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Reforma política y seguridad nacional
Todo cambió:
Todo sigue igual
Como suele ocurrir en cada cierre de periodo ordinario de sesiones de las cámaras del Congreso federal -en el que incluso se manipula el reloj parlamentario para simular que las cosas se hacen en tiempo y forma-, los dictámenes se someten a un descarado toma y daca, según el particular interés de los partidos predominantes. Esta vez, sin embargo, las licencias que se conceden los pastores de las bancadas, que negocian en el circuito cerrado de las juntas de Coordinación Política, han rebasado el límite de la decencia y acaso de la sensatez. No es aceptable que, en procesos legislativos cruciales para una nación estremecida por la violencia y una comunidad presa del desencanto electoral, como son los de Seguridad Nacional y la reforma política, que deben ser rectores y garantes de la paz pública y la aspiración democrática, en la discusión y resolución de las iniciativas correspondientes -en la segunda de las cuales, con acusados rasgos, está de por medio el imperativo constitucional - la ley del hierro de los caciques parlamentarios excluya no sólo a la sociedad civil, sino a comisiones de estudio y dictamen en las que se escuchan criterios discordantes con las de los de los coordinadores partidistas. En plena pugna por la sucesión de 2012 y convertidos en depositarios exclusivos de su propia e indiscutible voluntad, los coordinadores del Partido Acción Nacional (PAN) pretenden blindar a su jefe de partido que, actuando de facto, metió arbitriamente a la República en una guerra que nadie deseó ni pidió; en tanto, los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ya se siente de nuevo titular del poder presidencial, tratan de dotar al potencial relevo, aun en demérito del propio Poder Legislativo, de un macizo de facultades que se agregan a las metaconstitucionales de las que históricamente el mandatario ha hecho recurso discrecional. En ese sentido -la acción de facto- el dictamen en materia de Seguridad Nacional, por ejemplo, no hace más que brindar a posteriori un manto de impunidad a las prácticas de las Fuerzas Armadas, comandadas por el Presidente, ya en uso, y causales de generalizadas condenas civiles por la violación de los Derechos Humanos. En cuanto a facultades que la reforma política otorga al jefe del Ejecutivo, verbigracia en materia presupuestal, no agregan nada nuevo. Ahora, el Presidente no tiene veto explícito expreso el Presupuesto de Egresos, pero lo mismo da: En los hechos burla el mandato de la Cámara de Diputados, según consta en la revisión del gasto federal que cada año hace la Auditoria Superior de la Federación. En ambos ejemplos, no se hace más que legitimar la previa desviación de la norma; praxis contra la que los legisladores, al procesar la reforma política, se resisten a proceder legislando expresamente un régimen de responsabilidad de los gobernantes, omisión que fermenta el caldo de cultivo de una intocable presidencia de México, desenfrenada y sin sanción correctiva.
Por requerimientos de agenda laboral -se nos encima a nuestra programación en imprenta fin de semana con día feriado obligatorio- iniciamos estas notas el 25 de abril. Esta acotación nos parece pertinente por la naturaleza de los dos temas a abordar: La Ley de Seguridad Nacional, en discusión en la Cámara de Diputados, y la reforma política, en el Senado de la República.
Comisiones de dictamen
Impedidas de dictaminar
Como ocurrió con la iniciativa de Ley Lozano (reforma laboral) en San Lázaro, es eventualmente probable que aquellos proyectos no se desahoguen a plenitud por el inminente cierre del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo federal, pero bastan las orientaciones de los borradores de dictamen para discernir sobre la intencionalidad de las bancadas mayoritarias (PRI y PAN) en sendos órganos legislativos.
Una primera observación consiste en que, a contrapelo del reglamento sobre prácticas parlamentarias, las juntas de Coordinación Política, presididas en ambas cámaras por panistas, -para acotar la resistencia de legisladores remisos- han procedido excluir a algunas comisiones de las que trabajaron unidas para dictaminar las iniciativas, a fin de concentrar la votación en aquellas más dóciles a las consignas predeterminadas. La segunda observación, es sobre el perverso trueque de apoyos a dictámenes que interesan a un partido, a cambio de la urgencia que mueve a otro en temas que parecen no tener relación directa con las iniciativas en proceso. Sería el caso de la negociación en la Cámara de Diputados para adjudicarse la designación de tres consejeros del Instituto Federal Electoral, cuyo nombramiento está pendiente desde el otoño de 2010.
