la ruptura más visible fue la del Partido
del Fren¬te Cardenista de Reconstrucción Nacional, liderado por Rafael Aguilar
Talamantes, quier vio partir a correligionarios y ahija¬dos que hicieron su
declaración de independencia. Al propio Aguilar Talamantes se le acusó de
traición por transigir en la negociación para sacar adelante el primer paquete
económico que interesaba a Salinas con miras a 1989. More articles by this author
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