Apenas pasadas las elecciones federales y concurrentes del 7 de junio, Enrique Peña Nieto emprendió un periplo por Europa. Para efectos de estas notas, tomamos sólo el dato de que, en Roma, el Presidente mexicano entregó el Águila Azteca al politólogo y escritor italiano Giovanni Sartori, de cuya obra hizo elogio.
Al destacar la aportación de Sartori al análisis comparativo de la ingeniería constitucional, Peña Nieto afirmó que México se ha nutrido de sus ideas políticas para mejorar el sistema político-electoral.
En ese contexto, Peña Nieto se refirió a las recientes elecciones y sostuvo que se logró terminar de hacer la transición de un sistema hegemónico a una democracia plural. De mayor competencia y equidad electorales habló el orador.
El cuestionamiento a esas optimistas valoraciones presidenciales se basa en la pregunta: ¿Monitoreó el Presidente el desarrollo de ese proceso centralizado por el nuevo Instituto Nacional Electoral desde que en el otoño de 2014 inició la fase administrativa del calendario de 2015?
Se sospecha que no. De otro modo no se explica que, dado el comportamiento generalizado de candidatos y partidos que llegaron al extremo de imponer una huelga al INE retirándose siete de las sesiones del Consejo General, las afirmaciones del Presidente carguen un sombrío déficit de autocrítica.
Recordar nomás, que la causa por la que la mayoría de los partidos se replegó fue la marcada tolerancia del INE a la contumaz conducta transgresora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya cancelación de registro fue demandada por miles de ciudadanos.
La consulta popular murió nonata
Por supuesto, tres datos que merecen destacarse son la negación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud de consulta popular sobre la contrarreforma energética, el salario mínimo y el ajuste en la composición de las Cámaras federales; el crispado estado de violencia, incluso homicida, previo al 7 de junio, y el alejamiento de las urnas de más de 42 millones 600 mil potenciales votantes inscritos en el Registro Federal de Electores.
 Aventuremos un marco histórico reciente de los procesos electorales en México a partir de 1988 y hasta 2012. En el corto lapso de menos de un cuarto de siglo, se configuraron dos usurpaciones del poder presidencial: La del priista Carlos Salinas de Gortari en 1988, en la que se habló de Golpe de Estado técnico,y la del panista Felipe Calderón Hinojosa en 2006.
A lomo de ese periodo, la sucesión presidencial de 2000 fue empañada y controvertida por el financiamiento ilícito a las campañas de Vicente Fox (Amigos de Fox) y de Francisco Labastida Ochoa (el Pemexgate). No se cierra aún el capítulo de las elecciones presidenciales de 2012.
La idea-fuerza de esta entrega editorial la podemos sintetizar en esta tesis: En un mundo interrelacionado, los Estados débiles y fallidos representan un riesgo para los Estados Unidos y la seguridad global.
Todo es posible en el caos
Cuando el caos prevalece, el terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas y otras formas del crimen organizado, florecen.
Esa tesis fue aplicada a México por los aparatos de inteligencia militar de los Estados Unidos a medida que avanzada la guerra contra el crimen organizado declarada en 2006 por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Pero dicha tesis ya estaba impresa desde 2004 en la publicación Foering affaire en un texto escrito por el cubano-estadunidense Carlos Pascual, abogado por cambios en el tejido social de las naciones, “a fin de crear Estados democráticos orientados al libre mercado”.
Pascual coordinó entre 1995 y 2000 el Comité de Seguridad de la Casa Blanca y la Oficina para Asuntos de Rusia, Ucrania y Eurasia. Hacia marzo de 2006, dicho experto en Estados fallidos fue nombrado Embajador de México.
Las revelaciones sobre la conducta poco diplomática de Pascual, puestas en cartelera por Wikileaks, incomodaron a Calderón Hinojosa, quien pugnó por su relevo ante el Departamento de Estado.
No obstante, la literatura de Inteligencia en los Estados Unidos no ha retirado la codificación de Estado fallido a México, que se ha sostenido con nuevas evidencias desde que, a finales del sexenio de Calderón Hinojosa, el Departamento de Estado empezó a usar el concepto estratégico de narcoinsurgencia para referirse al activismo armado de los cárteles de la droga.
Reyes Heroles: No despertemos al México bronco
 ¿Es nueva la preocupación por la suerte del Estado popular, nacional y revolucionario mexicano, que a partir de 1982 devino Estado neoliberal? Desde luego que no.
Desde que tuvo a su cargo el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la primera mitad de la década de los setenta, y después, en la segunda, como secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles expresó voces de alerta para adoptar providencias contra tendencias disolventes en la política mexicana.
Su advertencia más citada hasta ahora fue: ¡No despertemos al México bronco! (que no está en el sepulcro, sólo duerme).
Antes de ser defenestrado como secretario de Gobernación por José López Portillo, en la Reunión de la República convocada en Acapulco, Guerrero —en ocasión del 5 de febrero de 1979—, Reyes Heroles hizo profundas reflexiones para prevenir sobre perversos procesos políticos y sus desenlaces regresivos.
