La nave democrática hace agua por todos sus boquetes
Parece inconcebible que, faltando sólo cuatro sesiones del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y menos de seis semanas para las elecciones federales intermedias del 7 de junio, el Senado de la República haya mantenido atorado durante más de 20 días el nombramiento del nuevo magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 Parece inconcebible. No lo es: Es la sucia marca de la casa del Poder Legislativo federal, tripulado caciquilmente por los priistas Emilio Gamboa Patrón (Cámara alta) y Manlio Fabio Beltrones Rivera (Cámara de Diputados), que de manera recurrente burlan hasta sus propios plazos constitucionales para procesar en tiempo y forma resoluciones legislativas que implicarían la buena marcha del desarrollo democrático del país.
El tema, sin embargo, no es de poca monta. Se trata de la formación de los poderes públicos y el TEPJF es, nada más, pero nada menos, la instancia jurisdiccional cuyas sentencias en materia electoral son definitivas e inatacables, de lo que se colige que cualquier interrupción o anomalía en su funcionamiento puede afectar al final de cada proceso, si no la legalidad, sí la legitimidad de los resultados de los comicios.
El asunto es la sustitución del magistrado Alejandro Luna Ramos después de dos promociones que lo llevaron a la presidencia del Tribunal, que se vencieron el 20 de abril, fecha fatal del relevo.
Las cuotas envilecen a los órganos electorales
 La transgresión del procedimiento senatorial se hizo palpable cuando la fracción-facción priista, anclada en la subcultura de las cuotas partidistas, se obcecó en sacar la candidatura del magistrado Javier Aguayo Silva, a contrapelo de la resistencia de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
La sucia marca de la casa, insistimos, porque al menos en dos ocasiones no lejanas, la Cámara de Diputados, con facultad exclusiva para nombrar a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), incurrió en dilaciones semejantes hasta que las bancadas, por encima del mandato constitucional, vieron satisfecha la repartición de cuotas partidistas.
Esa aviesa manera de integrar los órganos electorales, supuestamente autónomos, se dimensiona ahora que el INE centraliza la gestión de los procesos electorales de todo el país, entre los que está incluido el cambio de nueve gobernadores de otros tantos estados.
Como el IFE-INE, el Tribunal Federal Electoral no goza de la mejor fama pública desde que en 2006 y 2012 -procedimientos en los que por cierto participó Luna Ramos- dictaminó la designación de Presidente electo tras jornadas sucesorias que atravesaron por una serie de documentadas y furiosas impugnaciones que fueron desestimadas por el pleno de esa instancia.
Circulan todavía diversos estudios científicos que ponen en tela de sospecha la integridad de los consejeros electorales, a los que se acusó de avalar en 2006 los resultados manipulados al través del uso de un algoritmo modificado que alteró la fuente del sistema digital, provocando una distorsión deliberada entre la información “de entrada” que recibe, clasifica y ordena con base en las actas de cómputo el Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT), y los datos posteriores emitidos por el Centro Nacional de Recepción del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Desde otro enfoque, la Fundación Estado y Sociedad editó La actuación de los Consejeros Electorales del IFE/ Observación Electoral 2009, coordinado por Juan Antonio Flores Vera y Héctor Ramírez Gamboa, obra en la que se cuestiona el comportamiento de esos funcionarios en las elecciones intermedias de ese año.
Dicho sea de paso, en el apartado 10 de ese compendio, se analiza la regulación de la propaganda electoral, el desacato contumaz a la ley por las empresas televisoras y se denuncia desde entonces la reincidente conducta ilegal en la materia por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Burlar la ley, el juego que todos jugamos
 En cuanto a la conducta de los magistrados electorales, son textos de consulta los estudios contenidos en Los límites de la democracia en México/ Elecciones de 2006 (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM), coordinados por los investigadores Fernando Castañeda y Angélica Cuéllar.
Sólo a modo de ilustración, hacemos dos citas de la introducción a esa obra: Las elecciones para presidente de la República del año 2006, volvieron a poner nubarrones sobre las elecciones y sobre el régimen democrático mexicano.
“Hay algo crónico en la construcción de consenso en México y en la infraestructura moral de las reglas y las leyes que se expresa regularmente en un juicio post facto que siempre dice: ‘La ley es imperfecta y por lo tanto es injusta’. Este juicio sumario autoriza al que lo anuncia a no respetar la ley. No existe ninguna ley perfecta, pero quizá la democracia en la democracia el problema es aún más complejo”.
Los límites… se enfoca frontalmente al comportamiento de los magistrados electorales y, por supuesto, con base en un profundo análisis jurídico y otras evidencias empíricas, pone en entredicho la ética de dichos jueces.
De los elementos de las obras citadas, lo que resulta pertinente subrayar son las líneas sobre aquello de la ley imperfecta “y por tanto injusta”, perverso criterio con el cual quienes lo sostienen se sienten autorizados a no respetar las normas, para el caso, las establecidas por el régimen electoral mexicano.
De ello sigue que la transgresión de la ley, que en anteriores procesos electorales era la excepción impune, ahora se ha convertido en regla generalizada, también impune.