De lo visto y escuchado en la Cámara baja sobre el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, enviado por el Senado, se desprende la obvia división entre legisladores priistas, según las modificaciones que en San Lázaro se pretenden hacer a los contenidos votados afirmativamente en la cámara de origen. Un aspecto indicativo de ese diferendo es la proposición de que militares acusados de delitos contra particulares sean procesados en tribunales civiles, lo que implica una restricción al fuero militar. En comisiones unidas de Defensa Nacional, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación, en la Cámara de Diputados la voluntad priista es conservar en sus términos actuales el fuero militar. Para evitar indisciplinadas objeciones, se discrimina a las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia. Nada más, pero nada menos.
Las maliciosas causas
de las “excepciones”
Más grave aún -dicho a manera de ilustración-, es la tácita facultad que algunos diputados pretenden conceder a las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones sociales de denuncia, protesta o resistencia contra actos de autoridad. El bacilo ya se inoculó con anterioridad en códigos federales, como parte de la reforma a la Justicia Penal, pero ahora se intenta trasladarlo al modelo de Seguridad Nacional. El proyecto de dictamen no trata literal, explícitamente aquella facultad represiva de las Fuerzas Armadas, pero cuando propone que no procede la declaratoria de afectación a la seguridad pública cuando la solicitud tenga su origen o causa dar cumplimiento a requerimientos administrativos o de trabajo, movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, a renglón seguido advierte una elástica extensión: Excepto cuando las acciones derivadas de los mismos (movimientos o conflictos) constituyan una amenaza en términos del artículo tercero de la ley en la materia. Haciendo abstracción de la roma sintaxis de los redactores, ya se sabe cuantos crímenes de Estado se cometen so capa de condicionantes como excepto, salvo que… aplicados al socaire de la provocación deliberada o prefabricada, en que la excepción se vuelve regla.
(Por asociación de ideas, cuando uno observa esos afanes parlamentarios escucha al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, informando que instruyó a la Procuraduría General de Justicia del Estado que analice alguna forma de arraigo de siete militares implicados en el asesinato del médico Jorge Otilio Cantú, perpetrado el 18 de abril en Monterrey, en cuyo vehículo, además, se sembró un arma de fuego para presentar a la víctima como pistolero, del mismo modo que en la misma ciudad, los aparatos federales, hace meses, trataron de incriminar a dos jóvenes brillantes estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Tecnológicos Monterrey, ejecutados y presentados como sicarios para tratar de justificar el crimen.)
Francisco Rojas Gutiérrez
De otro lado, no es accidental que, en la perspectiva de la sucesión presidencial, los dictaminadores de la iniciativa incluyan entre los movimientos potencialmente reprimibles la protesta electoral, habida cuenta que el comandante supremo de las Fuerza Armadas, el presidente designado Felipe Calderón Hinojosa ya advirtió que la tropa permanecerá en las calles hasta el último día de su sexenio… para lo que pueda ofrecerse. Y lo que puede ofrecerse es la declaración del Estado de excepción, ya exigido en ocasiones anteriores por el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; exigencia a la que se atribuye la renuncia del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Se hacen guajes con
29 constitucional
Dicho como un dato no precisamente accesorio, el diputado más apasionado en la defensa del dictamen en los términos enunciados, es el priista mexiquense Alfonso Navarrete Prida, aquel procurador del Estado de México que anunció un terremoto entre la clase política provocado por las revelaciones (¿?) que, dijo, permitirían esclarecer el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano del innombrable de tan apacible familia, ocurrido en los días de gobierno de Arturo Montiel Rojas.
Jurista él, Navarrete Prida, al tratar de justificar algunas cláusulas del proyecto, se salta a la torera el artículo 29 de la Constitución que establece causas y momento en que (con aprobación del Congreso) el Presidente podrá suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación (casos de invasión, perturbación grave de la paz pública…) pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales…
Tope en ello, y como si hablara de un tópico menor que eventualmente se podría presentar, Navarrete Prida apunta: Si hay algo que genera un riesgo real, es que el Presidente se brinque la Constitución, Con la reforma, si hay error hay que señalarlo y atenderlo. No estamos buscando un extraño enemigo, sino sujetando las acciones del Ejército al fuero civil y a la conducción del Ministerio Público”. No se trata, señor diputado, de un riesgo latente que hay que “señalar y atender”. Se trata ya, desde hace más de cuatro años, de una monstruosa realidad galopante y cruel, derivada del premeditado desacato de la prescripción constitucional, bajo la coartada de una lectura de viejo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se toma como licencia sin límites ni condiciones que hace de la contingencia un estado permanente y sin restricciones de ninguna índole, exceso contra el cual el Congreso se enconchó y dejó hacer y dejó pasar, como si la tragedia no le incumbiera.