En su discurso, Reyes Heroles ponderó el proceso y los fines de la gran Reforma Política de 1977-1978. Retomamos, a modo de ilustración, algunas líneas de su pensamiento:
El Estado federal no es un montón de fragmentos carente de sentido, desconectados, ni el Estado es inanimado, inmóvil por sus contradicciones internas; neutralizado por un manojo de intereses antitéticos contrapuestos.
El Estado es sustancia y debe ser fuerza; fuerza regida por el Derecho y obediente a los intereses populares. Si una cosa demuestra la evolución política es que no puede haber algo para el pueblo, si nada es por el pueblo.
Por ese hilo conductor, Reyes Heroles nos remite a la siguiente afirmación: Un gobierno mayoritario no puede ni debe pretender satisfacer a todos; complacer a todos es imposible.
Si un régimen democrático intenta condescender con todos no gobierna; se mueve atendiendo a presiones y termina por ser gobernado. Viene a ser un gobierno sin ideas por plegarse a ideas de otros.
Cómo se origina la impotencia gubernamental
Medrosos regímenes que se refugian en tal pretensión; abrigan inconfesos apetitos totalitarios y caen en aquello que en nuestros días se llama Policracia: El poder de muchos fuertes o que aparentan fuerza, el gobierno de variados poderes.
Cuando ello ocurre, se presenta la paradoja de no gobernar para seguir en el gobierno y, en consecuencia, se origina la impotencia gubernamental. Hasta aquí el sabio visionario Reyes Heroles.
Voz de alerta que la tecnoburocracia no quiso escuchar. ¿De qué hablamos 36 años después: De la supremacía de los poderes fácticos por encima de los poderes políticos constitucionales.
Ya a finales del sexenio calderoniano, altos mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas —para referirnos al fenómeno más subversivo y alarmante— reconocían que en grandes franjas del territorio nacional el Estado había perdido el poder en manos del crimen organizado.
Los que allende la frontera norte patentaron el concepto de Estado fallido han hecho de la excepción una regla, extendiendo territorialmente a la mitad de la República los avisos de alerta a sus ciudadanos para que piensen dos veces antes de visitar México.
En el actual sexenio -presa de la ingobernabilidad- voceros del gobierno de la República subrayan las consecuencias de caos: Roto el tejido social y amenazado el sistema económico, es preciso restituir la confianza y la esperanza de los mexicanos.
Obviamente, el centro de gravedad de esa inquietud tiene, sin embargo, una dirección muy lampareada: La cautela y aun la retractación de potenciales inversionistas extranjeros, a los que se les lanzó el señuelo de las grandes reformas transformadoras, especialmente la contrarreforma petrolera. Los capitales otean con reserva a distancia de las fronteras mexicanas.
Sobre el monopolio de la violencia del Estado
Un esfuerzo de análisis nos puede permitir plantear algunas hipótesis en las que hay que resistir tentación de la pedantería teórica.
A saber: Los tratadistas clásicos que emergieron del Renacimiento europeo, en pleno auge de la revolución industrial y, sobre todo en el periodo previo y posterior de la Revolución francesa, teorizaron sobre el Pacto Social y postularon la supremacía del Estado como depositario de soberanía popular, y representado por el gobierno.
Decantadas aquellas iniciativas sobre las formas constitucionales y constituidas del poder político, abogaron por la institución del monopolio legítimo de la fuerza delegado al Estado. En la doctrina jurídica se entiende ese monopolio como el poder de coacción desde el espectro estatal para la plena observancia del Estado de Derecho. (Reyes Heroles corrigió: Estado Social de Derecho,como producto del Constituyente de Querétaro.)
Sin invocar expresamente el monopolio legítimo de la violencia ni tomar como muletilla justificante de sus actos el Estado de Derecho, los gobiernos posrevolucionarios actuaron no obstante en consecuencia. Al menos hasta los años 70, estudiosos extranjeros del régimen mexicano lo tipificaron como sui generis y le abonaron más de medio siglo de estabilidad política y económica.
Del Estado “obeso” hasta el saqueo de las tesorerías
Fue hasta la irrupción de los tecnócratas formados en universidades extranjeras -y concretamente en las de los Estados Unidos- en la Administración Pública, que, enfermos de arrogancia y contaminados de doctrinas economicistas en grado de superstición, empezaron a atacar como “mitos y dogmas” los Derechos Sociales y las facultades del Estado para intervenir en la Economía, conforme el mandato constitucional.
De Estado obeso empezaron a hablar y de su “redimensionamiento” para abrir espacios “a la sociedad”. Fue la coartada para implantar el neoliberalismo y despojar al Estado de su potestad económica.
Pero esos arrogantes tecnoburócratas, convencidos de su infalibilidad, tiraron la tina con todo y niño. No sólo liquidaron el Estado benefactor y su buque insignia: La Justicia Social. Trasladaron la obesidad del Estado a una improductiva burocracia.
De acuerdo con estudios del Banco Mundial (BM), del Programa de la ONU para el Desarrollo, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la aún más poderosa economía de los Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, tiene en la nómina al servicio del gobierno poco de dos millones de personas.