Esa afirmación no es gratuita: La conflictividad en los procesos de 2015 se ha tornado explosiva sobre todo en esta ocasión en que, mediante la centralización, el INE tiene que administrar las campañas de candidatos a más de dos mil puestos de elección popular, entre los que destaca la elección de la Cámara de Diputados federal que dará pie a la LXIII Legislatura federal, que será parte del microondas en que se cocinará la sucesión presidencial de 2018.
Corrupción, lo único “democratizado”
Entre el predominio en el viejo régimen del “partido casi único” y la participación ahora de diez partidos con franquicia nacional, si existe alguna diferencia, es una diferencia para empeorar. La corrupción de un partido, simple y llanamente se multiplicó por diez. Aquí sí que la corrupción se “democratizó”. No hay quien meta las manos al fuego por una opción.
El proceso de depravación de los regímenes internos de esos diez partidos se hizo visible en su propio seno: 1) cuando en los dos años recientes los militantes fueron convocados a renovar sus dirigencias nacionales, estatales y municipales, ahí donde no hubo designación directa, como ocurrió en las nuevas franquicias, y 2) cuando se abrió la pugna por las candidaturas a las precampañas y campañas constitucionales.
El esquizofrénico fenómeno se documenta con la febril e incesante migración de militantes de un partido a otro -sin discriminar siglas o postulados doctrinarios o programáticos que no son, en última lectura, más que simulación- con tal de alzarse con una candidatura, aunque sea de regidor municipal. No son casos aislados; son verdaderas legiones.
Aun en las nuevas candidaturas codificadas como independiente, la figura ha sido capitalizada en su mayoría por militantes renegados de los partidos que les negaron oportunidad y ahora se ostentan como adalides de la democracia.
El INE al frente de los Establos de Augías
Colocado frente a esos Establos de Augías, el INE poco o nada ha podido o querido hacer: Algunos consejeros, porque pagan con su complicidad a los partidos el favor de su nombramiento; otros, los menos, por mera impotencia frente a mayorías prefabricadas e intransigentes.
 Caso insólito en ese desmadre, es que siete de los diez partidos se hayan declarado en huelga contra el INE, ausentándose de las sesiones de Congreso General, y los consejeros sesionaran en compañía de los representantes de los tres partidos restantes, a cual más de impresentables e indefendibles.
Huelga decir que esa retirada mayoritaria tuvo como excusa la protección al PVEM en su inveterada violación a la ley, por la que ya algunos de sus adversarios piden la cancelación de su registro.
Coartada, nomás, porque ningún partido ha pasado ileso por las sanciones (multas) impuestas por el Instituto por las mismas transgresiones, así algunas de esas sanciones sean sólo para taparle el ojo al macho.
La causal más recurrente de esas sanciones, es el contenido de la propaganda electoral y, siguiendo con lo insólito, tenemos que el propio presidente Enrique Peña Nieto ha hecho valer su queja por alusiones personales e institucionales a su estilo personal de gobernar y de viajar.
Como era de esperarse, en esa sistemática burla a la ley, no podía faltar la insolencia de los concesionarios de los medios electrónicos y anexos, que han prohijado la contumaz conducta de los partidos y de sus consultores en propaganda.
Unos desertan; otros reclaman pago completo
Nada pueden la tormenta de más de 20 millones de espots descargada sobre la indefensa humanidad de los mexicanos para convencerlos de la conveniencia y “el honor” de participar en la organización de los comicios del 7 de junio, y la nube de encuestadoras que ya reparten triunfos y derrotas según el valor y el destinatario de sus facturas, confiadas en que, ese día, el algoritmo validará sus pronósticos.
Existe un revelador fenómeno de desconfianza del que no hablan los medios de comunicación enchufados: En el Valle de México, donde hemos realizado un modesto trabajo de campo reporteril, se está registrando una deserción hormiga de ciudadanos seleccionados por el INE para fungir como funcionarios de casilla el 7 de junio. La opción del suplente ha sido declinada casi al mismo ritmo y número.
Lo que queda, es que el personal de las casillas será formado con los primeros de dos a cinco ciudadanos que se presenten a votar. ¿De qué hablamos? De que los partidos saben de ello y preparan a su gente para que dé madruguete en los puestos electorales.
Lo obvio es que el personal reclutado de última hora para esas funciones no pasó por los cursos de capacitación previa que ordena la ley. Tremenda añadidura: El menos en la Ciudad de México, los capacitadores nombrados por el INE han entrado en plena rebelión porque el patrón no les paga completas las irrisorias compensaciones que les prometió.
Éramos muchos y parió la abuela: Las investigaciones mejor autorizadas por su carácter científico, indican que el 7 de junio se presentará una abstención hasta y entre 70 y 80 por ciento del listado nominal que acredita a más de 87 millones de ciudadanos con derechos electorales a salvo.
De cumplirse el diagnóstico, resultará que muchos de los próximos triunfos electorales serán validados, si bien va, por dos o tres de cada diez votantes. No importa: Las grandes tesorerías públicas se abrirán generosas para la nueva comalada de bellacos.
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