Especulando a futuro, no puede perderse de vista que al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto -el presidenciable priista mejor posicionado hasta ahora- se le atribuyen todos los poderes de control de los partidos propio y de oposición en la entidad; de dirección campañas electorales del PRI en otros estados y, sobre todo, de autoridad sobre los legisladores federales provenientes de Edomex, cuya experiencia legislativa les permite influenciar sobre las comisiones en las que participan.
Acarrean agua a
molinos partidistas
Del Estado de México procede el coordinador de la bancada del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez. Éste, en una de las reuniones con los integrantes de su bancada, dejó claro en cuanto a la Ley de Seguridad Nacional: “Los primeros interesados en que salga (el dictamen) somos nosotros. ¿Por qué lo estamos? Porque el país está metido en un lío. Un lío gravísimo que nunca habíamos experimentado en la vida: Un problema de inseguridad como el que estamos sufriendo, que no es la cotidiana del robo de un reloj en el semáforo o extorsión telefónica. Estamos ante un asunto verdaderamente de salvajismo; es decir, esas matanzas que viven cotidianamente Tamaulipas, Nuevo León y Durango, que hace cuántos años ustedes ni siquiera imaginaban que podrían suceder.
“El PRI se anotaría un éxito legislativo enorme si logra acotar las facultades hasta ahora discrecionales del Ejecutivo federal y definir las necesidades que requieren (sic) las fuerzas armadas para actuar”, argumentó Rojas Gutiérrez. Habla el coordinador priista y lo hace como si en el trance nacional lo que estuviera en pugna es qué partido se lleva las palmas por los resultados obtenidos en el proceso legislativo. Si esto no es una mezquindad electorera, quién sabe como pueda catalogársele. ¿Inverecundia acaso? No es casual, ni gratuito, que, antes de que se conociera el resultado final de la votación en la Cámara de Diputados, otro presidenciable, éste del PAN, el senador Santiago Creel Miranda, haya advertido que su bancada en la Cámara alta no aprobará la ley comentada si incluye ordenamientos que lleven a la violación de los Derechos Humanos, como si no existiera ya una montaña de denuncias documentadas, sentencias de instancias internacionales desacatadas y recomendaciones de la ONU rechazadas tajantemente por el gobierno de la República.
Una infumable
reforma política
Teniendo ya tres años en el horno parlamentario, apenas el lunes de la semana pasada empezó a tratarse en comisiones del Senado (unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos) y a tratarse en público en vacilante sesiones plenarias la cuestión de la reforma política. Aunque se hablaba de que un predictamen -en estricto rigor, un borrador- había sido entregado a los senadores integrantes de las comisiones citadas -sólo una mujer entre ellos- antes de que salieran a “descanso” por días de Semana Mayor, existía un ostensible malestar entre la mayoría de los miembros de la Cámara alta porque los únicos en saber cuál sería la orientación del proyecto de dictamen, que se pretendía definitiva, eran solamente cuatro magníficos; a saber, el priista presidente en turno de la mesa directiva y precandidato presidencial Manlio Fabio Beltrones Rivera; el coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Coordinación Política, José González Morfín; el coordinador de la bancada perredista Carlos Navarrete Ruiz y el cuarto seguramente Felipe Calderón Hinojosa; los cuatro que tienen la sartén partidista por el mango.
Se sabía, hasta el 25 de abril, que la intención era sacar la votación antes del día 30, último del periodo ordinario de sesiones. Como fueron incluidos en la reforma artículos constitucionales (16 en el primer lance), éstos deben ser aprobados por mayoría calificada de dos tercios, para dar turno luego a la Cámara de Diputados, que por su parte tenía todo un arsenal de propuestas en archivos. Una vez aprobado “lo que resulte”, en tratándose de modificaciones a la Constitución, éstas deben pasar por la criba y aprobación de por lo menos dos terceras partes de las legislaturas de los estados y sería hasta entonces cuando el Senado estaría en aptitud de hacer la declaratoria de la reforma constitucional.
