Orondo como siempre -no faltaba más- al darse por concluida la enésima reforma electoral en 2014, el hoy crepuscular presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera calificó de grandes avances las nuevas reglas electorales para tener comicios más transparentes y democráticos.
Dichas nuevas reglas, subrayó Beltrones, darán más confianza a los ciudadanos en el valor de su voto y en la democracia. “Esta reforma político-electoral es un parteaguas en el desarrollo político y la vida institucional del país”.
Conociendo la cachaza del sonorense, es posible que, no obstante los resultados de la prueba del ácido de dicha reforma el 7 de junio -decenas de atentados criminales contra candidatos y dirigentes y representantes de partidos, más de 44 millones 600 mil ciudadanos ausentes en las urnas y el herradero en el Instituto Nacional Electoral- Beltrones no retire lo dicho hace un año.
¿Tiene futuro el pasado?
Los inquietantes momentos posteriores al 7 de junio incitan a retomar la pregunta: ¿Tiene futuro el pasado? El parteaguas del que blasona Beltrones, ¿creó una nueva cultura de la legalidad? ¿Se fracturó el caudillismo constitucional endosado al Presidente de la República? ¿Se abarató el costo del voto? ¿La litigiosidad cedió para dar reposo a los magistrados electorales, responsables de procesar los recursos de impugnación?
Una evaluación preliminar de los saldos que dejó el 7 de junio nos anima a sentenciar que el pasado no tiene futuro. Y es que el pasado se hizo presente con el enorme peso que en los procesos de junio descargó el sistema de usos y costumbres que, desde los albores del México independiente, desacreditan cada nueva elección constitucional.
Después de la Gran Reforma Política de 1977-1978, las reformas electorales sucesivas han sido marcadas por el fierro ardiente de lo que los juristas codifican como lex simulata. La que se procesa y promulga para responder a presiones coyunturales.
Abraham Lincoln suscribió la máxima de que un verdadero estadista piensa en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones.
La implantación de la Kakistocracia
Los legisladores miembros de las últimas seis legislaturas federales no han pensado jamás en las nuevas generaciones. Se han aferrado a la defensa de los intereses inmediatistas de la partidocracia devenida kakistocracia, “el gobierno de los peores”,
 Aun el Partido Acción Nacional (PAN), que en su mejor época se adjudicó el monopolio de la oposición en México y proclamó la búsqueda una democracia socialmente eficaz que se traduzca en “desarrollo humano sustentable y bienestar social”, en doce años de ejercicio del poder presidencial reprodujo cínicamente las prácticas fraudulentas que antes denunció ferozmente.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en su acta bautismal postuló Democracia ya, Patria para todos, chapotea en el fango de la criminalidad electoral.
Hasta determinado periodo, los gobiernos priistas imprimieron en su correspondencia oficial el lema revolucionario Sufragio efectivo, no reelección. El lema del PRI mismo fue Democracia y Justicia Social. El vendaval neoliberal barrió con esas promesas cuando sus propios dirigentes los descalificaron como meros dogmas. Para el 7 de junio pasado, los priistas se asociaron con las peores compañías partidistas con tal de permanecer como primera minoría.
Apostasía es le negación de las creencias que edificaron ciertas expresiones de fe y compromiso. Los partidos que se han refugiado en un eclecticismo oportunista merecen el calificativo de apostatas. Pero en la política, como en el amor, parece regir el todo se vale.
Los tres partidos citados tuvieron una votación suficiente para prolongar su predominio en el reparto de los subsidios públicos. El ranchero preguntaría con razón bastante: ¿Cuándo se ha visto que la puerca suelte la mazorca que trae en el hocico? Es la imagen plástica que difunden los resultados del 7 de junio.
Las asignaturas pendientes del régimen electoral
Ahora bien: Esa nueva experiencia electoral impone el imperativo de revisar de la A a la Z el régimen electoral mexicano para desterrar el esclerótico Cesarismo que aplasta toda aspiración democrática.
 e algunas figuras jurídicas que caracterizan una democracia participativa: Desde luego el voto electoral (para delegar la “representación”), el referéndum, el plebiscito y la consulta popular, sólo ésta última, legislada mañosamente, ha sido expuesta al mercado político. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la dio por abrogada por afectar el interés económico del Estado. (Ingreso y gasto, precisan los conceptos constitucionales).
En los pasados procesos electorales operó una que provocó un infarto en el grupo dominante: La candidatura independiente, triunfante en casos excepcionales como en el estado de Nuevo León, Morelia, Michoacán, y un distrito electoral federal en Sinaloa.
