LA SEMÁNTICA suele jugarnos malas pasadas cuando los hermeneutas del discurso público adaptan sus interpretaciones y significados a sabor de los intereses creados. De la institucionalización del torcido sentido lingüístico de los choros oficiales no parece haber retorno.

En las dos recientes décadas, México ha pasado por dos usurpaciones del poder presidencial (1988 y 2006), pero la narrativa nos las cuentan como simples “fraudes electorales”. Y el uso queda para enriquecer el inventario de la picaresca mexicana.

En estos atormentados y tormentosos días, América Latina transita por una nueva oleada de golpismo ilustrado de factura Made in USA, que emplea el Poder Legislativo como mano de gato para desembarazarse de gobiernos indeseables a Washington. Brasil y Venezuela son los casos más actuales y representativos de esas operaciones injerencistas.

En el caso de Venezuela, la cerril inverecundia no puede ser mayor: Los representantes parlamentarios de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) sentenciaron vacante la Presidencia, acusando a Nicolás Maduro de “abandono del cargo”; acusación, argumentaron, que “no requiere de presentación de pruebas”.

La exacerbada situación sureña, vis a vis con la grave circunstancia de ingobernabilidad que vive México, ha dado pie a algunos analistas domésticos para especular sobre los riesgos de un golpe de Estado en nuestro país.

Como se empolla el huevo de la serpiente

Para empezar por el principio, según ordena el método, tenemos autorizadas investigaciones académicas basadas en la experiencia argentina que nos informan que una crisis de Estado, invariablemente por causas socioeconómicas, es maquinada por los poderes fácticos -los financieros nacionales y extranjeros, a la cabeza- que, al final del día, resultan usufructuarios últimos de la inestabilidad del régimen gubernamental y de los cambios en la conducción política nacional.

De la doctrina clásica -dicho a reserva que nos corrijan expertos en Inteligencia; estas notas son periodísticas- viene que el Golpe de Estado tiene como protagonista a uno de los poderes constituidos en contra del Poder Ejecutivo, en cuyo caso se pretende vulnerar la legitimidad institucional que tiene como soporte el sufragio universal. Repetimos, Brasil y Venezuela son ejemplos irrebatibles.

La manu militari -“por la fuerza de las armas”-, es un factor relativamente contemporáneo que se aclimató en nuestro continente, con mayor presencia en el Cono Sur.

Vale señalar que en aquellos países, los Ejércitos nacionales son codificados como ejércitos de casta.

Pero en la primera mitad del siglo XX, el escritor Curzio Malaparte, al hacer su diagnóstico del fascismo y el nazismo, encontró que a los Golpes de Estado en Italia y Alemania fueron arrastradas fuerzas de la sociedad civil.

Ese modelo fue reproducido en España por el general Francisco Franco en su combate contra la República. Todavía, lodos de aquellos polvos asfixian a la sociedad peninsular.

Meras nociones empíricas de nuestra parte, nos sirven para ilustrar la experiencia mexicana, que tuvo su expresión culminante con el asesinato del presidente Venustiano Carranza por los militares sonorenses.

En el recorrido de la Presidencia civilista

Instituida la Presidencia civilista en México en 1946, no pasó de pasó de ardid propagandístico el supuesto amago de golpe por el general Miguel Henríquez Guzmán, candidato presidencial derrotado en las elecciones de 1952.

En la crisis de 1968, según testimonio del general secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, el Ejército fue tentado al Golpe de Estado contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En el periodo de Luis Echeverría, abortó la denominada Conspiración de Chipinque (zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León), un aquelarre de empresarios filopanistas que urdirían el derrocamiento del Presidente.

El antecedente de esa frustrada tentativa fue documentado en Puebla, donde algunos segmentos clero-empresariales empezaron a difundir literatura golpista, inspirada en el Golpe de Estado contra el presidente Joäo Goultar, en 1964.

Sin embargo, abortada La Conspiración de Chipinque, desde cenáculos ultraderechistas de la Ciudad de México corrió de boca en boca el supuesto de la preparación de un autogolpe en los meses finales del mandato de Echeverría.

El espinoso tema reapareció con otra modalidad en el contexto del terremoto político de 1988 (Miguel de la Madrid dixit).

1988: “Golpe de Estado técnico”

En el marco del violento Colegio Electoral de la Cámara de Diputados -de calificación de la elección presidencial-, el constitucionalista y diputado priista don Antonio Martínez Báez empleó la figura de Golpe de Estado técnico para describir el anómalo procedimiento de declaración de “Presidente electo”.

Frente a la resistencia civil contra el fraude electoral, algunos militares y navales en retiro, agrupados en la Unidad Revolucionaria del PRI, trataron de sonsacar al presidente De la Madrid para que hiciera uso de las Fuerzas Armadas contra opositores militantes del Frente Democrático Nacional (FDN), a quienes se imputaba la intención de tomar los palacios de gobierno en algunos estados en una “operación envolvente” sobre la Ciudad de México. Obviamente, De la Madrid no consideró esa opción.