En México, según el reporte Doing Bussines, con una economía en el lugar 48 en materia de competitividad, entre 185 evaluadas, y 120 millones de habitantes, el gobierno en sus tres niveles tiene un ejército burocrático de más de ocho millones de individuos.
Más costoso ese ejército que el de los Estados Unidos y, por supuesto, que el de Canadá, los socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Con una agravante: Esa burocracia tiene a México en el sitio 104 en el Índice de Percepción de la Corrupción entre 170 países calificados.
El Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial localiza a México en el sitio 81 de 144 en pagos irregulares y sobornos a servidores públicos, y en el 97 por cargas regulatorias a cargo del gobierno, caldo de cultivo de la corrupción.
Otros estudios domésticos calculan que el gobierno federal eroga de 32 a 36 pesos de cada 100 de su gasto anual programable en sueldos y salarios, renglón que se ha incrementado de 2000 a 2012 en más de 141 por ciento en términos nominales.
Ahora mismo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, al gasto en inversión se destinan 875 mil millones de pesos (concepto ajustado por la crisis de ingresos a causa de la baja en los precios petroleros), mientras que para el gasto corriente, el monto es de dos mil 795 millones de pesos que aparta mil 98 millones de pesos para “servicios personales”; esto es, al pago de remuneraciones.
Grave de suyo ese saqueo (del que se benefician también los poderes Legislativo y Judicial), el aspecto que retomamos es el que describimos como la tina y el niño: Al modificar los tecnócratas la correlación de fuerzas Estado-Iniciativa privada al través del remate de entes públicos y la revisión de la Constitución y benignas legislaciones penales, dando origen a los poderes fácticos de naturaleza económica, el Estado ha visto debilitado, si no anulado en muchos campos, su consustancial poder coactivo.
Que los muertos entierren a sus muertos
Citemos, sin profundizar, por ejemplo, la sublevación empresarial contra la reforma fiscal. Pero nos parecen ilustrativos dos eventos registrados recientemente:
- A las exigencias de potenciales inversionistas extranjeros en el sector energético, que pidieron seguridad jurídica y protección física de su eventual patrimonio material, el Congreso respondió con una legislación para penalizar delitos en materia de hidrocarburos. De contrabando, algunos se tipificaron como actos de terrorismo con penas hasta de más de 40 años de prisión. ¿A quién corresponderá custodiar las instalaciones petroleras y a qué costo?
- Recientemente, en el Distrito Federal se observaron movilizaciones de concesionarios del transporte público que desquiciaron buena parte de la Ciudad de México. Las protestas se fundamentaron en denuncias de piratería, practicada por corporaciones privadas que entraron en la competencia apoyadas en la disposición de nuevas tecnologías de comunicación. Esas corporaciones “piratas” carecen de la obligatoria concesión para la prestación de un servicio público, que la ley en la materia autoriza al gobierno del DF y que se aplica rigurosamente a las organizaciones que hicieron las movilizaciones de protesta. Pues bien, la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), haciendo abstracción del Derecho, oficiosamente terció en el conflicto declarando muy moderna y sana la arbitraria participación de las compañías denunciadas en el mercado, elogiando su calidad, su oportunidad y su tarifa. (Algunas de estas empresas hasta aceptan pagos de la dejada con tarjetas de crédito).
Si de eso se trata, los cárteles de la droga disponen de tecnología de punta para producir, transportar y mercadear sus productos, así como de ingeniería financiera para blanquear sus excedentes. En cuanto armamento para enfrentar la represión, superan en poder de fuego a las fuerzas de seguridad.
¿Bastan esos atributos competitivos para que la Comisión Federal de Competencia Económica abogue por esas mafias que tienen asustada, enlutada y postrada a la sociedad? De acuerdo con la doctrina de la CFCE, que la economía se mueva y que los muertos entierren a sus muertos.
La falacia del Sistema Nacional Anticorrupción
Ya entrados en gastos, ahí están como monumentos a la simulación las recientes reformas en materia de transparencia y acceso a la información, de cuya observancia se exenta a instancias del Poder Ejecutivo, incluso dándoles el derecho de impugnación jurisdiccional.
Y la institución del Sistema Nacional Anticorrupción del que se pone a salvo el Poder Judicial de la Federación.
¿No existía en nuestro sistema constitucional la promesa de que no se instituirían regímenes de excepción? Está como aquello (artículo 34 de la Carta fundamental) de que entre los requisitos para ser reconocido como ciudadano en México y ejercer el derecho a votar y ser votado, está el de tener un modo honesto de vivir.
¿Cuántos de los miles de candidatos de todos los partidos a puestos de elección popular que contendieron el pasado 7 de junio, y que han pasado por tesorerías públicas que dejaron vacías acreditaron tener un modo honesto de vivir?
90 por ciento de los candidatos, dijo una “cabeza” periodística, “opacos”. Esto es, que no exhibieron su situación patrimonial ni declaración sobre conflictos de interés. Veremos los dictámenes de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
¿Los veremos?
Y eso es que México se ha nutrido de las ideas de Giovanni Sartori. Le vamos más a Carlos Pascual: Cuando el caos prevalece, el terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas y otras formas del crimen organizado (la corrupción y la impunidad) florecen.
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