Lo que queremos subrayar, es que el proceso legislativo, sobre todo si hubiera en agenda periodo extraordinario de sesiones federal para ese tema específico, tiene que acometerse a marchas forzadas pues, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquier reforma al régimen electoral debe estar promulgada 90 días antes de que se inicie el proceso electoral que va a normar. El plazo se agotaría el 30 de junio. El Instituto Federal Electoral, todavía baldado al comenzar estos apuntes, debe arrancar el calendario preparatorio de las elecciones generales de 2012 -con elección presidencial- en octubre. Como siempre, se está corriendo contra reloj (incluso el parlamentgario), cuya velocidad sólo permite engendrar verdaderos papasales jurídicos, si no es que maquinadas lucubraciones de lex simulata. Esto es, legislaciones “a la carta” para jugadores selectivos y selectos (en circuito cerrado), que no se compadecen de opinión general alguna.
Reservas para oír,
no para rectificar
Para la madrugada del martes 26, se daba por allanada la aprobación del proyecto de dictamen en lo general, hasta por sospechosa unanimidad -sospechosa, habida cuenta que algunos padres de la Patria ni siquiera habían hojeado ni ojeado la agenda del día-; pero, concluida abruptamente la sesión, no terminaban de contarse los artículos reservados para la discusión en lo particular. Sólo la bancada del Partido de la Revolución Democrática había reservado 15 de los 16 artículos constitucionales considerados en el proyecto. En las primeras tres horas de iniciado el debate en lo particular, éste se suspendió “por falta de consenso”, lo que confirma que, aun con la precariedad del proyecto, éste no estaba planchado como se festinó días antes para asegurar que la aprobación sería un día de campo.
De la discrecionalidad aplicada a ese tardío proceso habla la improvisada formación de una subcomisión anexa, ésta encargada de un nuevo ejercicio de redacción para artículos impugnados, cuyos objetores tendrían que presentar por escrito sus alegatos el martes para bajarlos el mismo día al pleno. Forma epiléptica de negociar, las comisiones dictaminadoras fueron sacadas del costoso y flamante Palacio de Reforma y París, y enclaustradas en la Torre del Caballito, que ya se creía fuera de uso, en cuyas puertas se puso el aviso: “No molestar, comisiones trabajando”. A propósito de “equidad de género” algunas senadoras denunciaban su exclusión en los arreglos de los varones, hasta en la súbita integración de la subcomisión redactora; no sabían si por razones de discreción o porque ellos creen que las señoras escriben senador con c. La discriminación femenina enfrentada a la exigencia de paridad en oportunidades quedaría en mera nota de color, si no fuera porque toda la puesta en escena se caracterizó por el típico e impúdico pintoresquismo del agandalle a la mexicana.
El Estado fallido no
da ni para maquillaje
Uno pensaría que, dada la convicción cada vez más generalizada de que, el de México, es un Estado fallido, el imperativo patriótico de nuestros días es la Reforma del Estado. No está ese imperativo, sin embargo, en el orden de prioridades del Congreso de la Unión. En el Senado de la República, la Comisión de Reforma del Estado fue relegada al segundo plano entre las comisiones dictaminadoras en cuyas manos quedó formalmente la enclenque reforma política. Enclenque, aunque para el senador panista González Morfín haya sido de alcance histórico, pues que, según él, “cambió el sistema político de México”. (Lo hizo acaso, en ejercicios de prestidigitación porque la percepción popular no alcanzó a registrar la dimensión de la epopeya.)
No hubo, pues, no hay, para decirlo pronto, voluntad política para reconstruir las desvencijadas estructuras y las atrofiadas funciones del Estado mexicano en la medida en que lo exigen las circunstancias actuales, en que los poderes fácticos señorean sobre las instituciones constitucionales. La concepción y el fin del Estado que la presidencia panista de Vicente Fox heredó y se negó a cambiar (a pesar de la comisión ex profeso creada desde el mismo 2000), porque así convenía a los intereses creados; es la misma concepción y el mismo fin que el Partido Revolucionario Institucional -seguro de que recobrará la presidencia de la República en 2012- se resiste a revisar, porque así conviene a los mismos intereses creados, ahora más articulados con o avasallados por pretendidas hegemonías extranjeras; básicamente la del neocolonialismo anexionista estadunidense.