El espectro golpista merodeó de nuevo en 1994 con la irrupción en enero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. Los detractores de Carlos Salinas de Gortari comenzaron a hablar entonces de “autogolpe”.

Golpe de Estado “Jurisdiccional”

Con Ernesto Zedillo Ponce de León -a quien correspondió dirigir el esfuerzo por lograr un acuerdo de paz con los zapatistas rebeldes-, la especulación tuvo una variante de no poca significación.

Colegios de Abogados y constitucionalistas profesores universitarios acusaron al Presidente de dar un Golpe de Estado “Jurisdiccional” al podar casi en su totalidad el cuerpo constitutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya reconocida como Tribunal Constitucional, para imponer ministros a su conveniencia.

Ese tipo de especulaciones entró a otra espeluznante dimensión hacia finales del siglo XX. Reputado como restaurador de la diplomacia de las cañoneras, el ex secretario de la Defensa de Ronald Reagan, Caspar W. Weinberg, escudado en la coartada de “juegos estratégicos” editó una obra en la que incorporó un capitulo titulado Operación Azteca.

En ese capítulo, Weinberg describe a detalle la invasión y ocupación armada de los Estados Unidos a México con el argumento, incluido en la trama, de que un Golpe de Estado narco provocó una gran crisis política que disparó la emigración de mexicanos a los Estados Unidos, poniendo en riesgo la Seguridad Nacional del imperio.

Sabiendo cómo se la juegan los injerencistas gringos, no se puede pasar por alto que aquellos supuestos “juegos estratégicos” no son mera fantasía. Prefiguran una carta de navegación “para lo que pueda ofrecerse”. En última lectura, lo obvio es que la frontera Estados Unidos-México empezó a ser densamente militarizada.

México, en la órbita de El Pentágono

Como sea, lo que ha resultado de la relación bilateral México-Estados Unidos, es la compulsiva imposición de la Iniciativa Mérida, copia del Plan Colombia, en cuyo acatamiento los altos mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas han quedado indexados a la oficialidad que opera los Comandos Sur y Norte de El Pentágono.

No fue casual ese fenómeno: El presidente Vicente Fox se había adherido previamente a la Alianza Estratégica para la Seguridad y la “Prosperidad” de América del Norte, fraguada por el ex presidente George W. Bush.

En lo sucesivo, los comandantes de nuestras fuerzas armadas son convocados a las reuniones periódicas de jefes del Ejército de América Latina, citadas por Washington so capa de fortalecer la “Seguridad Hemisférica”, cuyos perversos fines están establecidos desde hace medio siglo por El Plan Cóndor, de devastadoras consecuencias para los pueblos de América del Sur.

El sucesor de Fox, Felipe Calderón Hinojosa, con su guerra narca, puso al país en el umbral de Estado fallido, la bandeja de plata tan socorrida para el intervencionismo imperial.

En el actual sexenio, el “camino correcto” en esa asignatura ha sido puntualmente seguido hasta situarnos en los límites de la ingobernabilidad.

El papel de Hillary Clinton

Dos conclusiones preliminares se pueden sacar del tema: 1) Es evidente que las Fuerzas Armadas mexicanas, especialmente el Ejército, hostilizado sistemáticamente por las emboscadas del crimen organizado, está exhibiendo signos de hartazgo, resultado de su irreflexiva incorporación a tareas de Seguridad Pública, desnaturalizando su misión como salvaguarda de la Seguridad Nacional, y 2) En la recapitulación histórica planteada, cuyo santo y seña es la nueva oleada golpista en América del Sur, desde la ocupación del Salón Oval de la Casa Blanca por Bill Clinton, ha estado activa en la política nacional de los Estados Unidos su esposa Hillary Clinton.

En lo que va del actual siglo, como senadora y jefa del Departamento de Estado, responsable de la Política Exterior de Washington. Como tal, a finales del sexenio de Felipe Calderón, le arrancó la firma en el Acuerdo para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos Transfronterizos México-Estados Unidos, en el que Washington se quedó con la parte del león.

Nomás recordar: El petróleo es el leitmotiv de las guerras con las que los Estados Unidos tienen hundidos en el exterminio permanente a los pueblos del Medio Oriente y son preámbulo de la Guerra Nuclear Global.

No hay razón alguna para pensar que los trasnochados depositarios del Destino Manifiesto actuarán de manera diferente a partir de enero de 2017, año en que aquí entra en preparación la sucesión presidencial de 2018.

Digámoslo con el clásico: Cuando un Estado muere, no se precisa la autopsia: Murió por suicidio. Tenerlo en agenda. Es cuanto.

Administrador Adicional -

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