DESLINDES
ARMANDO SEPÚLVEDA IBARRA
DESALIENTAN LOS FALLOS DE LA CORTE Y DEL IFE
Reviven vestigios de la “Dictadura perfecta”
Protección a delincuentes sienta precedente
COMO EN LOS ACIAGOS TIEMPOS de la dictadura perfecta, cuando el autoritarismo pisoteaba leyes e instituciones, en “la nueva era” se acaban de asestar golpes demoledores a la justicia y la democracia con dos farsas puestas en escena, una en la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación y, la otra, en el por igual desacreditado Instituto Federal Electoral, al modo del antiguo priísmo.
CON ESTOS INQUIETANTES e incluso repudiados ejemplos de cómo el poder comienza ahora a aplicar las leyes en instancias de supuesta autonomía como la SCJN y el IFE, el nuevo PRI asoma su cola de dinosaurio como preludio de que pudiéramos encontrarnos otra vez frente al temido regreso al pasado.
La decisión más polémica y devastadora de los anhelos de justicia de una sociedad atrapada entre las garras de la delincuencia formal y la asquerosa y tolerada corrupción de las autoridades judiciales, nos la regaló la Suprema Corte con la puesta en libertad de la francesa Florence Cassez, presunta integrante de una banda de secuestradores condenada a 60 años de cárcel, con un hilarante guión inspirado acaso en la sabiduría de El Chavo del ocho.
Por más que la ministra Olga Sánchez Cordero, la ponente del Caso Cassez, intentó convencer a los más incrédulos con una melodramática exposición de sus criterios jurídicos ambivalentes, nunca dejó de cantinflear e invitó a la expectante audiencia que seguía de cerca la sesión de la Primera Sala de la SCJN, a dudar más de la cabal impartición de justicia en un país donde más de 90 por ciento de los delitos permanece en la impunidad, y muchos delincuentes se cobijan en los derechos humanos, gracias a la generosidad de las autoridades, para andar libres u obtener la libertad.
Quien desee hallarle inconsistencias a la sorprendente actitud de una persona que encarna la más alta y emblemática instancia de justicia que en su tiempo presidiera nada menos que Don Benito Juárez, podría repasar la metamorfosis circular de la señora jurista Sánchez Cordero, quien en la sesión de marzo de 2012 había votado infructuosamente por dejar en libertad a Florence Cassez y, sin embargo, cuando le encomendaron tiempo después elaborara un nuevo proyecto se inclinó por que un tribunal inferior emitiera una nueva sentencia.
Según el periódico Reforma en su edición del 24 de enero pasado, la ministra “durante meses había comentado en corto que estaba buscando la mejor manera de liberar a Cassez”, en contraste con la tesis de su ponencia. Mucha gente exprime ahora su cerebro para explicarse cómo una alta representante de la justicia, con una mente equilibrada como es el caso, propone en la sesión del día 23 de enero anterior un meditado legajo para que la condenada por secuestro reciba una nueva sentencia y, una hora después de escuchar las razones de sus otros cuatro colegas ministros, tira por la borda sus sesudos desvelos de meses de estudio y se suma a la línea dictada por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex titular del Sistema de Administración Tributaria, experto en derecho fiscal y recién nombrado ministro de la Corte, con los votos de los diputados priístas, consistente en otorgar un amparo “liso y llano” para dejar a Cassez en libertad, sin juzgar la inocencia o culpabilidad de la francesa. ¡Vaya forma de hacer justicia!
Como antes, cuando convivíamos con la dictadura perfecta, la justicia centró su decisión e interés en un solo aspecto: la supuesta violación de los derechos humanos de Cassez, por haberse demorado el aviso de su detención a la embajada de Francia, y por presentarla ante el Ministerio Público un poco después del plazo reglamentario, junto con el montaje televisivo que simuló la captura de la sanguinaria banda a la que pertenecía la francesa.
Pero la Corte echó al cesto de la basura, por omisión, los derechos humanos de las personas a las la banda secuestraron e inclusive amputaron dedos como demencial táctica para presionar el pago de rescate de las víctimas.
La reacción al fallo de los cinco magistrados de la Corte (quienes cobran un ofensivo sueldo superior a los ¡seiscientos mil pesos mensuales!: sí, leyó bien: ¡seiscientos mil pesos mensuales!, mientras sesenta millones de compatriotas sobreviven en la pobreza) produjo indignación en la inmensa mayoría de los mexicanos y, de acuerdo con una encuesta del diario Reforma, algo así como 83 por ciento de encuestados afirmó que “la SCJN protege los derechos de los delincuentes” y sólo seis por ciento opinó que protegía a las víctimas. Para Ezequiel Elizalde, una de las víctimas de la banda de secuestradores, así como de un grueso sector de la sociedad, la resolución cortesana fue “una porquería”.
Nadie sabe cómo hubieran votado los magistrados Cordero Sánchez, Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldivar, que ampararon y pusieron en libertad a Cassez y anularon la congruente propuesta de sus colegas José Ramón Cosío y Jorge Pardo de ceder un amparo con efectos limitados, si entre las víctimas de la banda de secuestradores a la que pertenece la francesa hubiera figurado algún hijo o familiar de aquéllos. Nada les hubiera costado calzarse por un instante sus zapatos antes de libertar a una delincuente y dejar en indefensión a las víctimas abandonadas a su suerte y poner a la justicia otra vez en entredicho.
Qué más puede esperar el mexicano de una Corte con encantadores antecedentes como la de condecorar a fines de los años setenta a delincuentes de la talla de Arturo El Negro Durazo, con todo y su toga y ribete, así como la de avalar criminales sentencias como la consagración del anatocismo (cobrar intereses sobre intereses) que enriqueció aun más a los banqueros de la época y arruinaron a millones de mexicanos que vieron multiplicarse por cien y hasta por mil sus deudas con el famoso crack de la banca nacional en los años ochenta.
Impoluto, el money de Monex
Y la otra deprimente escena de la justicia la vivió el devaluado Instituto Federal Electoral, con la decisión de ¡un voto priísta! de exculpar al PRI del castigo por el uso de recursos cuantiosos y de dudosa procedencia, mediante Monex, en la contienda electoral por la Presidencia en 2012.
El voto de distinguidos militantes o aliados del PRI, como el ex procurador General de la República, Sergio García Ramírez, en cuya época en el gobierno de Miguel de la Madrid floreció impune el narcotráfico, así como el del presidente del IFE, el orondo Leonardo Valdez Zurita, fiel guardián de los intereses del priísmo en su feudo, burló por tres sufragios contra dos el proyecto de sancionar al partido en el poder con una multa de 75 millones de pesos.
Hubo aquí un voto indecoroso que sirve de ejemplo de cómo volvemos al pasado, cuando sin ningún candor García Ramírez desempató el 2 contra 2 después que se había abstenido de intervenir, entrampado por su vieja amistad con los Gabinos Fraga, uno Moret y otro Peña, padre e hijo, ambos involucrados en el escandaloso manoseo de sumas multimillonarias por conducto de Monex para maniobrar en las elecciones.
Al final pudo más lealtad de García Ramírez al PRI que la verdad que allí se ventilaba y, de esta manera, embarró su doble interés con su voto de escaso valor ético y moral, todo al viejo estilo de la dictadura perfecta que también por los recientes años ochentas le costó al Nobel de literatura Mario Vargas Llosa la expulsión del país cuando bautizaba así en un simposio en la ciudad de México al régimen revolucionario creado por Plutarco Elías Calles, aquel que respira aún…
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