Hacia la década de los ochenta, los tanques pensantes cercanos o adentro de la Casa Blanca -ocupada por el decrépito Ronald Reagan- olfatearon al régimen revolucionario mexicano como cadaverina, envuelta en la mortaja tricolor que le confeccionó el PRI tecnocrático neoliberal. Entonces se dio respiración de boca a boca (con algunos billetes verdes como compensación por el trémulo acercamiento osmótico) al Partido Acción Nacional -“la alternativa católica a la Revolución mexicana”-, misión que Washington encomendó al encantador John Gavin, actor tan pésimo como Ronald Regan, pero tan desvergonzado como éste a la hora de urdir la activa Triple alianza -empresarios, clero político y Embajada- como soporte electoral del PAN.
Arman ahora al
nieto de Frankenstein
Tres décadas después, la más reciente de ellas con el PAN en la presidencia, el imperio reniega de su criatura. Según los cables divulgados por Wuikileaks, la Embajada dictamina que los prospectos panistas para el cercano 2012 no son capaces ni de pelar un chango a nalgadas. El experimento -bien podrían escribir y suscribir el diagnóstico Carlos Pascual-Mary Shelley- culminó en que el doctor Víctor Frankenstein tiene al monstruo con una pata chapoteando moronga en ambas márgenes del río Bravo y la otra enterrada entre narcofosas de las que afloran fiambres tumefactos o petrificados en cosechas tan abundantes como las visiones fálicas de Sartré en sus amaneceres ventaneros.
A falta de opciones menos peores, gustosos, pues, los Estados Unidos están dispuestos a restituir a los priistas la residencia presidencial. Después de todo, aquellos boy scouts -niños vestidos de tontejos guiados por un tontejo vestido de niño- han perseverado en la doctrina verdadera y porfiado en Friedrich von Hayek su profeta más adelantado; además, como lo demostró con creces el doctor Z (Ernesto Zedillo Ponce de León), ellos sí saben cómo hacerlo, si no con las manos precisamente limpias, al menos vacunados contra la hemofilia. Ante esas expectativas digitadas desde las riberas del Potomac, ¿por qué y para qué urgir una Reforma del Estado, con el riesgo de que luego algunos crean que México debe ser para los mexicanos?
Por eso, aunque entre los abajofirmantes del para algunos inédito “dictamen” -curioso para el caso: Una de sus acepciones de dictamen es tomar opinión de un amigo íntimo- aparecen nombres de los de la Comisión de Reforma del Estado, no hay signo de preocupación alguna por darle una manita de gato al astroso Poder Judicial de la Federación; ay, tan leal a los campeones de la usura anatocísmica, a los filibusteros al acoso de los recursos energéticos; desde luego, a la Presidencia que transgrede la norma, pero no merece penalización alguna, así haya embarcado a las Fuerzas Armadas en una aventura visceral que devino puertas abiertas a la intervención armada extranjera, rápida y furiosa, etcétera. Por no dejar, a la Suprema se le daría tentativamente la verificación de la constitucionalidad de la consulta popular, un “hallazgo” todavía tambaleante de la microrreforma política.
Magistrados electorales,
dignos compañeros de viaje
¿Imaginar una reforma al Tribunal Electoral del PJF que permita una instancia de apelación en materia de validez de las elecciones y designación de presidente de la República, dictada con base en ofuscadas o capciosas abstracciones interpretativas, o al menos impida que por pulsiones glandulares las ponencias sobre denuncias de actores político-electorales sean tratadas -y acaso resueltas- en íntimas cenas ofrecidas por los magistrados en sus residencias particulares? Imposible. Mejor hacerse de la vista gorda cuando algún magistrado ceda a la tentación de delegar en alguna favorita el arreglo de adquisiciones inmobiliarias con cargo al presupuesto del afamado tribunal o caiga en pataleta porque sus allegados no alcanzaron posiciones de alta rentabilidad en las salas regionales. En fin.
Por eso, los senadores, particularmente los priistas que llevan la voz cantante, en su mascarada de reforma política tampoco le entran a la reforma del poder presidencial. Todo lo contrario. ¿Qué tal si la revocación de mandato, por ejemplo, les resulta a futuro bumerán y termina en un hocicazo en Los Pinos? Si acaso, sustitución (o interinato) del Presidente, allá cuando muera intoxicado por un camarón en mal estado, para lo cual hasta la Comisión Permanente podría convocar a que el Congreso se constituya en Colegio Electoral, para nombrar al suplente entre los secretarios de Gobernación, Hacienda o Relaciones Exteriores (hay que imaginar de Presidenta interina a doña Patricia Espinosa); y, si el Trife demorara la declaración de validez de la elección presidencial, pues también el presidente del Senado asumiría durante el periodo de espera. Tan calificados y acreditados los senadores para responder ipso facto al llamado de la Patria. Ya entrados en gastos: rediseñar, reforzándola. la presidencia imperial, otorgándole el privilegio de iniciativa preferente (dos por lo menos en cada inicio de periodo de sesiones) y la facultad de veto -sea explícito o disimulado como reconducción- en materia presupuestal: si se trata del de Egresos, que de eso se trata, manos libres ? En un descuido, por poco y suprimen la Auditoría Superior de la Federación, no vaya ser que la revisión de la Cuenta Pública le provoque un mortal ataque de urticaria al huésped pinolero.