Ya aparecieron asustadas voces en los corrillos partidistas y parlamentarios que insinúan una revisión de la legislación que regula la candidatura independiente argumentando que, si no se imponen candados adicionales, la sucesión presidencial de 2018 se convertirá en un verdadero tsunami que pegará en la línea de flotación del sistema de partidos.
En el mundo académico, especializado en Derecho Constitucional, subyace una preocupación de no poca monta: El método normativo de sustitución del Presidente de la República en casos extremos, tema al que el establisment legislativo le da rodeos como si el jefe del Ejecutivo tuviera el atributo del diamante: La eternidad.
Desde la licencia solicitada por Pascual Ortiz Rubio para abandonar el mandato presidencial en 1932, el Congreso de la Unión no se ha visto de nuevo en ese trance.
Pero en el paleolítico mexicano mandaba el Jefe Máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles. Su báculo hacia innecesaria cualquier acción del Poder Legislativo. Lo postmodernidad democrática no garantiza que el Congreso pueda proceder con independencia sin riesgo de disolución.
Segunda vuelta y revocación de mandato
Existen en agenda dos temas que tendrían efectos preventivos y de profilaxis: La revocación de mandato y la segunda vuelta electoral, sobre todo en la elección presidencial.
La revocación de mandato, teóricamente, podría configurar una Espada de Damocles sobre la cabeza de aquellos emanados de una elección constitucional, sea por llana ineptitud, pero sobre todo, por la enfermiza tentación de corrupción.
Particularmente en 2006, la conflictividad generada por la sentencia -definitiva e inatacable- del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, basada en la mínima diferencia del 0.56 por ciento en la votación, planteó como imperativa la segunda vuelta.
No hay costo económico que la impida, y sí costos políticos por el enervamiento en la etapa poselectoral, poniendo en riesgo la gobernabilidad presidencial y, en consecuencia, del resto del sistema político.
 Aunque con limitantes en algunas constituciones y legislaciones de los estados, la revocación de mandato está latente. Pero en el ámbito federal, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado tiene en análisis una maciza iniciativa sobre ambos temas.
Aun antes del desenlace de las crisis políticas de Guerrero y Michoacán, que condujeron al relevo de los gobernadores por la vía fáctica, el Partido Sinaloense (PAS), de registro estatal, introdujo al Senado una iniciativa popular suscrita por más de 240 mil ciudadanos.
El Senado ha concedido audiencia a los representantes del PAS, encabezados por el diputado local Héctor Melesio Cuén Ojeda, para que amplíen su argumentación en favor de esas medidas.
El actual presidente de la directiva senatorial, Miguel Barbosa ha sido receptivo a la iniciativa, calificándola como una de las asignaturas que tiene pendiente la reforma democrática que no pueden postergarse.
Democracia: De la periferia al centro
El origen de la iniciativa de reforma a la Constitución federal en esas materias tiene un valor intrínseco ya que no se incuba en los arreglos cupulares de los grandes partidos que actúan al amparo del centralismo político.
Fue auspiciada por un partido estatal joven que en menos de tres años, con base en un eficaz trabajo político horizontal ha fracturado en el estado de Sinaloa la hegemonía de los partidos nacionales. Prueba de ello es la masiva respuesta que recibió la convocatoria a suscribir el proyecto.
Ese fenómeno adquiere su verdadera dimensión a la luz de las alternativas político-electorales que el 7 de junio dieron la campanada y, en el caso de Nuevo León específicamente, provocaron un verdadero terremoto político cuando la candidatura independiente a la gobernación estatal mandó al segundo y tercer lugar a los partidos dominantes: El PRI y el PAN.
Hace medio siglo, desde las cumbres del PRI, se acuñó un lema que ahora parece olvidado: De la periferia al centro, que implícitamente cuestionaba el régimen interno de los partidos sujetos al mandato centralista para imponer a sus estructuras estatales designios de todo orden, particularmente en la nominación de candidatos a puestos de elección popular.
El inocultable desgaste que ha sufrido la figura de Enrique Peña Nieto antes de completar la primera mitad de su sexenio, en defensa propia para salvar históricamente su paso por Los Pinos y adicionalmente acreditar autoridad política para inducir su propia sucesión, empezando por su partido, lo colocan ante la oportunidad de reivindicar su voluntad política.
Si de democracia hablamos, la autoridad presidencial debe ser ejercida, sin vacilaciones ni regateos, en la gestión de una Reforma Política en serio y a fondo, que exorcice los demonios que andan sueltos. Y los que se están sumando con vistas a 2018.
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