La gran farsa
de los independientes
Feliciano Hernández*
-EL AÑO 2018 SERÁ RECORDADO como el gran fracaso de México en su apertura a los candidatos independientes que buscaron ganar la presidencia de la república sin el apoyo de las estructuras partidistas. Como si no hubiera suficiente frustración y hartazgo ciudadano ante el fallido sistema seudo democrático que ha imperado durante décadas, controlado por una partidocracia corrupta. Ahora el país ensaya la nueva opción como intento por encontrar quizás plena legitimidad y mayor credibilidad en su inoperante y oneroso sistema electoral.
CHICAGO, IL.- Los más de 30 aspirantes que se registraron bajo la opción “independiente” para gobernar a México en el sexenio 2018-2024 dejan mucho que desear en cuanto a sus capacidades y trayectoria. Algunos de ellos son tránsfugas de los partidos políticos y otros tienen mínimo respaldo popular. Todo ello hace pensar que sólo buscaban unos minutos de fama o, en ciertos casos, medir sus alcances y con ese resultado venderse luego al mejor postor de entre los candidatos más competitivos.
Pero lo peor sin duda son los oportunistas de diversos partidos que al no lograr las nominaciones dentro de sus propias filas corrieron a registrarse bajo la investidura de independientes. Pretenden ganar legitimidad, pero el cambiar de bandera partidista así de fácil también es un recurso agotado para los denominados chapulines.
El caso más comentado recientemente fue el de la ex panista Margarita Zavala, que no logró imponerse a la cúpula de su partido para quedarse con la candidatura presidencial y se fingió violentada en sus derechos hasta el punto de la ruptura. El curso de ese episodio sólo permitía anticipar nada bueno para las partes en pugna.
Ya es una película muy trillada, la de aquellos protagonistas que al no ver colmadas sus ansias políticas se victimizan y buscan otras plataformas para alcanzar sus aspiraciones.
Concebida como alternativa
La opción de candidaturas “independientes” fue concebida como alternativa para ciudadanos que al margen de los partidos tenían interés de participar y sobre todo tenían poder de convocatoria para aglutinar a los electores cansados de los mismos membretes. Aquella limitación a los verdaderos independientes constituía una franca violación de las garantías constitucionales y de los derechos civiles de todos los mexicanos que al calor de las luchas electorales y ante la cerrazón de las cúpulas partidistas, quedaban excluidos de ser votados y de los cargos públicos.
Fue mérito de Jorge Castañeda, el polémico intelectual y ex Secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox –también frustrado candidato presidencial-, el llevar la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que luego del obligado análisis del caso acabó pronunciándose a favor de una reforma constitucional en México para que se garantizara el derecho de todo ciudadano a ser votado mediante la figura de las candidaturas independientes.
Si bien lo que se pretendió fue dar un brinco en la consolidación democrática de México –así lo entendimos todos-, lo que se generó fue un “Frankenstein político” del que todavía no acabamos de vislumbrar toda su monstruosidad. Y este 2018 mostrará los alcances de ese engendro. Ya se vio un anticipo en el registro de aspirantes ante el Instituto Nacional Electoral y sus similares en las entidades federativas.
La falsa independencia
PRIMERO QUE nada, habría que cuestionar la procedencia y la filiación política e ideológica de los aspirantes. Lo que se vio en los primeros registros ante el INE fue a personajes con antecedentes dentro de las estructuras partidistas más conocidas; también a algunos con francos nexos ideológicos y políticos con empresarios o grupos de poder. Además de Margarita Zavala, está Jaime Rodríguez, El Bronco, actual gobernador de Nuevo León.
Otro hecho que llamó la atención fue que se registraron personajes sin sólida capacidad de convocatoria ni requisitos de solvencia moral e intelectual, como debiera ser el ideal para todos los aspirantes a desempeñar cargos públicos.
Hay fuertes motivos para dudar de las candidaturas independientes como opción para mejorar la eficacia y la honestidad en la función de gobierno. El primer gobernador que llegó al cargo por esa vía, Jaime Rodríguez, El Bronco, en el norteño estado de Nuevo León, a casi dos años de ese festejado suceso, para amplios sectores de quienes lo apoyaron y de sus críticos, ha sido un verdadero fracaso. Lo descalifican por sus escasos logros en la administración pública, y porque a final de cuentas comenzó a repetir los mismos vicios de los que llegaron a lo más alto del poder impulsados por los partidos políticos, a saber: falta de transparencia en la rendición de cuentas, nepotismo, corrupción, estrechez de visión de su gabinete y ausencia de programas innovadores para el desarrollo social, y bajo crecimiento económico.
