El Congreso de la Unión, responsable

de las grandes desgracias nacionales

Específicamente, el tema de la llamada Seguridad Nacional trae consigo aparejada una serie de temores que siente en carne propia la población. El mismo Adolfo Hitler, en su obra, Testamento Político, conocido con el nombre de Borman Bermerke, se estremece ante la “doctrina de la seguridad nacional” y el “Estado de excepción” que el generalísimo Francisco Franco implantó en España, después de su triunfo sobre la República Española, en 1939, después de tres años de sangrienta guerra civil.

De Franco y su “seguridad nacional”, Hitler dice en su citada obra:

“... un régimen que menos que nunca goza de mi simpatía, un régimen de acaparadores capitalistas maniobrados por la clerigalla. No le puedo perdonar a Franco el no haber sabido, en cuanto terminó la guerra civil, reconciliar a los españoles. El haber hecho a un lado a los falangistas, a quienes España debe la ayuda que le hemos prestado, y el haber tratado como bandidos a los antiguos adversarios que estaban muy lejos de ser rojos todos. No es ninguna solución el poner fuera de la ley a la mitad de un país, mientras que una minoría de salteadores se enriquece a costa de todos...”.

La historia amenaza repetirse, ahora con émulos mexicanos del franquismo y por eso, en pleno Siglo XXI, cuando se pretenden reformas a la llamada Seguridad Nacional en México, renacen los temores, sobre todo porque el Congreso de la Unión, siempre complaciente con las consignas que llegan del extranjero, vota cambios en México que permiten la explotación de los que vienen de otros países a empobrecernos cada vez más y llevarse las ganancias más allá de las fronteras de México. Desde luego, “la burra no era arisca. Los palos la hicieron así”.

Conduce a una acentuada desigualdad

Ante los propósitos para darle mayor poder a la llamada doctrina de la Seguridad Nacional, con base en la iniciativa que estudia el Congreso de la Unión, se impone reiterar el criterio sobre la materia, del Episcopado Latinoamericano que, durante la III CELAM -1979-, efectuada en Puebla, puntualiza que “en los últimos seis años se afianza en nuestro continente la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional que es, de hecho, más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un denominado modelo económico-político (el neoliberalismo, como podemos advertir), de características elitista y verticalista que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas”.

“Pretende incluso -expresa la III CELAM-, justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina de la civilización occidental cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de guerra permanente. En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo geopolítico. La llamada doctrina de la seguridad nacional entendida como ideología absoluta, no se armoniza con una visión cristiana del hombre en cuanto responsable de la realización de un proyecto temporal ni del Estado, en cuanto administr4dor del bien común”.

Crecen los temores

Incluso, el sector intelectual de México, ante sus temores por las reformas a la “Ley de Seguridad Nacional” que se apresta a estudiar el Congreso de la Unión, prepara una carta abierta a los miembros del Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados y a sus comisiones de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos, para que haya un debate nacional antes de que los legisladores aprueben esa iniciativa que procede de Los Pinos.

En La jornada, -sábado 23 de abril, página 12-, Miguel Concha, defensor de los Derechos Humanos en México, afirma que “el asunto no es para menos, porque como lo ha venido informando La Jornada, ese documento, supuestamente elaborado en dichas comisiones unidas, no se compagina con los estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de seguridad interior, modifica sustancialmente la minuta que sobre la materia le envió el Senado a la Cámara Diputados el 28 de abril del año pasado, excede la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la participación de las fuerzas armadas en el auxilio de autoridades civiles, reglamenta su participación indefinida en labores de seguridad pública, desacata abiertamente y a las cuatro peticiones formales que desde el año pasado la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) le ha hecho al Estado mexicano y cuya jurisdicción es obligatoria, para que elimine del fuero militar las violaciones a los Derechos Humanos...”.

La reforma laboral, otro temor

En el mundo laboral, principalmente, ha crecido la inquietud ante la determinación de aprobar la reforma laboral, donde, según los especialistas, se proponen puntos de vista contrarios a los derechos de los sindicatos, a las conquistas laborales de la clase trabajadora, se crean las subcontrataciones que eliminan derechos al personal de las empresas y se crean condiciones “legales” para que el personal pueda ser despedido sin mayores trámites ni indemnizaciones.

En materia de seguridad nacional, hay expertos cuyos temores se manifiestan en declaraciones como la del catedrático Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y Narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien sostiene que “un ejército que va en contra de su población está perdido y corre el riesgo de perecer junto con el régimen”. (La Jornada, abril 23, página 10.)

Advierte, a su vez, René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que “de aprobarse la iniciativa de reforma, México enfrentará un escenario peor al que vivieron algunas naciones sudamericanas durante la década de los 70 del siglo pasado”.

Prevé Garduño Valero que, “de aprobarse la iniciativa , que daría al presidente la posibilidad de solicitar la intervención del Ejército y la Marina en contra de movimientos de carácter político, electoral, social y aun laboral, se apoya no sólo a la actual administración federal, sino quien gane la presidencia en el 2012,”

Responsabilidad de legisladores

El país experimenta momentos de inquietud antes de la votación de las reformas a la llamada Ley de Seguridad Nacional y a la de índole laboral. La expectación reflejo de la inquietud entre la opinión pública, es ocasión para recordar que de los graves problemas a que se enfrenta el país, los legisladores resultan responsables en grado sumo, porque por ellos han pasado los cambios que han llevado a México al deterioro de su soberanía nacional, de la pérdida de su identidad ante el mundo, de la crisis económica que agobia a la gran mayoría del pueblo, del desmantelamiento de la economía rural, del cambio de leyes que ha significado la reducción de la superficie ejidal en más de un 40 por ciento, de la corrupción, de la impunidad, de la inseguridad, etcétera.

Es tiempo de que diputados y senadores procedan con patriotismo, para que así puedan aprobar leyes que benefician al país y no lo hagan sólo con las órdenes que llegan desde el extranjero, para que los cambios legislativos se hagan en pro del capitalismo mundial usurero que busca las más grandes ganancias en México. Ojalá que en el caso de las reformas a la llamada Ley de Seguridad Nacional y la reforma laboral, no signifiquen que en México veamos resucitada a la España franquista, cuya doctrina de Seguridad Nacional, condiciones laborales, desigualdad y “Estado de excepción” con violación de los derechos humanos en aras de una Seguridad Nacional antidemocrática permitan que reviva en nuestro país, la España del franquismo, que horrorizó al mismo Adolfo Hitler.