Para taparle el ojo al macho, un Senado “insurgente y equilibrador” tendría eventualmente la facultad de “ratificar” a algunos secretarios encargados de despacho (¿Por qué no a los de Defensa Nacional y Marina) y quizá a algunos directores de las rentables comisiones reguladoras de esto y de lo otro que se engolfan con la renta fiscal y, por supuesto, con las jugosas comisiones que abonan los contratistas del gobierno por licitaciones amañadas o, de plano, por adjudicaciones directas. O por declarar desiertos aquellos concursos que podría ganar algún magnate desafecto al mandatario en turno. Siempre, en eso de la ratificación de nombramientos, permanecería a la mano la coartada de “lo aprobamos, porque el riesgo era de que nos propusieran a alguien peor”. (Si la ratificación fuera denegada, no faltará un fideicomiso o una embajada como premio de consolación, y todos tan contentos). O, en última lectura, aquello de que es facultad exclusiva del jefe del Ejecutivo nombrar y quitar a quien le pegue su regalada gana para el encargo vacante, que siempre lo hay ahí donde se poda el gabinete según el talante con el que el “supremo” despierte tal o cual día.
Muros berlineses a
la sociedad civil
Colocado en lo que interesa a las facciones partidistas -lo puramente electorero- desde el mismo lunes 25 se puso en peloteo la segunda vuelta en elecciones presidenciales (suprimida en el primer borrador de dictamen) y el tema de las candidaturas independientes, propuestas en el texto de marras para 2015, a pesar de que los avances suponían que estarían abiertas para 2012. En lo que respecta a la cancelación del principio de no reelección, la posibilidad de prolongación en el cargo se otorgaría en principio como prerrogativa, en el ámbito federal, a diputados y senadores (cuyo número por cierto, pese en el clamor popular, se conservaría intocado.)
Los reformistas han exhibido su levadura antidemocrática en tres puntos del proyecto: La consulta popular, la iniciativa popular y la exigencia de obligatoriedad del voto en elecciones constitucionales, respuesta matrera ésta a aquellos que, ilusos, creen que con campañas anulistas del voto se puede llevar a los políticos por el buen camino.
Con independencia de los temas objeto de su aplicación, la convocatoria a consulta popular estaría condicionada -en cuando derecho de la sociedad civil o del ciudadano- al apoyo de un porcentaje piso de dos por ciento del listado del Registro Federal Electoral (RFE). Esto es, en términos del padrón de estos meses, más de un millón 600 mil ciudadanos. En cuanto a la iniciativa popular (para la iniciación de leyes), el porcentaje exigido sería de 0.25 por ciento del listado del RFE: Algo así como 200 mil ciudadanos. Hay partidos que no pasarían la prueba de la verificación para acreditar, e-fec-ti-va-men-te, un padrón de militantes con ese mínimo. ¿Con qué ánimo y recursos materiales un ciudadano del llano podría recabar un millón 600 mil o 200 mil firmas, según el caso, para lograr que se sometan a consulta popular los contratos incentivados de Pemex, o que se legisle la penalización a funcionarios o empleados que purgan la información contenida en los discos duros de las computadoras del sector público para borrar toda huella de los latrocinios cometidos en la gestión gubernamental?
Cuando estas líneas entren en circulación, los fatigados legisladores federales ya estarán preparando sus viajes de primavera-verano para recrearse en el extranjero. Otros permanecerán aquí, preparando su estrategia en pos de la presidencia de México. El gatopardo paseará orondo en los ensangrentados territorios mexicanos. Gatopardo goza de inmunidad frente a la lluvia de plomo que nos ha traído el cambio climático, que para nada incide en las prácticas de los politicastros: Cambiemos todo para todo siga peor.
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