Ha sido público el distanciamiento del mandatario aludido con el grupo editorial El Norte- Reforma, de la familia Junco de la Vega, que fue una de sus importantes plataformas, pero que ahora ha sido amenazada por el mismo gobernador, ni más ni menos porque lo  critican.
No sobra recordar que el mentado Bronco, ni siquiera fue un auténtico independiente, sino que respondió a los pleitos de poder en Nuevo León entre los más poderosos empresarios del estado. El reparto anticipado de ganancias entre panistas y priistas dejo inconformes a algunos que decidieron impulsar al polémico personaje. Como candidato “independiente” El Bronco despertó ánimos muy favorables, pero como gobernante ha exhibido reprobables ambiciones y una penosa miseria intelectual.
Hay que tener en la memoria que cuando un reportero le hizo la ya famosa pregunta de los libros más influyentes en su vida, El Bronco respondió que para él su referencia mayor era El libro vaquero, la popular historieta donde luchan buenos contra malos y que él se identificaba con el héroe del pueblo… Lo peor de todo es que el susodicho se apuntó como candidato independiente para gobernar a México desde Los Pinos.
Los riesgos por venir
CIERTO QUE México todavía está ante la gran prueba de sus candidaturas independientes. No parece oportuno descalificar de antemano esta prometedora opción de participación política, que bien llevada contribuiría a garantizar los derechos ciudadanos. Pero desde hace mucho que el sistema político nacional no es garantía de juego limpio. ¿Por qué debiera serlo en 2018?
No sólo se trata de prevenirse contra los oportunistas de la política, que en todo caso eso sería el menor de los males. El riesgo mayor sin duda es el de las candidaturas bien urdidas como independientes pero impulsadas por dinero del narcotráfico o por intereses mafiosos. El narco poder o la plutocracia encumbrados por una reforma constitucional disfrazada de avance democrático.
La advertencia no está de más ni es algo remoto. La prensa ha dado cuenta oportunamente – a veces no tanto—, de candidaturas sospechosas. Semanas y meses antes de que tuviera lugar la elección de julio de 2017 para gobernadores el columnista Carlos Loret de Mola denunció en El Universal los nombres de varios candidatos con vínculos cuestionables, todos impulsados por los partidos tradicionales. Hoy algunos de esos nombres gobiernan desde la legitimidad y legalidad que les dieron los electores.
¿Qué se puede esperar de las candidaturas independientes dentro de un sistema cuyas instituciones electorales adolecen de credibilidad y que en todo caso no rinden cuentas a nadie, ni al propio Congreso desde donde son alimentadas con fastuosos recursos, porque en todo caso actúan como socios y a veces como cómplices?
Ciudadanos vigilantes, el antídoto
DE ALGUNA MANERA, la opción de las candidaturas independientes va a sobrevivir, más por la desconfianza de los votantes hacia los partidos tradicionales, como están hoy de corrompidos, que por su propia funcionalidad. Pero su larga vida, y sobre todo su utilidad a la consolidación democrática dependerá de la vigilancia ciudadana a los candidatos mismos y a las instituciones que los legitiman: las autoridades electorales.
El Instituto Nacional Electoral y sus similares de los estados, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no deben ser sólo referentes de dispendio del dinero público ni ejemplo mayor de burocracias ineficientes y corruptas. Tienen que transparentarse al máximo y convertirse en rigurosos árbitros, objetivos e imparciales. No lo han sido, y en ciertos casos los consejeros y magistrados han actuado como defensores de oficio.
Lo que sigue son nuevas reformas complementarias del derecho constitucional a votar y ser votado, en las que se establezcan elevadas condiciones mínimas para los candidatos –como para un puesto en una empresa privada trasnacional, que gana el de mayores méritos.
Requisitos configurados bajo las exigencias de los tiempos modernos y de los retos presentes y futuros, pero en las que se privilegie ante todo los derechos de los electores sobre los de los aspirantes, para vacunar así a la administración pública contra los vándalos, los falsos redentores y los mediocres.
*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il., Estados Unidos.
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